Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.
La reciente captura de alias "Nacho", hermano menor del líder principal de la banda delictiva "La Inmaculada" o "La Oficina" en Tuluá, Valle, produjo más hechos violentos en el municipio, propios de su accionar en los últimos años, y que recuerdan el estilo de Culiacán durante la captura del hijo del Chapo en México. Frente a esto, es importante reconocer que, a diferencia de lo ocurrido en México, las autoridades nacionales no cedieron ante las presiones criminales. Sin embargo, surge el interrogante: ¿Qué pasa con el Estado que ha permitido que se llegué a este nivel en Tuluá?
Tras la detención de Mauricio Marín, alias “Nacho”, uno de los principales líderes de la banda "La Inmaculada", el pasado 10 de febrero, se desataron unos hechos violentos que, según lo registrado por Pares, resultó en "Siete taxis y dos vehículos particulares incendiados, dos ataques dirigidos a agentes de tránsito y un supermercado consumido por las llamas". Estos incidentes fueron advertidos por la dicha banda, quienes declararon que no van a parar hasta conseguir la liberación de sus líderes.
Presiones que me llevaron a recordar los hechos violentos que sacudieron Culiacán, Sinaloa, en 2019, cuando la detención de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante "El Chapo", encarcelado en Estados Unidos, provocó una serie de actos violentos para presionar a las autoridades. Logrando que el presidente de México, Manuel López Obrador, anunciara la liberación de Ovidio con el fin de proteger la vida de los civiles. Lo cual fue un peligroso precedente que atenta contra la autoridad del Estado y que se consolidó como un referente criminal en la región.
Pero vale la pena resaltar que, la crisis de seguridad que enfrenta este municipio no es nueva. En los últimos años la crisis institucional ha sido de tal gravedad que se han podido registrar noticias como el asesinato del parapentista que aterrizó con propaganda política, atentados y asesinatos a varios agentes y funcionarias de la secretaría de tránsito, las constantes amenazas candidatos en temporada de campaña, el hallazgo de cuerpos decapitados; además de hechos trágicos como motín en la cárcel en el que, tras un incendio en 2022, murieron 49 privados de la libertad.
Si bien en Tuluá no se repitió exactamente el escenario de Culiacán, los hechos recientes sirven como un recordatorio de los desafíos continuos que enfrenta la región en términos de seguridad, especialmente en estas ciudades intermedias, en donde el Estado ha perdido (o cedido) parte del control. Estos eventos resaltan la necesidad urgente de una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Aunque la gobernadora del Valle anunció la militarización del municipio y se produjo una respuesta relativamente rápida, es importante recordar que "Nacho" ya había sido capturado y posteriormente liberado en 2022 debido al vencimiento de términos. Las acusaciones en su contra abarcan desde concierto para delinquir hasta tráfico de estupefacientes y homicidios. Demostrando una falla de grave en el sistema judicial.
Frente a lo anterior, el expersonero de Tuluá, Rubén Benitez, resalta que, por un lado, la falta de políticas públicas sociales reales dirigidas a jóvenes de los sectores vulnerables, especialmente en sectores como el Barrio La Inmaculada, profundiza la complejidad de la situación, evidenciada desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC en la región y la creación de organizaciones sucesoras del paramilitarismo y, por otro lado, en cuanto al gobierno local anterior, Benitez considera que hubo permisividad frente al accionar de ese grupo delincuencial, lo cual facilitó su crecimiento.
Aunque la militarización y el refuerzo policial son medidas necesarias, no son suficientes para contener la violencia a mediano y largo plazo. Los últimos hechos demuestran la magnitud de la crisis en el municipio y la incapacidad de las autoridades locales para enfrentarla por sí solas.
Es evidente que esta situación requiere una respuesta más ágil por parte del Estado, que incluya medidas tanto de prevención como de contención del delito. Así como también, se fortalezca a las instituciones encargadas de administrar seguridad y justicia, y se atienda la posible corrupción en las cárceles, dado que las denuncias también señalan que desde estos lugares se coordinan acciones delictivas.
Además, es central la cooperación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales para enfrentar este desafío. Se requiere un enfoque que aborde las causas de la violencia desde una mirada regional, y promueva la participación activa de la comunidad en la construcción de entornos seguros.