Por: Katerin Erazo, Periodista
Las estructuras criminales 'Los Mexicanos', 'Locos Yam', 'RPS', 'Los Z' y 'Revolución Cabi', que adelantan conversaciones con el Gobierno Nacional en el marco de la política de Paz Total, anunciaron la extensión de su cese al fuego hasta el 31 de marzo de este año 2025. La decisión surge tras un balance realizado por la mesa de diálogo, en el que se destacan los logros alcanzados y las dificultades persistentes desde la instalación del espacio en agosto de 2023.
Uno de los principales logros ha sido la reducción de enfrentamientos entre las cinco bandas criminales que operan en la ciudad, lo que ha traído una sensación de mayor seguridad en los barrios afectados por la violencia. Según el informe, tras un mes del cese multilateral, se constató la ausencia de combates directos entre estos grupos, lo que contribuyó a la disminución de homicidios, robos y extorsiones en varias zonas. De hecho, en el último trimestre del año pasado, la tasa de homicidios en Quibdó se redujo en un 56 %, marcando un hito en términos de seguridad en la región.
Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. A pesar de la reducción en la violencia urbana, el total de homicidios en 2024 superó el del año anterior, con un aumento del 32,6 %, debido en gran parte a la ofensiva del Clan del Golfo. Este grupo armado ha intensificado sus acciones para consolidar su control en sectores estratégicos de la ciudad, lo que ha generado un nuevo foco de inseguridad.
Según denunciaron, esta organización ilegal continúa incrementando las hostilidades y se niega a entrar en procesos de negociación. Además, acusaron a miembros de la Policía de presuntamente colaborar con el AGC, señalando la existencia de videos que evidenciarían esta relación.
Líderes sociales y expertos advierten que, si el Clan del Golfo logra tomar posiciones clave cercanas al río Atrato, podría consolidar su dominio sobre economías ilícitas y rutas de tráfico, desestabilizando aún más la región
En su pronunciamiento, los grupos armados también hicieron un llamado al Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Quibdó para que fortalezcan la inversión en la región. Argumentaron que sin recursos y programas de desarrollo es difícil sostener un proceso de paz duradero. Mencionaron como ejemplo el caso de Nariño, donde según ellos se han implementado proyectos que en Chocó aún no han sido viabilizados.
Finalmente, agradecieron el acompañamiento de organismos internacionales y de la Iglesia en el seguimiento al proceso de diálogo. En particular, resaltaron el papel de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), la Dócesis de Quibdó y la Misión de Verificación de la ONU en su labor de observación y mediación.
Por otro lado, uno de los pendientes más urgentes sigue siendo la violencia de género. A pesar de los esfuerzos en la mesa de diálogo, las mujeres continúan en situación de vulnerabilidad y demandan mayores acciones para su protección. Además, la extorsión sigue siendo una práctica vigente en algunos sectores, aunque se ha registrado una disminución en los casos reportados tras los compromisos adquiridos por las bandas en el marco del proceso.
La población civil, por su parte, sigue exigiendo una mayor presencia del Estado y la implementación de programas sociales que permitan consolidar la paz en el territorio. Líderes comunitarios advierten que, aunque se han logrado avances en la reducción de la violencia, la falta de oportunidades y la débil institucionalidad siguen siendo factores que amenazan la estabilidad lograda hasta ahora. En este contexto, la continuidad del diálogo y la presión para que el Clan del Golfo se sume a la tregua son aspectos clave para el futuro de Quibdó.
Según Nicolás León, investigador de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos, de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el proceso de paz urbana en Chocó ha enfrentado numerosos altibajos. El año pasado representó un periodo particularmente complejo en materia de seguridad, tanto para Quibdó como para el departamento en general, lo que impactó significativamente en la mesa de diálogos. Hacia finales de año, se buscó revitalizar el espacio de negociación, logrando que las bandas firmaran un compromiso para cesar la extorsión.
El inicio de este año estuvo marcado por la noticia de la extensión de la tregua, un avance crucial para garantizar la continuidad del proceso y sentar las bases de los primeros acuerdos, cuyos efectos, según el investigador, deberían empezar a percibirse en la población y en la consolidación de la pacificación. No obstante, Nicolas León destaca que el panorama sigue siendo complejo debido a la presencia de un actor de gran poder, el Clan del Golfo, que busca cooptar el territorio de Quibdó.
Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad del cese al fuego y la consolidación de los diálogos, especialmente porque dicha estructura no ha mostrado interés en sumarse a la negociación y, por el contrario, ha reforzado su presencia en los barrios de la capital chocoana.
Frente a este escenario, León destaca que cuando un grupo armado logra consolidar el control territorial, es común que busque influir en espacios institucionales, lo que podría incluir fuerzas del orden, fiscalías y otras entidades del Estado. La llegada del Clan del Golfo al corredor norte de Quibdó el año pasado refuerza esta preocupación, pues su presencia ha sido contundente y su intención es consolidar su dominio en la zona.
Ante esta realidad, considera fundamental que el Estado acerque la mesa de diálogos a las comunidades, organizaciones sociales y actores locales que han sido marginados del proceso. La participación activa de estos sectores no solo garantizaría mayor legitimidad, sino que permitiría una construcción más efectiva de paz, como se ha observado en otros territorios como el Valle de Aburrá y, en cierta medida, en Buenaventura. Además, para generar confianza y credibilidad, el investigador de Pares señala que es esencial que este año se traduzcan los compromisos en hechos concretos, pasando de una fase de pacificación a una de construcción efectiva de paz.
Finalmente, León advierte que la actual ofensiva del Clan del Golfo redefine el panorama del proceso de paz urbana en Quibdó, agregando nuevos desafíos para la implementación de los acuerdos. Sin un mayor involucramiento de la comunidad y sin estrategias que frenen la expansión de este grupo armado, garantizar la estabilidad territorial se tornará cada vez más complejo.
Mientras se mantiene el cese al fuego en Quibdó, el Gobierno Nacional ha exigido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) detener los ataques contra la población civil en Catatumbo. La delegación de paz del Ejecutivo señaló que la guerrilla debe asumir su responsabilidad en el desplazamiento de decenas de miles de personas y cesar las hostilidades en la región.
Esta declaración surgió tras los pronunciamientos de Eliécer Chamorro Acosta, alias 'Antonio García', quien atribuyó la crisis humanitaria en Catatumbo a las decisiones del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el Gobierno rechazó esta versión y reiteró su compromiso con la protección de la población civil, instando al ELN a cesar sus operaciones armadas en la región.
Catatumbo sigue siendo un territorio altamente disputado debido a su ubicación estratégica y riqueza en recursos naturales. La creciente influencia del Frente 33 de las disidencias de las FARC ha intensificado los enfrentamientos con el ELN, exacerbando la crisis humanitaria y generando nuevos desafíos para la paz en la región.