Por: Anderson Salinas
Foto tomada de: France24
Siete días después de finalizado el IV ciclo de diálogos, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de suspender el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC) que incluía no generar afectaciones contra la población civil. Una situación que se presentó producto del asesinato de tres líderes indígenas en Toribio, Cauca.
Esta determinación, direccionada por el Gobierno Nacional para los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca (donde hace presencia dicha estructura ilegal) se toma luego de escuchar la petición de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyo y San Francisco; quienes, además, pidieron a la Corte Penal Internacional investigar estos crímenes. Este hecho mantiene en riesgo el desarrollo del Quinto Ciclo de la mesa de diálogos de paz a desarrollarse en Ocaña.
Un encuentro que las organizaciones, comunidades campesinas, indígenas, víctimas, mujeres, jóvenes y comunidad LGTBIQ+, esperan con la expectativa de poner fin a las confrontaciones armadas que se presentan no solo en la región sino en todo el país, y que la búsqueda de la paz sea el camino para la transformación del territorio.
Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos, y, presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander, indica que frente a la situación que se presenta en la mesa de diálogos uno de los principales desafíos es la generación de confianza por parte del EMC con la población civil. Los diálogos deben tener la participación de la sociedad civil, para que no suceda lo que paso con el Acuerdo de paz de 2016, que se firmaron, pero no ha sido posible su implementación de una manera integral.
“A pesar de los avances en los ciclos, la población civil no conoce el estado de los acuerdos que se han alcanzado y con ese panorama es difícil que sean rodeados por las comunidades… una confianza que debe llegar de la mano del gobierno nacional, con inversión social, hay regiones con deudas sociales, económicas y políticas históricas que deben aterrizadas en los territorios afectados por el conflicto” agrega Pertuz.
Una situación que se vive a nivel nacional pero que la región del Catatumbo, como una de las zonas priorizadas de los diálogos, no es ajena (a pesar que se viva una cierta calma en la región). En lo corrido de 2024 se presentaron una serie de hechos que no son indiferentes a la búsqueda de la paz total que se desarrolla desde el Gobierno Nacional. Entre los hechos a destacar debemos mencionar la situación que se presentó con la retención (por hombres armados) de la directora regional de la Unidad para las Victimas Judith Maldonado el 20 de febrero. Días después, la ex directora de la Agencia de Renovación del Territorio también fue retenida y despojada de su camioneta y del armamento de su esquema de protección.
Así mismo, a comienzos de año las extorsiones y amenazas de grupos armados en Sardinata imposibilitaron reinicio de labores del sector minero. Gremios del sector en su momento elevaron un llamado urgente a buscar soluciones, debido al riesgo de miles de familias que viven de esta actividad.
De igual forma, la situación de orden público en la región del Catatumbo no mejora en lo corrido del año, a mediados del mes de marzo la vía que conduce a Ocaña con el Catatumbo Medio fue bloqueada por la presencia de un carro bomba. Por otro lado, en zona rural del municipio de la Playa de Belén, dos personas fueron víctimas de un campo minado que dejo una persona fallecida.
Frente a esta situación, y en el camino de la búsqueda de la paz total, defensores de derechos humanos piden que el Catatumbo sea una región priorizada como una zona de crisis, y así, esperan que sea escuchada de una manera diferencial y excepcional para que el Gobierno Nacional llegue con inversión social en salud, educación, vías, sustitución de cultivos de uso ilícito y superar las barreras que afectan a la región.