Por: Katerin Erazo, Periodista
El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) enfrenta un nuevo capítulo en medio de un complejo panorama marcado por la violencia. A pesar del atentado con explosivos ocurrido el domingo 24 de noviembre contra la base militar de Puerto Jordán, Arauca, atribuido presuntamente al ELN, la delegación gubernamental anunció la reanudación de las negociaciones en enero de 2025.
El comunicado, emitido tras una reunión extraordinaria entre las partes celebrada en Cuba del 19 al 25 de noviembre, confirma que el próximo encuentro tendrá como objetivo evaluar los 27 acuerdos alcanzados hasta ahora, ajustar los compromisos y reactivar el cese al fuego bilateral. Este paso busca reactivar una mesa que permanecía congelada desde mayo de este año, periodo en el que las tensiones y la desconfianza han obstaculizado el avance hacia la paz.
El camino hacia este anuncio no ha sido fácil. Desde que las negociaciones se suspendieron oficialmente en septiembre, el conflicto armado ha intensificado la incertidumbre. A finales de agosto, el presidente Gustavo Petro declaró el fin del cese al fuego bilateral, tras incidentes como un paro armado en Chocó y reiterados hostigamientos contra la Fuerza Pública en regiones como Catatumbo.
El reciente atentado en Arauca, que dejó 25 heridos y tres militares fallecidos, fue otro recordatorio de los enormes retos que enfrenta el proceso. Aunque la delegación del Gobierno condenó los hechos, también subrayó la importancia de persistir en la búsqueda de una solución negociada al conflicto. “Nuestra voluntad es construir un acuerdo lo más completo y desarrollado posible, que permita la transición hacia la paz con el ELN”, señaló el equipo negociador.
El encuentro previsto para enero, en un lugar aún por definir, marcará el inicio de una nueva etapa en la negociación. Según el comunicado oficial, la agenda se centrará en evaluar el cumplimiento e incumplimiento de los acuerdos existentes, introducir correctivos para fortalecer la confianza y desarrollar mecanismos de verificación más sólidos. Además, se buscará avanzar en la participación de la sociedad civil en el proceso de paz, una de las demandas recurrentes de los territorios afectados por el conflicto.
El Gobierno también señaló que esta etapa buscará establecer un nuevo cese al fuego y dar continuidad a la agenda pactada en el Acuerdo de México. Sin embargo, advirtió que los resultados no necesariamente serán inmediatos, debido a la complejidad del conflicto y las dinámicas de la negociación.
“La necesidad de acelerar el proceso no debe llevarnos a producir resultados a toda costa ni a confundir la política de paz territorial con la fragmentación del conflicto. Se requiere un balance entre la paciente construcción de acuerdos y la urgencia de resultados en materia de paz”, afirmó la delegación gubernamental.
Por su parte, el ELN ha planteado la necesidad de implementar un nuevo modelo de negociación que incluya un mecanismo de monitoreo y cláusulas sobre el incumplimiento de acuerdos. Este enfoque busca garantizar que ambas partes asuman responsabilidades y avancen en la solución estructural de las causas del conflicto.
En un comunicado reciente, el ELN destacó principios como la transparencia, el cumplimiento de lo pactado y la resolución de los problemas más allá de sus síntomas. Además, solicitó que la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, no interfiera en la solución política del conflicto, y reiteró su disposición a negociar con el Gobierno de Gustavo Petro y futuros mandatarios.
El proceso cuenta con el respaldo de países garantes como Cuba, Noruega, Venezuela, Brasil, Chile y México, así como con la participación de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia. Este apoyo ha sido fundamental para mantener viva la negociación en medio de las dificultades.
Según el análisis de Paola Marín, investigadora de la Línea de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el reciente anuncio relacionado con la negociación con el ELN resulta inesperado debido al contexto de conflicto y crisis que ha caracterizado la mesa de diálogo. Esta situación se ha agravado especialmente por las tensiones con el Frente Comuneros del Sur y la Primera Disidencia del ELN, que continúan negociando.
Además, Marín menciona que surgen dudas en torno a las declaraciones emitidas por la delegación del ELN, particularmente las de Pablo Beltrán, quien ha señalado que es posible que un eventual acuerdo no se firme durante el gobierno de Gustavo Petro, sino en administraciones futuras. Este planteamiento genera incertidumbre, dado que los candidatos presidenciales conocidos hasta la fecha han adoptado posturas más rígidas frente a las negociaciones, lo que dificulta la concreción de acuerdos en el mediano plazo.
En este panorama, para Paola Marín resulta clave implementar estrategias que fortalezcan el proceso de paz. Una medida fundamental sería consolidar el cese al fuego como punto de partida para avanzar en las negociaciones. Un gesto significativo por parte del ELN podría ser la declaración de un cese al fuego unilateral, lo que no solo demostraría voluntad de diálogo, sino que también contribuiría a reducir la conflictividad en territorios afectados como el Chocó, escenario frecuente de paros armados promovidos por esta guerrilla.
Asimismo, desde la sociedad civil se ha insistido en la importancia de territorializar las negociaciones estableciendo una sede en Colombia. Este enfoque permitiría fortalecer el acuerdo de participación y otorgar un carácter territorial al proceso, alineándose con el objetivo central de la política de paz total impulsada por el gobierno actual.