Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada del: El Tiempo
En el Congreso de la República, se avecina un intenso debate en torno a un proyecto de ley que ha desatadopolémica y generado opiniones encontradas entre legisladores y ciudadanos por igual. La propuesta en cuestión busca revivir el fenómeno del ‘transfuguismo’ político, permitiendo a los miembros de corporaciones públicas electas por voto popular cambiar de partido político sin necesidad de renunciar a su cargo, una práctica actualmente prohibida por la Constitución Política de Colombia.
El proyecto de ley estatutaria, que consta de un único artículo, tiene como objetivo principal modificar el artículo 107 de la Carta Magna, el cual prohíbe expresamente esta práctica política. La iniciativa, liderada por los congresistas María José Pizarro y David Racero, ha logrado reunir cerca de un centenar de firmas y cuenta con el respaldo en bloque de al menos cuatro partidos políticos: Pacto Histórico, Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Liberal.
Una de las principales defensoras de esta medida es la representante Marelen Castillo, quien ha enfrentado dificultades dentro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, liderada por el ingeniero Rodolfo Hernández. El proyecto, aunque aún no ha sido radicado formalmente, contempla un período de dos meses para que los miembros de cuerpos colegiados de elección popular puedan cambiar de afiliación partidista sin renunciar a su curul ni incurrir en doble militancia.
La propuesta ha generado un amplio espectro de opiniones y controversia, especialmente entre algunos legisladores de partidos tradicionales como el Partido Liberal, quienes han expresado sentirse "encarcelados" al no poder alinearse con las posturas políticas de sus líderes, en particular las del influyente César Gaviria.
El proyecto, aunque aún en fase de recolección de apoyos, ya ha comenzado a circular por las oficinas del Congreso en búsqueda del respaldo necesario para ser sometido a ocho debates, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Se espera que el Pacto Histórico y otros partidos lideren este esfuerzo legislativo para aprobar por una única vez el transfuguismo, permitiendo a los congresistas cambiar de partido sin incurrir en doble militancia y evitando así su inhabilitación para aspirar en futuras elecciones.
El representante David Racero, del Pacto Histórico, lidera este proyecto y ha estado activamente recabando firmas en su favor. Además, cuenta con el respaldo de otros congresistas que buscan cambiar de colectividad debido a divergencias ideológicas dentro de sus partidos de origen.
El transfuguismo ha sido un tema recurrente desde el inicio del actual Gobierno. En la reforma política presentada por el Ejecutivo, liderada en su momento por Roy Barreras, se incluyó este tema como parte de un extenso articulado. Para varios congresistas, la posibilidad de cambiar de partido por una única vez sin incurrir en doble militancia es crucial, ya que les permitiría alinearse con nuevas corrientes políticas sin perder la posibilidad de ser reelegidos en futuros comicios.
Un caso emblemático es el del propio Barreras, quien, a pesar de ser expulsado de su partido en 2020, el Partido de la U, no pudo aspirar por el Pacto Histórico debido a las restricciones constitucionales sobre la doble militancia. Este proyecto de ley representaría una oportunidad para el Pacto Histórico de consolidarse como un solo partido, permitiendo a legisladores como la senadora María José Pizarro, quien llegó al Congreso por el MAIS pero no puede unirse al Pacto como partido único debido a las restricciones de su colectividad de origen, participar plenamente en la nueva coalición política.
Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), explicó que la Reforma política, la cual fue archivada el año pasado debido a las controversias que generó, constaba de varios artículos. En contraste, la actual propuesta legislativa es un único artículo que permitiría el transfugismo. Pérez señaló la importancia de observar cuándo se presente y cómo reaccionará la sociedad ante esta medida.
Para el investigador, si el documento presentado se limita únicamente al tema del transfugismo, constituiría un asunto sumamente grave. Esto se debe a que al unirse a un partido político, se aceptan implícitamente ciertas normas y principios internos. Por lo tanto, que un político, particularmente uno asociado al Pacto Histórico, sugiera esta posibilidad mientras está bajo arresto, es desconocer todo el sistema político colombiano. Esta situación subraya la urgente necesidad de fortalecer las normativas internas de los partidos y de exigir responsabilidad a los políticos respecto a sus decisiones.
Pérez enfatizó que la cuestión está siendo tratada con una superficialidad preocupante. La propuesta no ofrece una solución efectiva a los problemas del sistema político colombiano; en cambio, los agrava. Los partidos políticos, ya debilitados, enfrentan una mayor erosión institucional. Con 37 partidos en la actualidad, y con la posibilidad de que aumenten bajo el actual Consejo Nacional Electoral, el transfugismo no hace más que agravar la situación.
En democracia, se espera que los partidos políticos sirvan como instituciones para canalizar las preocupaciones, intenciones y propuestas de la ciudadanía a través de sus representantes políticos. Sin embargo, esta medida solo contribuye a socavar aún más estas instituciones y debilitar el sistema político colombiano.
El debate en torno al proyecto de ley para revivir el transfuguismo político en Colombia promete ser intenso y lleno de argumentos a favor y en contra. Mientras algunos ven en esta medida una oportunidad para la renovación política y la libertad de expresión dentro de los partidos, otros la consideran una amenaza para la estabilidad institucional y la fidelidad partidista.