Por: Laura Cano
Periodista Pares
Durante años se ha reclamado la responsabilidad de ganaderos y empresarios con el despojo de tierras en muchas zonas del país, despojos que, en muchas ocasiones, significaron desplazamientos forzados, amenazas y hostigamientos; en general, un refuerzo de la violencia que en muchos territorios generó la agudización de escenarios que ya eran de por sí críticos.
Ese despojo de tierras, producido con distintos repertorios de violencia, ha sido uno de los hechos en los que se ha visto implicado José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan. Estos sucesos, como ha sido relatado por distintos actores del conflicto y como se expondrá en este artículo, muchas veces contaron con el apoyo de jefes paramilitares.
Esto fue lo que volvió a afirmar Benito Osorio,exgobernador de Córdoba, quien dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en el año 2005 José Félix Lafaurie pidió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que financiara y generara presión para que Mario Iguarán fuera fiscal general.
La información se dio a conocer por medio de Caracol Televisión, quienes participaron de la jornada de declaración de Benito Osorio en el alto tribunal. Según lo publicado por el medio de comunicación, en el año 2005 Lafaurie se encontró con Mancuso en la casa en la que vivió con su exesposa, Marta Dereix, en el barrio La Castellana de Montería, Córdoba.
Allí le habría pedido que apoyara que Mario Iguarán llegara como fiscal general porque, según él, si Iguarán era elegido, sería más benéfico para aquellos paramilitares que se acogieran a Justicia y Paz. Además, Lafourie habría entregado los contactos de quienes tomarían la decisión de elegir al fiscal general para que Mancuso ejerciera presión y, asimismo, se le habría advertido al jefe paramilitar que esta solicitud también venía por parte Sabas Pretelt de la Vega, quien para ese entonces era ministro del Interior. Hay que señalar que para ese momento la contienda estaba entre Jorge Pretelt e Iguarán.
Posterior a este encuentro, y cerca de un mes después, Lafourie se volvió a reunir con Mancuso, y él le habría insistido de nuevo al exjefe paramilitar en su idea, añadiéndole que Iguarán sería "más benevolente con las autodefensas", como cuenta Osorio en su declaración.
Finalmente, Iguarán llegó a ser fiscal general y, para el mismo momento, María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, fue nombrada en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía.
A estas acusaciones Benito Osorio añadió que las relaciones con los altos mandos de los grupos paramilitares no solo eran con Mancuso, sino que el ganadero también era cercano y habría tenido alianzas con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte, y por otros jefes paramilitares de la zona. Adicionalmente, afirmó que Lafourie "conocía de los planes que tenían los paras con el FGC (Fondo Ganadero de Córdoba) para adquirir terrenos en el departamento", siguiendo lo afirmado por Benito Osorio en su declaración en la JEP.
Señaló el medio que a pesar de que se intentó la comunicación con José Félix Lafaurie, no sé obtuvo una respuesta del ganadero. Sin embargo, en las últimas horas, el empresario ganadero ha retwitteado dos trinos, uno del abogado Victor Mosquera y otro del candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Sergio Rodríguez.
En este punto, es necesario recordar varios sucesos que implican a los mencionados en este hecho. Por un lado, en 2012 Mancuso ya había relacionado a Lafourie con las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo al que habría acudido buscando apoyo para sus fines políticos y gremiales. Incluso, el exjefe paramilitar tras lo declarado por Benito Osorio en la JEP, envió una carta en la que se lee:
"De la misma manera, debo corroborar las declaraciones con respecto a la elección del ex fiscal Mario Iguarán y el papel de José Feliz Lafaurie. Todo ello fue verdad y lo hemos dicho desde hace años ante los magistrados de Justicia y Paz. (...) Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, que su diseño ha conllevado a que gran parte de la verdad aportada durante 16 años de diligencias judiciales termine engavetada para "comodidad" de una parte del poder político y económico de Colombia. Este relato sobre el Fondo Ganadero de Córdoba como tantos otros, que no es nuevo, que ya se había expuesto en instancias de la justicia transicional y ordinaria".
Hay que precisar que, en las versiones dadas por Mancuso, señaladas más arriba, ya se advertía de la reunión de la que Osorio habló recientemente ante la JEP. Incluso, para ese momento el expresidente del Fondo Ganadero de Córdoba ya había afirmado que había sido testigo de la reunión que hoy de nuevo es noticia.
Por otra parte, sobre Lafaurie, Ariel Ávila, exsubdirector de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) y ahora candidato al Senado, había puesto sobre la mesa la evasión que el ganadero estaba haciendo a las investigaciones y acciones sobre restitución de tierras. Nombraba el analista, que Lafuerie negaba la existencia de una persecución o masacre de líderes de restitución de tierras, incluso cuando es una realidad la violencia contra quienes piden que los llamados "terceros de buena fe" sean investigados.
"Lafaurie niega la existencia de los ejércitos antirrestitución y dice que eso jamás existió. Nuevamente este señor miente. Los llamados “ejércitos anti restitución”, no son como tal ejércitos, así se hacen llamar, pero son estructuras sicariales de entre 15 y 30 personas que prestan servicios ilegales de seguridad privada o las propias Bandas Criminales prestan estos servicios. Son contratados por lo que la ley llama “terceros de buena fe”, es decir, personas que están en el mundo de la legalidad, son empresarios rurales, ganaderos o políticos locales. Estas personas fueron las que en realidad se quedaron con la tierra despojada a campesinos y algunos ante el miedo de perderla prefieren asesinar a los reclamantes de tierras", exponía Ávila.
A esto se suma que María Fernanda Cabal, esposa de Lafourie, ha emprendido una campaña dentro del Congreso para frenar la restitución de tierras. Pues, justamente, fue quien estuvo detrás del Proyecto de Ley 20 de 2019 que, como denunciaba en ese momento Coljuristas, “esta iniciativa legislativa representa un grave retroceso para la Reparación a las Víctimas de Despojo y Abandono Forzado y pone en riesgo la restitución formal y material de los predios, así como el goce efectivo del derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición”.
Uno de los objetivos de dicho proyecto, que además había sido sugerido de varias formas por la congresista, era reemplazar los dos pilares de la Ley de Tierras, dando reconocimiento a terceros de la buena fe, exceptuados de culpa, y motivando a que el llamado segundo ocupante ya no fuera el que tuviera que comprobar si compró la tierra de buena fe, sino que la víctima era la que debía demostrar su despojo. Al respecto, cabe recordar que, en los 54 años de guerra en Colombia, se despojaron más de 6.000.0000 de hectáreas de tierra, la mayoría de estas a campesinos minifundistas.
Por otra parte, hay que traer a colación que Sabas Pretetl, quien según lo narrado por Osorio fue quien motivó el encuentro entre Lafaurie y Mancuso, también tuvo otros nexos con paramilitares. Por ejemplo, según lo dicho en medio del proceso de Justicia y Paz, Pretelt le pidió a Vicente Castaño que apoyará y ejerciera presión para la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el 2006.
Se señala en Verdad Abierta que: " Pretelt reconoció haberse reunido no una, sino muchas veces con jefes de estos grupos, tanto como presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes) como en su condición de ministro del Interior y de Justicia. Sin embargo, aclaró que en ninguna de esas reuniones se trató de reelección, sino que estas fueron siempre concertadas para tratar el tema de la desmovilización". No obstante, el medio también menciona que estas reuniones venían desde los 90, incluso citan las palabras de Mancuso quien había dicho: “A Sabas lo conocí en 1995, porque era un visitante asiduo de los campamentos de Carlos Castaño, a donde iba a acompañado con el expresidente de Fedegan, Jorge Visbal Martelo, que era muy cercano a las Auc”.
Es importante mencionar que en el 2015 la Corte Suprema de Justicia condenó a varios de los funcionarios del gobierno de Uribe, entre ellos Pretelt de la Vega, a quien le dieron seis años y ocho meses de cárcel por corrupción, más exactamente por dar dádivas en 2004 a los entonces representantes a la Cámara Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, a cambio de su voto para cambiar la Constitución y permitir la reelección de Uribe.
Por otra parte, está Mario Iguarán que, finalmente, fue nombrado fiscal general en agosto de 2005, tal y como pedía Lafourie en sus reuniones con Mancuso. Iguarán estuvo en este cargo hasta el 2009, y en 2012 se destapó la controversia sobre si su posesión en este cargo se debió a vínculos con grupos paramilitares. De hecho, durante ese año en la Cámara de Representantes se abrió una investigación para determinar si hubo infiltraciones de dinero ilegal en la elección del ex fiscal. Posteriormente, Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', exjefe del bloque Central Bolívar, desmintió este hecho.
Por último, hay que nombrar que hace un par de semanas la JEP le concedió la libertad transitoria a Benito Osorio, quien había sido condenado en abril de 2015 a 19 años, 6 meses y 9 días de prisión, al habérsele probado nexos con paramilitares que habían desatado hechos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir. A esto se le sumaba una multa económica de 25.789 salarios mínimos mensuales, que debían ser pagados a la Unidad de Víctimas (UARIV).
Toda esta situación que hoy envuelve, de nuevo, a José Félix Lafaurie, "es la demostración de porqué el Centro Democrático y el sector de ganaderos cercanos a esta fuerza política han hecho una fuerte oposición a la existencia de la JEP. También demuestra de dónde viene el miedo a que la JEP juzgue a terceros y políticos que tuvieron participación en el conflicto armado interno, ya que este sector ganadero siempre ha tenido una relación muy fuerte con sectores políticos que se materializó en la creación del Centro Democrático", analiza Diego Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz & Reconciliación.
Asimismo, Restrepo concluye que "es sumamente importante que se empiecen a tejer las relaciones entre sectores económicos, en este caso ganaderos, paramilitarismo y despojo, pues justamente este es el corazón de la verdad. Por eso se necesita saber quiénes, con nombre propio, acumularon riqueza e incluso continúan sosteniendo privilegios a través de la violencia. Creemos que el centro de la violencia fue la acumulación de esos terceros civiles y actores políticos. Por eso motivamos la investigación, sobre todo en este momento que vive el país: año de elecciones presidenciales y, además, año en el que se espera el informe final de la Comisión de la Verdad".