Por: Katerin Erazo, Periodista
La Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 del 2025 de inminencia por el aumento del riesgo de vulneración de derechos humanos en los municipios de Pradera y Florida, en el sur del Valle del Cauca. La institución, liderada por la defensora Iris Marín, señala que la escalada de violencia en la región está directamente relacionada con la disputa territorial entre facciones de grupos armados ilegales.
Según el informe, las disidencias de Iván Mordisco, representadas por los frentes Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, continúan su proceso de consolidación en la zona. Al mismo tiempo, el Frente 57, conocido como Yair Bermúdez, ha emprendido una expansión hacia el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Esta situación ha generado una intensificación de las disputas armadas, lo que pone en grave riesgo a la población civil.
Entre las principales amenazas identificadas por la Defensoría están los homicidios selectivos, desplazamientos forzados y amenazas contra la comunidad. Particularmente vulnerables son las comunidades campesinas e indígenas, así como los líderes sociales y los firmantes del Acuerdo de Paz. Además, la alerta resalta el riesgo diferenciado que enfrentan mujeres, adolescentes y niños en este contexto de violencia.
Los datos recopilados por la Defensoría evidencian el deterioro de la seguridad en la región. Solo en Pradera, durante el 2024, se registraron 53 homicidios, de los cuales 27 ocurrieron en zonas rurales, donde la presencia de estos grupos es más marcada. En los primeros días de 2025, se han reportado cuatro homicidios adicionales, lo que confirma la preocupante tendencia de violencia en la zona.
Además de la violencia directa, el informe señala prácticas como el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, principalmente en comunidades campesinas, y la manipulación de ataques entre grupos armados mediante el uso de falsos brazaletes, lo que incrementa la incertidumbre y el temor entre los habitantes.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha instado a varias entidades gubernamentales a tomar medidas urgentes. Entre ellas, solicita al Ministerio del Interior coordinar una respuesta rápida y al Ministerio de Defensa fortalecer la seguridad en la región. Asimismo, hace un llamado a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos para implementar acciones humanitarias y judiciales que ayuden a mitigar la crisis.
El panorama en Pradera y Florida refleja la persistencia del conflicto armado en Colombia y la urgente necesidad de medidas integrales que protejan a la población civil. La Defensoría enfatiza que, sin una intervención efectiva, la crisis humanitaria podría agravarse, dejando a las comunidades atrapadas en un escenario de violencia que amenaza su seguridad y derechos fundamentales.