Por: Katerin Erazo, Periodista
Con la reanudación de los diálogos entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, surge la incógnita acerca de cómo los firmantes del Acuerdo de Paz de las antiguas FARC perciben esta voluntad de paz por parte del grupo armado. Esto adquiere mayor relevancia al considerar los actos violentos dirigidos hacia los firmantes que abandonaron las armas. Durante este año, la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha registrado un total de 22 asesinatos, sumando 378 desde la firma del Acuerdo, lo que genera una profunda preocupación por la seguridad de aquellos que suscribieron dicho pacto.
En busca de perspectivas, la Fundación Pares escuchó la opinión de Omar de Jesús Restrepo, firmante de paz y actualmente senador del Partido Comunes. Durante la entrevista, Restrepo compartió su postura respecto a los diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y los hechos violentos que han afectado a las personas que dejaron las armas para reintegrarse a la vida civil.
Como firmante de paz, ¿cuál es su perspectiva sobre los diálogos que se han reanudado con el Estado Mayor Central?
Considero fundamental que el Gobierno dialogue con todos los actores armados, ya que es una necesidad si deseamos alcanzar la Paz Total en nuestro país. La paz no se reduce únicamente al desarme de los grupos armados, sino que implica dignificar la vida humana y garantizar derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y fundamentales, como el acceso a la salud, educación, vivienda, trabajo y tierra. Todos estos derechos son parte integral de la paz, ya que es difícil vivir en paz en un país donde existen grandes desigualdades, inequidades, discriminación y exclusión, donde unos concentran tierras mientras otros sufren pobreza y miseria.
Por lo tanto, es necesario entablar diálogos con todos los actores armados para que el Estado pueda garantizar el monopolio del uso de la fuerza, el control territorial, la justicia y la tributación, sin que exista la amenaza constante de muerte. Esto permitiría que todos podamos vivir en paz y que el Estado llegue a los territorios afectados por la violencia con inversiones y políticas públicas que aborden las causas históricas de la violencia en Colombia.
Sin embargo, exigimos que, en un ambiente de diálogo, los actores armados ofrezcan gestos que generen confianza, no solo hacia el gobierno o el establecimiento, sino hacia todos los ciudadanos. Estos gestos deben estar encaminados a no afectar los derechos humanos. Si los actores armados, bajo la premisa de buscar la paz y estar en diálogo, continúan asesinando, desplazando, amenazando, extorsionando e imponiendo su fuerza a través de las armas, generan un ambiente totalmente desfavorable y despiertan desconfianza en sus supuestos propósitos de paz. Es necesario ser coherentes en este sentido.
Es importante distinguir entre estar en un entorno de violencia cuando todas las posibilidades de diálogo están cerradas y cuando se abren los diálogos y el Estado muestra disposición para dialogar. Sin embargo, en el caso de los actores que se encuentran en el otro lado de la mesa, es fundamental que demuestren voluntad y esta se manifieste a través de acciones concretas, cesando toda forma de violencia. Eso es lo que creemos que debe ocurrir con el Estado Mayor Central y con todos los demás actores que, a pesar de estar en proceso de diálogo, continúan perpetuando asesinatos, desplazamientos y enfrentamientos por el control territorial o los recursos presentes en esas áreas.
Si tuviera la oportunidad, ¿qué consejo le daría al Gobierno respecto a la reanudación de los diálogos con el Estado Mayor Central?
Mi consejo para el Gobierno, si tuviera la oportunidad, sería que tenga una política clara en relación a la necesidad de la paz. Sin embargo, es importante distinguir entre tener una política clara a favor de la paz y deslegitimar la misma paz. El gobierno no puede permitir que los opositores a la paz confundan a la opinión pública debido a la falta de una estrategia clara y mecanismos precisos que respalden y legitimen las conversaciones en curso.
El contexto actual en Colombia es diferente al de las décadas pasadas. La sociedad colombiana de hoy no es la misma que en los años 70, ni siquiera en los 90, cuando los actores armados imponían su voluntad y enviaban mensajes a través de actos violentos para doblegar a la sociedad y lograr que esta se alzara exigiendo el cese de la violencia. La sociedad actual anhela la Paz Total, pero exige a los grupos violentos que cesen toda forma de violencia.
Es responsabilidad del Gobierno Nacional exigir a todos los actores armados con los que está dialogando y negociando que detengan la violencia, que protejan a la población civil y respeten los derechos humanos. Esto implica no cometer asesinatos, secuestros, reclutamiento de niños, desplazamientos forzados y no imponer normas contrarias a los derechos de los ciudadanos mediante el uso de las armas. Los grupos armados deben contribuir a la paz a través de acciones que generen confianza y respaldo por parte de la mayoría de los colombianos. Es fundamental que el Gobierno pueda legitimar y respaldar estos acuerdos, pero esto sólo será posible si se garantiza la tranquilidad y dignidad de los ciudadanos en los territorios afectados.
La sociedad no entenderá que los actores armados cesen la violencia únicamente contra la fuerza pública, mientras continúan utilizando armas, terror y muerte contra los campesinos, la población civil, los defensores de los derechos humanos, el medio ambiente, los líderes comunitarios y los firmantes de paz. Esto no tiene justificación alguna y no legitima un diálogo verdadero. Por el contrario, fortalece a los enemigos de la paz y les proporciona oxígeno y combustible para perpetuar la violencia.
¿Cuál es su opinión acerca de los actos de violencia que se han registrado contra los firmantes del Acuerdo de Paz?
Considero que los actos de violencia perpetrados contra los firmantes del acuerdo de paz son sumamente lamentables. Resultan especialmente desafortunados en un momento histórico en el que nuestro Gobierno muestra gran voluntad de cerrar de manera definitiva el conflicto armado en Colombia. Esta administración ha demostrado una generosidad y disposición sin precedentes, lo cual, en ocasiones, podría interpretarse como una debilidad ante los actores violentos o armados que aún operan en nuestro país.
Es realmente desafortunado porque si estos actores armados no aprovechan esta coyuntura histórica en la que contamos con un gobierno decidido a promover el desarrollo social en las regiones históricamente afectadas por la guerra y el conflicto, perderíamos una oportunidad invaluable como sociedad, como colombianos y como nación. El conflicto se prolongaría durante muchos años más, ya que existen sectores que se alimentan de la confrontación y estimulan la violencia en aras de sus propios intereses. Estos grupos encuentran beneficios y privilegios, concentrar riquezas y aferrarse al poder a través del miedo y la justificación de actos violentos, supuestamente en nombre de la lucha contra la violencia.
Resulta incomprensible que algunos actores armados no hayan entendido la realidad actual y el fervor de los colombianos por alcanzar la paz. Tampoco han captado la voluntad política del gobierno, que está comprometido con este sueño de paz y desarrollo. En cambio, continúan generando hechos violentos que, en última instancia, solo benefician a aquellos que promueven la guerra y se enriquecen a través de ella en nuestro país.
Es importante destacar que cualquier acto violento en este momento no contribuye ni respalda las propuestas, ideas y esfuerzos que el gobierno ha estado realizando para alcanzar la anhelada Paz Total.
¿Considera que estos asesinatos y hostigamientos representan una amenaza para la estabilidad y el éxito del Acuerdo de Paz?
Sin duda, estos asesinatos y hostigamientos representan una amenaza para la estabilidad y el éxito del acuerdo de paz. De hecho, estos actos benefician y crean un entorno propicio para aquellos que aún sueñan con resolver los conflictos a través del uso de armas y la fuerza. La guerra les conviene, ya que les permite mantener privilegios, poder político en ciertas regiones y controlar territorios mediante grupos que cumplen sus propósitos e intereses.
Además, la guerra les proporciona la oportunidad de mantener la corrupción y sembrar el miedo, utilizando la violencia como un medio para resolver problemas. Detrás de esta venta de seguridad, se esconden los esfuerzos represivos impulsados por la ultraderecha en Colombia. Es importante entender que existen actores armados que no se oponen al status quo, sino que lo defienden. Estos actores armados son funcionales a los grandes grupos económicos, a quienes concentran tierras y a las diversas mafias presentes en las instituciones del Estado y en la política.
Estos hechos benefician a dichos sectores y perjudican a aquellos de nosotros que estamos interesados en buscar una solución política al conflicto en Colombia. Nos interesa cerrar definitivamente el conflicto y permitir que el Estado implemente políticas públicas en todas las regiones del país, revitalizando la economía y garantizando la vida en cada territorio, incluso en las diferentes ciudades colombianas, donde también enfrentamos serios problemas en algunos barrios populares.
¿Qué medidas considera necesarias para prevenir y responder a los asesinatos de los firmantes del Acuerdo de Paz?
Las medidas necesarias se encuentran en la implementación integral del Acuerdo de Paz. Si los gobiernos anteriores, tanto el gobierno de Santos en sus últimos dos años como el gobierno de Duque durante sus seis años, hubieran continuado y fortalecido las bases establecidas en cada una de estas comunidades a través de la implementación de los Acuerdos de Paz, como el acceso a la tierra, el fortalecimiento de los factores productivos, la solución de los problemas de infraestructura vial y de comunicación, así como la mejora de la salud, educación y capacitación técnica, y el apoyo a proyectos productivos con financiamiento a bajo o nulo interés, y la promoción de la comercialización de productos locales, estaríamos en una situación diferente.
Si se hubiera avanzado significativamente en la profundización de las medidas que buscan desescalar el conflicto y reducir la violencia en el país, estaríamos en mejores condiciones. La mayoría de los territorios se encuentran afectados porque el Gobierno no ha llegado con políticas públicas que impacten positivamente en esas regiones y brinden a los jóvenes oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida sin tener la necesidad de involucrarse en estructuras armadas.
Por lo tanto, si queremos reducir la violencia y restarle oxígeno a la guerra, es fundamental generar oportunidades reales y concretas para los jóvenes que actualmente se encuentran en condiciones de desesperanza, estigmatizados y amenazados, con la posibilidad de perder la vida en cualquier momento. Estos jóvenes se ven obligados a unirse a estructuras armadas, ya sea para proteger su propia vida o como un proyecto de vida.
Las medidas necesarias incluyen la implementación integral de los Acuerdos de Paz, avanzar en la sustitución de cultivos ilícitos, desmantelar las mafias presentes en diversas instituciones del país, incluyendo la fuerza pública, y generar transformaciones reales en los territorios, ofreciendo a la gente posibilidades de vida mediante la transición hacia economías lícitas. Los campesinos que cultivan coca necesitan acceso a tierras, vías, mercados, proyectos productivos, financiamiento, capacitación técnica, salud, agua potable y vivienda. Si se brinda este apoyo desde el Estado, los jóvenes también se beneficiarían y no se involucrarían con actores armados que generan violencia y muerte a diario en el país.
Consideramos que una de las causas de los asesinatos actuales es el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, los cuales están diseñados para abordar las causas de la violencia en Colombia y desmontar los factores sociales que han generado el conflicto y la violencia. Por lo tanto, existen medidas y políticas, pero aún no se han implementado. Es fundamental llevar a cabo la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los puntos 1 y 4, que se refieren al acceso a la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos, garantizando mercadeo y protección a través de políticas públicas que beneficien a los productores. De esta manera, podemos disminuir la violencia al restarle reclutas a la guerra y fomentar su participación en actividades productivas, como la producción de alimentos, servicios y manufactura.
¿Qué esperan ustedes como firmantes del Acuerdo de Paz con gobierno de Gustavo Petro?
Bueno, nosotros le decimos a este gobierno que si quiere en realidad avanzar hacia la Paz Total de este país, esa pasa necesariamente por la implementación de los Acuerdos de Paz. Estos acuerdos constan de seis puntos, y cada uno de ellos es crucial para alcanzar la paz que anhelamos.
El primer punto se refiere al acceso y la democratización de la tierra. Es fundamental hacer que el campo sea habitable y productivo, lo cual implica garantizar el acceso a la tierra para los campesinos que la poseen o la tienen de manera insuficiente y desean utilizarla para la producción de alimentos.
El segundo punto se centra en la sustitución de cultivos. La sustitución de cultivos no debe ser vista como un programa asistencialista, sino como una oportunidad para que las comunidades que actualmente cultivan coca o marihuana puedan cultivar alimentos. Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario brindar a los campesinos infraestructuras como carreteras, electrificación, educación, salud, financiamiento, capacitación técnica, proyectos productivos y oportunidades de comercialización. Además, es crucial enfrentar al narcotráfico y desmantelar las mafias que operan dentro de las instituciones para evitar la comercialización de estas drogas.
Es importante reconocer que el flujo de cocaína hacia diferentes partes del mundo es posible debido a aquellos que permiten que pase a través de puertos, carreteras, ríos y océanos. Además, existen personas que facilitan el movimiento de estos recursos a través del sistema financiero y garantizan su inversión en la economía, en tierras y en el sector inmobiliario. Existe un entramado económico, político, social y cultural en Colombia que permite esto. Por lo tanto, es necesario combatir estas mafias, regularizar estas actividades y asegurar que el Estado tenga el control y el monopolio sobre ellas. Aunque esto también requiere acuerdos internacionales, consideramos necesario convocar una conferencia internacional al respecto.
Mientras se trabajan estos aspectos, el Estado debe golpear a las verdaderas mafias y brindar a los campesinos oportunidades de sustitución a través de inversiones sociales. Es fundamental que el gobierno implemente los acuerdos en su totalidad, pero esto no puede hacerse desconociendo y excluyendo a los firmantes del Acuerdo de Paz, que somos nosotros. Hemos sido excluidos de la mayoría de las instituciones encargadas del seguimiento e implementación de los acuerdos, y consideramos que es necesario que aquellos que participamos en el diseño y la construcción de los acuerdos tengamos presencia y participación en las instituciones y agencias encargadas de la implementación. Esto es aparte del punto 6 de los Acuerdos de Paz.