Por: Katerin Erazo, periodista
Foto tomada de: El Tiempo
La oscura sombra del crimen organizado se cierne nuevamente sobre Colombia, y esta vez encuentra su nido en el municipio de Jamundí, donde las disidencias de las FARC están escribiendo un nuevo capítulo de terror y violencia, según reveló el medio de comunicación SEMANA en una investigación.
Detrás de una fachada de poder y cogobierno en el Valle del Cauca, estas organizaciones criminales han establecido su imperio, con dos modernas estaciones de gasolina ubicadas estratégicamente en La Liberia y La Cabaña. Pero no se trata solo de un negocio lucrativo: la gasolina se convierte en el combustible que alimenta la maquinaria destructora de una carretera ilegal que pretende conectar con el Naya y el Pacífico, dejando a su paso un rastro de deforestación y desolación en la reserva natural de los Farallones de Cali.
El control de la zona no se limita a la economía ilegal. Los habitantes de Jamundí viven bajo el yugo de la "ley" impuesta por estos grupos armados, donde la guerrilla es la única autoridad reconocida. Retenes ilegales, secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, emisión de tarjetas de identificación y exigencia de permisos de circulación son solo algunas de las prácticas aberrantes que someten a la población a un clima de terror constante.
Hay algunos videos que circulan en redes sociales donde se puede observar a los guerrilleros patrullando las calles armadas sembrando el miedo entre la comunidad. Ciclistas detenidos en retenes improvisados son obligados a mostrar documentación bajo amenaza, mientras que las señales de advertencia colocadas en la carretera indican claramente quién tiene el control absoluto: "territorio de Mordisco".
Pero el horror no termina ahí. Para transitar libremente por estas tierras controladas por las disidencias de las FARC, los habitantes deben portar un carnet de movilidad expedido por la columna criminal Jaime Martínez. Aquellos que se aventuran sin él enfrentan consecuencias desgarradoras: desde fuertes multas en efectivo hasta ser sometidos a trabajos forzados en la misma carretera que están construyendo los criminales para acelerar el paso de la droga hacia el Pacífico.
Ante esta escalofriante situación, la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha hecho un urgente llamado al Gobierno Nacional para acabar con la inseguridad que asola a los habitantes del sur del departamento. Exige claridad sobre el actuar de las autoridades frente a los grupos armados incluidos en el Proceso de Paz, quienes están sembrando el terror en Jamundí y otras comunidades vulnerables.
La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2024 el pasado 1 de marzo, resaltando los riesgos que enfrenta la población de Jamundí debido a la presencia del frente Jaime Martínez de las disidencias. Este grupo, principalmente activo en la zona rural del municipio, representa una amenaza para diversas comunidades, incluyendo los resguardos indígenas de Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa, así como para familias campesinas y habitantes de varios corregimientos.
Cabe destacar que en un comunicado emitido el pasado 1 de marzo, la Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana de Inminencia 005 de 2024, destacando la preocupación por la seguridad de la población de Jamundí debido a la presencia del frente Jaime Martínez de las disidencias. Principalmente, se señala el riesgo que esto implica para los habitantes de los resguardos indígenas de Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa, así como para las familias campesinas de diversos sectores del municipio y los habitantes de los corregimientos Timba y Potrerito.
Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, resaltó la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado para proteger a los ciudadanos frente a las amenazas planteadas por este grupo armado. Entre las violaciones documentadas por la Defensoría se encuentran retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, extorsión y presunto reclutamiento forzado, entre otros.
Además, se alerta sobre la instalación de retenes ilegales en vías terciarias, donde se exige a los transeúntes el carné de las juntas de acción comunal como requisito de paso. Camargo destacó que aquellos que no puedan demostrar su residencia en la zona pueden ser sometidos a retenciones prolongadas, multas e incluso trabajos forzados.
La Defensoría también ha registrado casos de homicidios y atentados con explosivos, con efectos que podrían violar el derecho internacional humanitario debido a su impacto indiscriminado en la población civil.
En respuesta a esta situación, se ha solicitado a las autoridades reforzar la seguridad en Jamundí y llevar a cabo acciones de carácter social para prevenir el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados. Se hace énfasis en la necesidad de una coordinación efectiva entre las distintas entidades para abordar estas problemáticas de manera rápida y eficiente.
La Defensoría del Pueblo insta a la comunidad a mantenerse alerta y a colaborar con las autoridades para garantizar la seguridad y protección de todos los habitantes de Jamundí en medio de esta situación de riesgo.
Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflictos y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), diversas organizaciones indígenas, sociales e incluso la Defensoría del Pueblo han lanzado alertas frente a la accionar. Esta acción incluye dinámicas de control social en el territorio, como el incremento de retenes en vías terciarias y la solicitud de que las personas carguen el carnet de las Juntas de Acción Comunal para acreditar su pertenencia o vecindad en las regiones.
Además, se observa una dinámica de instrumentalización de la población civil, solicitándoles que informen sobre movimientos de la fuerza pública o presencia de personas extrañas en el territorio. Estas medidas afectan las dinámicas de la población local, que se ve involucrada en conflictos ajenos.
Marín explica que Jamundí es un lugar estratégico, ya que funciona como un corredor de movilidad que conecta los municipios de Suárez y Buenos Aires con Buenaventura, es decir, el Cauca con el Valle del Cauca. Esto facilita el movimiento de miembros y materiales de grupos armados, principalmente del Estado Mayor, que tiene una mayor presencia en este territorio.
Las dinámicas de control social también incluyen la utilización de panfletos y pancartas con imágenes alusivas al Frente Jaime Martínez, como parte de una campaña de socialización para demostrar su presencia y capacidad territorial.
En el marco de las negociaciones y el cuarto ciclo que adelanta el Estado Mayor con el Gobierno Nacional, la investigadora de la Línea de Pares explicó que es importante centrar la atención en territorios donde este grupo tiene mayor presencia, evitando disputas con otros grupos armados y promoviendo la interacción con la población civil en estas dinámicas de control social.
Territorios como Jamundí, Suárez, Buenos Aires, López de Micaí en el Cauca, Putumayo y el río del Naya son puntos que requieren seguimiento y monitoreo por parte del Gobierno Nacional. Esto debe trascender el control militar por parte del ejército, considerando que pone en riesgo a la población. Además, su ubicación estratégica proporciona acceso al mar y sirve como entrada a la región del Naya y al Parque Natural de los Farallones.