Por: Laura Cano
Periodista Pares
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habría reconocido un concepto, emitido por la Procuraduría General de la Nación, en el que se aseveraba que el grupo guerrillero había instaurado prácticas de trabajo forzado y/o esclavitud durante sus años de combate. Estos hechos se habrían perpetrado contra las personas que fueron secuestradas por la guerrilla.
Esta aseveración se da luego de que la Procuraduría, según lo informado, logró documentar más de 70 casos en los que víctimas de secuestro aseguraban que habían sido obligadas a realizar trabajos forzados. Además, principalmente, los testimonios provenían de personas campesinas, quienes afirmaron que el grupo guerrillero les habría obligado a transportarlos y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo.
De acuerdo a lo referido por el Ministerio Público, esta entidad “documentó varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas. Estas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad”.
Por su parte, desde la JEP se precisó que “las FARC-EP cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones de la libertad”. Así, estos hechos serán tratados dentro del macrocaso 01 llevado por el Tribunal de Paz. Además, se anunció desde la Procuraduría que “esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos por parte de las FARC-EP”.
Hay que recordar que, recientemente, la Procuraduría hizo otro llamado a los excombatientes, asegurando que es “determinante que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconozcan que existieron órdenes en las filas guerrilleras de matar a secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate, y que no tenían protocolos claros ni definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito”.
Estas afirmaciones se produjeron luego de que este organismo evidenciara falta de responsabilidad con la verdad por parte de personas que habrían participado de forma directa en los hechos de secuestros. “La Procuraduría cuestiona y considera problemática la manera como se les exigió a los comparecientes la aceptación de responsabilidad por parte de la JEP, en la que solo reconocen la responsabilidad de la organización, teniendo la oportunidad de disolver su participación individual y directa en casos concretos”, señaló el procurador delegado.
Frente a esto, es importante traer a colación que, desde julio de 2018, en la JEP se resuelve el caso 01 de Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC-EP, donde hay 2.664 víctimas acreditadas. En el marco de este caso se ha logrado reconocer a 21.396 víctimas de secuestro. Además, el 26 de enero de 2021, se imputó al antiguo secretariado de las FARC-EP por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, entre otros. Por estos hechos fueron determinados culpables: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Ahora bien, con esta nueva implicación, quedan preguntas por resolver sobre los pasos que seguirá dando la JEP, así como sobre la posición y respuesta que darán los excombatientes, pues, como se mencionó anteriormente, tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad de la JEP.