Por: Camilo Díaz Suárez Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad
A falta de poco más de un mes para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales en Venezuela, el pasado domingo, 10 de octubre, se realizó un simulacro electoral en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó 446 centros de votación y 1.386 mesas para que electores y electoras se familiarizaran con el sistema que se utilizará el próximo 21 de noviembre.
Con este simulacro, se presentaron algunas irregularidades que prenden las alarmas respecto a los próximos comicios en lo que se refiere a, principalmente, tres aspectos: el papel de los Puntos Rojos, el uso del Carnet de la Patria y la posibilidad de que se incurra en peculado de uso. Sumado a ello, en el ambiente previo a las elecciones, hay tensiones sobre el papel de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. A estos temas, se añaden posibles irregularidades que se han presentado en el estado del Zulia y que son elementos a tener en cuenta el próximo 21 de noviembre.
Las irregularidades del simulacro electoral
De acuerdo con la Asociación Civil Súmate, que estaba realizando un proceso de observación en 246 centros de votación habilitados durante el simulacro electoral, se reportaron una serie de irregularidades que hacen prender las alarmas sobre el desarrollo de los próximos comicios.
Uno de los puntos más importantes fue la presencia de Puntos Rojos en el 86% de los centros de votación. Ya anunciaba el Observatorio Electoral Venezolano, en 2020, que desde el 2017 ha existido un incremento de la presencia de los Puntos Rojos en jornadas electorales y en simulacros.
Cabe recordar que los Puntos Rojos son unas carpas de “información”, instaladas por los partidos políticos cerca al perímetro de seguridad de cada centro de votación, en los que se ha denunciado constantemente la existencia de propaganda política. Respecto a esto, Súmate observó que en el 80,2% de los Centros de Votación hubo propaganda electoral o proselitismo a favor del PSUV.
Lo anterior merece especial atención, ya que representa una violación del artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), la cual establece que está prohibida la propaganda electoral producida fuera del lapso para campaña establecido por el CNE. De momento, el cronograma electoral establece el 28 de octubre como fecha de inicio para las campañas electorales.
En estos puestos es común la utilización del Carnet de la Patria, una tarjeta de identificación, adicional a la cédula de identidad, para conocer el estatus socioeconómico de las personas. Sirve como billetera virtual a través de la cual el Estado transfiere bonificaciones y con la que se puede acceder a programas sociales para adquirir medicamentos. En el simulacro, se observó en el 52% de los centros de votación el uso del Carnet de la Patria “para controlar la movilización de electores”. Este es un elemento a considerar, ya que en elecciones pasadas ha sido un mecanismo para coaccionar al electorado.
Sumado a esto, se reportó que en el 74,6% de los centros de votación hubo una movilización de electores utilizando bienes o recursos del Estado, incurriendo en el delito de peculado por uso, previsto en el artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción.
El oficialismo y la oposición frente a los observadores electorales de la UE
El pasado 4 de octubre, el CNE aceptó, para las elecciones locales y regionales de 2021, la presencia de instituciones y organismos electorales de carácter de observadores internacionales, entre los que se encuentra la Unión Europea. Es la primera misión de observación de Unión Europea que visitará el país en 15 años.
El 10 de octubre, Pedro Calzadilla, presidente del CNE, aprovechó la jornada para exigir unas disculpas y retractación del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, por afirmar que la legitimidad de las elecciones del 21 de noviembre dependerá del informe Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.
A esto se sumó un comunicado de la Cancillería de Venezuela, en el que aseguró que las declaraciones de Borrell tienen una pretensión injerencista con un interés político. De igual forma, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, acusó a Borrell de incumplir el acuerdo que permitirá la presencia de la misión de observación europea.
Sin embargo, las afirmaciones de Borrell se dieron después del cuestionamiento de sectores de la oposición, que consideran la presencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea como una estrategia para buscar legitimidad del régimen oficialista, en unas elecciones donde no hay atisbos de garantías electorales ni transparencia.
El líder opositor Leopoldo López sostiene que la presencia de la Misión de Observación Electoral es una estrategia de Nicolás Maduro para buscar legitimidad. Considera que es una alerta ante la posible legitimación de un fraude electoral. A la posición de López se suma un grupo de 23 exdiputados que consideran las elecciones como un acto inconstitucional y fraudulento, instando a la no participación por considerar que es una estrategia para lograr una legitimad inexistente.
Estas posiciones anticipan los rumbos que pueden tomarse tras el informe que haga la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea tras las elecciones del 21 de noviembre. Desde ya, existe la prevención tanto de la oposición y como del oficialismo.
El Zulia, entre renuncias, vacunas e irregularidades
El estado fronterizo del Zulia es uno de los que más llama la atención respecto a posibles irregularidades en las elecciones locales. Siendo uno de los estados venezolanos más golpeados por la corrupción, la violencia y la criminalidad, más allá de las irregularidades halladas por Súmate, en Zulia han existido otras situaciones, en el marco de la contienda electoral, que prenden las alarmas.
Ya el pasado 18 de agosto, 300 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de los municipios de Maracaibo, San Francisco, Cabimas y Santa Rita renunciaron al partido por irregularidades en las postulaciones y en las primarias. Esto se dio tras la negada postulación de Nelio Aguirre como precandidato del municipio de San Francisco.
Aguirre sostuvo que se denunció un cambio de actas en las que él aparecía como candidato y, ante ello, la Junta Electoral del PSUV habría amenazado a los denunciantescon quitarles los beneficios que les da el Gobierno. Como denuncia del atropello de la ‘voluntad popular’, los 300 militantes se pronunciaron en contra de las decisiones impuestas por Diosdado Cabello y contrarias a los procesos democráticos.
Ante posibles actos arbitrarios, también hay incertidumbre sobre la influencia de la vacunación contra el covid-19 en las campañas electorales. Las alarmas respecto a esto nacen por el presunto proselitismo político de Willy Casanova, alcalde de Maracaibo que busca la reelección y que estaría utilizando formularios de vacunación para poner propaganda política.
Según denunció Transparencia Venezuela en septiembre, en puntos de vacunación de Maracaibo se encontró que, en los formularios utilizados para recoger datos de las personas a vacunar, aparecía una foto de Casanova acompañada del lema “¡Con vos hacemos más!”. Otras quejas también mencionan que se han recibido formularios similares con propaganda política de Omar Prieto, gobernador del Zulia que también busca la reelección.
Los puntos acá mencionados hacen prender las alarmas respecto a la contienda electoral del próximo 21 de noviembre. Hay irregularidades que parecen anunciadas y que se evidenciaron en el simulacro electoral del pasado 10 de octubre. Sumado a ello, es necesario ver el papel que terminará desempeñando la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Finalmente, el caso del estado de Zulia también cuestiona las posibles acciones de candidatos y candidatas que participarán en las elecciones locales.
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