El siguiente informa hace parte de un conjunto de especiales que viene preparando la Fundación Paz & Reconciliación sobre la situación de seguridad en los territorios priorizados en el postconflicto.
Sobre la situación en el departamento de Guaviare se destacan las siguientes conclusiones:
• Las estructuras armadas al mando de Gentil Duarte e Iván Mordisco han mostrado una fuerte capacidad para consolidar su presencia en el territorio, se estima que cuenten con 550 hombres distribuidos en cuatro departamentos. A la expansión y consolidación territorial de la disidencia se suma la precaria implementación del acuerdo, hecho que ha sido utilizado para motivar a los excombatientes a sumarse a este grupo de desertores. Se cree que al menos 450 de los 550 fueron combatientes de las FARC.
• Es urgente que acciones dirigidas a los procesos de reincorporación de excombatientes se fortalezcan y reconozcan la diversidad étnica y territorial, mientras no se avance en esta materia el riesgo de que los excombatientes abandonen el proceso es muy alto.
• Preocupa como los datos asociados a violencia han reputando en lo corrido del 2017. Mientras que entre 2012 y 2016 se observó una disminución en la tasa de homicidios del departamento de 45 puntos porcentuales, en los primeros 9 meses del 2017 se han registrado un aumento de %314 sobre el mismo periodo del 2016, es decir, 7 casos en los al 30 de septiembre de 2016 y 29 casos en el mismo periodo de 2017. Esta situación devela un vacío de poder, el cual está siendo copado por la disidencia de las Farc, como se podrá observar en el texto, el mayor número de violencia homicida se ha registrado en zonas rurales del departamento, un total de 19 casos.
• Este aumento de la violencia homicida tiene dos orígenes. Por un lado el proceso de consolidación de la disidencia ha llevado al asesinato selectivo de miembros e justas de acción comunal y comerciantes. Por otro lado, producto de un proceso de anarquía criminal, es decir, las FARC ejercían un papel de regulación social en el territorio. Allí, ponían horarios a la circulación de personas, regulaban la venta y consumo de licor, de hecho multaban las personas que estuvieran involucradas en riñas. Una vez las FARC salieron se dispararon fenómenos de violencia social y delincuencia común. Por ello el aumento del homicidio es rural y es entre vecinos, no hay quien regule, es la disidencia la que está asumiendo ese papel. Por ejemplo en puerto Alvira se pasó de cero homicidios en 2016 a 4 en 2017 y todo por temas de deudas y disputas alrededor del consumo de licor.
• Durante los meses de investigación no se logró determinar ningún tipo de coordinación entre la disidencia y la dirigencia del ahora nuevo partido de las FARC. es decir, no hay un plan B de las FARC ni la disidencia es su retaguardia. Es un fenómeno que está creciendo pero no es un plan B.
• La disidencia ha citado población a reuniones. Las denuncias se han hecho a las autoridades y aun así los operativos militares son pocos y de baja profundidad. ¿qué está pasando?
• El aumento de los cultivos de uso ilícito a nivel nacional como departamental ha aumentado de manera gradual desde 2012. Sin embargo, para el caso del departamento del Guaviare se debe destacar que la participación de hectáreas con respecto al total nacional son las más bajas en los últimos 10 años, incluso el registro de hectáreas cultivadas en 2016 es uno de los más bajos en este mismo periodo, esto quiere decir que los cultivos en el departamento se han desconcentrado y que la salida de las Farc del territorio suponía una oportunidad para concertar planes de sustitución voluntaria.
• El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la Policía Antinarcóticos, han demostrado muy bajos niveles de coordinación interinstitucional, lo cual se ha generalizado con un ambiente de desconfianza entre comunidades y las autoridades. Los graves hechos presentados el 22 y 23 de octubre en el municipio del Retorno son reflejo de esta situación.
• Según los datos entregados por cada una de las estrategias para la sustitución de cultivos de uso ilícito, muestran que la erradicación manual no sólo produce menores resultados sino que además tiene efectos negativos en la construcción de confianza entre comunidad e institucionalidad. Mientras que la Policía Nacional reporta un total de 3742 hectáreas erradicadas, el acuerdo voluntario que compromete a 8744 familias con el PNIS sustituiría al menos 6311 hectáreas de coca.