Por: Redacción Pares
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el informe ‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’ acerca de 593 procesos disciplinarios concluidos, relacionados con el conflicto armado interno, que corresponden al período 1990- 2005.
En el informe se aportó un total de 2.181 datos de procesos disciplinarios que involucran a 3.573 víctimas, en conjunto con el primer informe entregado a la JEP el 11 de diciembre de 2018. Fueron identificados 728 implicados, entre quienes figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de las cuales 691 eran hombres.
De las instituciones del Estado vinculadas en los procesos disciplinarios, también se encontraron 53 personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuatro de una alcaldía municipal, nueve del Congreso de la República, dos de ministerios, cinco de gobernaciones, y cuatro más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la presidencia. De las 3.573 víctimas individuales, 3.116 corresponden a hombres, 387 a mujeres y 70 de quienes no se obtuvo esta variable, con edades que en su mayoría oscilaban entre 21 y los 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos. A partir de la información registrada en los expedientes se estableció que entre las víctimas había 108 personas identificadas como indígenas, 14 como negras/afrocolombianas, y una perteneciente al pueblo ROM.
En el análisis efectuado se encontró que en su mayoría las víctimas eran personas integrantes de partidos políticos y campesinos, y se identificaron como las conductas más investigadas en los procesos disciplinarios la amenaza y tortura, el homicidio, la masacre y la desaparición forzada.
Por su parte, Patricia Linares, presidenta de la JEP, expresó que «La Procuraduría General nos entrega un segundo informe que es muy significativo por el por el periodo qué cubre entre 1990 y 2005. Esta fue una etapa muy crítica de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.»
Asimismo, se determinaron como patrones de conducta de los servidores públicos el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros.
Durante la entrega del documento a la JEP, Carrillo Flórez anunció que serán remitidos a Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, cerca de 250 procesos disciplinarios adelantados principalmente contra miembros de la fuerza pública, por conductas como homicidios de civiles y torturas, entre otras, para ser calificados o fallados en primera o segunda instancia, según sea el caso.