Por: Katerin Erazo, Periodista
El Valle del Cauca enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes debido al fortalecimiento de grupos armados ilegales que han extendido su dominio en varias regiones del departamento. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas para advertir sobre la grave situación, la más reciente fechada el 28 de enero de 2025, en la que se señala una disputa territorial entre facciones disidentes de las FARC en los municipios de Florida y Pradera.
El enfrentamiento involucra al Frente Adán Izquierdo y al Frente Dagoberto Ramos, que operan en la región, contra el Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, una estructura naciente que desde 2023 busca expandirse en la cordillera central, abarcando no solo el Valle del Cauca sino también el norte del Cauca.
Esta pugna ha generado desplazamientos forzados, asesinatos de campesinos y líderes indígenas, además del reclutamiento de menores de edad. Según datos del Ejército Nacional, en el último año se ha logrado rescatar a 34 niños y adolescentes de estos grupos armados, siendo el caso más reciente el de un joven que logró escapar del Frente 57 y se entregó voluntariamente con armamento y equipos de comunicación.
La situación en Florida y Pradera no es un caso aislado. En casi todo el departamento hay presencia de estructuras ilegales que buscan el control de economías ilícitas, recurriendo a extorsión, homicidios selectivos y restricciones a la movilidad de la población.
Municipios como Cartago, Ansermanuevo y El Águila se encuentran bajo alerta de ‘Inminencia’ debido a la disputa entre el grupo criminal ‘Los Flacos’ y otras organizaciones ligadas al narcotráfico, lo que ha derivado en un incremento de atentados y asesinatos.
Por su parte, en Dagua y Buenaventura, la situación también es crítica. Allí, la Columna Móvil Jaime Martínez, una disidencia de las FARC, mantiene enfrentamientos con la Fuerza Pública, desatando una ola de violencia que afecta a la población civil. En la zona limítrofe entre Valle y Chocó, el Clan del Golfo y el ELN protagonizan una disputa territorial que ha intensificado la crisis humanitaria en la región.
El analista y exconsejero de paz, Fabio Cardozo, atribuye este panorama al incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Para él, la falta de apoyo gubernamental llevó a que muchos excombatientes volvieran a tomar las armas, pero esta vez con un enfoque más ligado a la explotación de economías ilícitas como la extorsión y el narcotráfico.
Las autoridades locales han manifestado su preocupación ante la escalada del conflicto. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reconoció que la expansión de estos grupos ha sobrepasado las previsiones de seguridad, como ocurrió recientemente en Riofrío, donde se encontraron motos-bomba cerca de una institución educativa. La mandataria ha solicitado mayor respaldo del Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad operativa del Ejército y la Policía, enfatizando la necesidad de más helicópteros y recursos para combatir la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiación de estos grupos.
Ante esta crisis, el Ejército ha anunciado la instalación de un nuevo batallón en el corredor entre Sevilla y Bugalagrande, así como la habilitación de un batallón de alta montaña en Tuluá, con el objetivo de frenar la expansión de los grupos armados y recuperar la seguridad en la región. No obstante, la incertidumbre sigue latente entre la población, que día a día enfrenta los estragos de un conflicto que parece lejos de resolverse.
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