Por: Odevida Capítulo Venezuela
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), capítulo Venezuela, a través del presente informe, se plantea dar continuidad al estudio de la situación de las personas defensoras de derechos humanos laborales en Venezuela. Siguen presentes las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, fundamentalmente la violación al derecho a la libertad personal en los casos encontrados. El contexto de represión se mantiene, pero el movimiento sindical resiste desde la protesta pacífica.
Aunque se ratifica en el presente periodo de estudio (2022) la falta de información de las fuentes oficiales, a través de a revisión y anlálisis investigaciones publicadas en informes de organizaciones como el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea) o el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), además de revisión hemerográfica y entrevistas a líderes sindicales y activistas; mantenemos la información publicada anteriormente por Odevida de que entre 2015 y 2020 se han registrado asesinatos de dirigentes sindicales, no encontrándose nuevos casos desde 2021. Además, se pudo conocer de 23 casos de detenciones arbitrarias relacionadas con dirigentes laborales. En este informe les contamos algunos de estos casos más destacados y clave para entender el panorama de este fenómeno en Venezuela.
Durante el año 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 7.032 protestas, equivalente a 20 diarias en todo el territorio nacional. De las 7.032 protestas documentadas durante 2022, al menos 45% (3.185) fue en reclamo de derechos laborales, equivalente a un promedio de 9 protestas diarias. El incremento en la protesta social de los trabajadores venezolanos es producto de la decisión política de no atender las demandas del sector e incluso las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Frente a esto, ofrecemos al final de este informe recomendaciones al Ejecutivo Nacional, a la Asamblea Nacional, a la Fiscalía General, a la Defensoría del Pueblo y a la Comunidad internacional de derechos humanos. Le invitamos a leer el informe completo con toda la información y análisis, aquí:
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