Por: María Juliana Jiménez, Investigadora Nacional
Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
Después del largo periodo de cierres y regulaciones del espacio público debido a la pandemia de Covid-19, retomar definitivamente el uso de este ha sido un importante reto para los bogotanos y la administración de la ciudad: la gestión de la alcaldía frente a los problemas de movilidad, infraestructura, informalidad laboral, orden público y contaminación son asuntos que tienden a estar bajo escrutinio constante. No obstante, el auge de inseguridad se ha consolidado como el principal reto a atender, y los medios de comunicación no dejan de referenciar casos de hurto en las calles y en el transporte público, estafas, atracos, extorsiones, entre otros hechos que impactan directamente en la percepción de seguridad de la población.
Ahora bien, este no es solo un tema de percepción, y así lo ha reconocido la administración local desde octubre del 2021: el comportamiento de los delitos de alto impacto (cuya medición depende del número de denuncias que tienden a ser muy bajas) presenta un escenario preocupante para el periodo 2021-2022 según SIEDCO, pues hubo un aumento significativo de lesiones personales (141%), amenazas (92,7%) y hurtos (30%), mientras que los homicidios y la extorsión tuvieron tendencias decrecientes. Coherente con estas cifras, se tiene que tan solo el 25,9% de los bogotanos se siente seguro en la ciudad y, adicionalmente, el 43% de las personas que fueron víctimas de algún delito no recurren a ninguna entidad para solucionar sus necesidades de justicia. Lo anterior según la encuesta más reciente de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos.
Entre grupos delincuenciales y grupos armados organizados
Paralelamente, las nuevas prioridades de seguridad del Gobierno Nacional —orientadas a consolidar procesos de sometimiento con grupos delincuenciales y procesos de negociación con las guerrillas— han dado un vuelco al comportamiento de estos grupos en diversas regiones del país. Al respecto, si bien se han priorizado los procesos de construcción de Paz Urbana en territorios con problemáticas más erosionadas que Bogotá (como Buenaventura, Quibdó, Cali, Medellín y Cúcuta), la realidad de la capital no es alentadora. Por un lado, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) mantiene un mapeo a más de diez grupos delincuenciales consolidados en Bogotá que oscilan desde pequeñas estructuras de alcance local, hasta organizaciones complejas que afectan a toda el área metropolitana o que incluso tienen incidencia transnacional (como el Tren de Aragua). Estos grupos gozan en algunas zonas de la ciudad de control territorial y rentas ilegales de estupefacientes y armas. Por otro lado, en las zonas rurales de la ciudad (especialmente en Sumapaz), la alcaldesa Claudia López ha reconocido la presencia de disidencias de las FARC, y en abril del presente año se prendieron las alertas por la supuesta refundación del frente 53 de las FARC en este territorio; coherente con la alerta temprana 010 de 2021 hecha por la Defensoría del Pueblo sobre posible reclutamiento de menores de edad en la capital, la cual fue referenciada constantemente por la institución durante el 2022.
Cartel de las disidencias de las FARC en Bogotá. Fuente: Twitter @luciabastidasu
Políticas distritales vs. Políticas nacionales
Sobre la responsabilidad de las administraciones distrital y nacional para hacer frente a la situación de la capital, hay varios factores para tener en cuenta:
- El desfase temporal entre las elecciones regionales y las elecciones de Presidencia y Congreso implica que todas las administraciones locales convivan con dos planes nacionales de desarrollo. Por tanto, la administración de turno atravesó no solamente los bruscos cambios administrativos por la pandemia de Covid-19, sino también el gran cambio en el espectro político del Gobierno Nacional, pasando de la derecha tradicional a la materialización de una izquierda sin precedentes para el país.
- Tanto Claudia López como Gustavo Petro han mantenido relaciones ambivalentes con la fuerza pública. Sobre la alcaldesa, 070 hace un pertinente mapeo que da cuenta de una relación conflictiva al inicio de su administración (que giraba en torno a la gestión de las protestas y la obediencia de la policía hacia la mandataria) que migró a un esfuerzo por lograr relaciones más amenas al hacer parte de cursos de capacitación de la policía y nombrar secretario a un general en retiro de la misma institución. Por su parte, el primer mandatario llegó al poder con las promesas de acabar con el ESMAD y el servicio militar obligatorio, además de un discurso que movilizaba una postura en contra del accionar de las fuerzas militares en el marco del conflicto armado y la necesidad de transformar de fondo a la Policía Nacional. Sin embargo, en el desarrollo de su política de Paz Total, la relación con la fuerza pública es esencial para materializar los procesos de sometimiento a la justicia de los grupos delincuenciales organizados, lograr presencia estatal en los territorios apartados y la persecución de todos los grupos que no harán parte de la Paz Total. Así, su mayor interés tiene que ver con mostrar un pie de fuerza consolidado y estable que funcione de respaldo a su gran agenda de paz.
- Es ideal que los planes de acción que establezcan las administraciones locales sean complementarios a los objetivos que establezcan los gobiernos nacionales. Sin embargo, la nueva política de Seguridad, Defensa, Convivencia y Justicia —junto con el Plan Nacional de Desarrollo— mantiene un enfoque territorial que prioriza las zonas rurales que han sido históricamente desatendidas por el Estado, por lo cual no se ha ponderado la Paz Urbana en la capital. Ante este escenario, es claro que a la administración local le ha costado ajustarse al hilo conductor nacional, mientras que se mantiene como uno de los epicentros de fenómenos como la migración venezolana, el aumento de la densidad demográfica, la urbanización informal y la movilización social.
Estos factores llevan a que la materialización de las estrategias de seguridad en la capital sean accidentadas: mientras que el ejecutivo tacha de inaceptables algunos de los casos que se viralizan, la alcaldesa critica al Gobierno Nacional sobre la distribución de la fuerza pública en la capital (al haber redistribuido a 1.300 uniformados de Bogotá en otros territorios priorizados a nivel nacional) e, inclusive, propone la creación de una policía propia de la capital bogotana para hacer frente a la situación. Sin embargo, concejales de Bogotá mantienen una fuerte veeduría a la alcaldía y señalan que la situación de inseguridad de la ciudad representa incluso un “retroceso de décadas”, y resaltan que la inseguridad es un asunto que ha colmado la agenda distrital desde el fin del periodo de pandemia. Entretanto, la realidad para los bogotanos es que la administración de turno solo cuenta con seis meses más de gobierno, y son muy pocas las soluciones de contención ante una problemática que ya se percibe como desbordada.
Discurso de seguridad como oportunidad política
Ante este escenario, la crisis de inseguridad, más allá de ser una prioridad evidente para la administración y un martirio para la ciudadanía, es una oportunidad política para los candidatos a las elecciones que se aproximan en octubre; las propuestas en materia de seguridad serán determinantes para movilizar votos. Sin embargo, las candidaturas mejor consolidadas hasta el momento (Rodrigo Lara, Carlos Carrillo, Juan Daniel Oviedo y María Fernanda Rojas) no han dado pistas de soluciones de fondo, sino que se han concentrado en la enunciación de los retos de la ciudad —especialmente en materia de movilidad—, la recolección de firmas para avalar sus candidaturas o las disputas internas de sus mismos partidos. De forma paralela, los medios nacionales se han enfocado en seguir la pista al Gobierno Nacional entre sus procesos de construcción de paz, las reformas estructurales que ha presentado al Congreso y la agenda diplomática del ejecutivo. Por tanto, los bogotanos —que están muy acostumbrados a las largas esperas— tendrán que esperar una vez más para vislumbrar posibles caminos a seguir para lograr una ciudad más segura y garante de derechos para los ciudadanos.