Por: Oscar A. Chala. Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Uno de los principales problemas que ha generado la idea del "poder constituyente" promovida por el Gobierno Nacional y Gustavo Petro desde el 15 de marzo de 2024 en Puerto Resistencia, Cali, es la falta de claridad. Esta idea ha sido en gran medida abstracta y vaga, resultando confuso tanto para las bases sociales, en las que el gobierno afirma que se origina este "poder", como para los sectores políticos institucionales, los gremios empresariales y la burocracia colombiana.
Se puede rastrear la definición de poder constituyente en Antonio Negri, el fallecido filósofo italiano, quien es uno de los principales teóricos de la corriente operaísta dentro del llamado post-marxismo, y que ha sido uno de los principales referentes teóricos de Gustavo Petro desde su paso por la Alcaldía de Bogotá en 2011.
Negri concibe el poder constituyente como una fuerza constante y persistente que busca mantener vivas las tensiones revolucionarias con el objetivo de generar diversos proyectos políticos emancipadores. Según Negri, "el pueblo" o "las multitudes" tienen la capacidad de impulsar transformaciones institucionales que no necesariamente implican una modificación del sistema político vigente.
La idea de Poder Constituyente y Asamblea Nacional Constituyente no son lo mismo. Si bien una Asamblea Nacional Constituyente puede surgir como consecuencia de un proceso iniciado por el poder constituyente, no todos estos procesos se traducen en una transformación institucional formal.
El poder constituyente puede ser una fuerza contestataria, una forma de democracia radical que provoca tanto continuidades como rupturas en el contexto político nacional, que puede trascender los límites del sistema político establecido, construyéndolo, moldeándolo o cuestionándolo.
Según la socióloga chilena Marta Harnecker, el poder constituyente tiene como objetivo crear nuevas formas de participación política desde las bases sociales. Estas nuevas formas de participación, según Harnecker, deberían integrarse en un sistema de toma de decisiones que influya en las dinámicas de poder, especialmente en la capacidad de legislar, que debe responder a las necesidades de la sociedad y no estar limitada únicamente al ámbito parlamentario.
La vía está por revivir un Acuerdo Nacional que nunca se concretó
En su discurso inaugural de la segunda legislatura del Congreso, el 20 de julio de 2023, Gustavo Petro dilucidó los primeros esbozos de un gran “Acuerdo Nacional” con los partidos políticos y los diferentes sectores de la sociedad civil, que buscaba dos cosas. Por una parte, pretendía romper el estancamiento político en el que se había sumado el gobierno, tras la ruptura de la primera coalición con el Partido Conservador y el Partido de la U en abril de 2023 —que terminaron en la independencia—; por otro lado, quería evitar el bloqueo político que la oposición le había planteado como estrategia para evitar la aprobación de su agenda de reformas al cierre de esa primera legislatura.
No obstante, las negociaciones para lograr este “Acuerdo Nacional” pronto se vieron opacadas por el contrapunteo entre el gobierno y la oposición por movilizar a sus bases en las calles, junto con la preferencia del gobierno por negociar con los congresistas de manera individual, antes que someter a discusión y negociación la mayoría de sus proyectos con los partidos independientes y opositores.
Del mismo modo, el gobierno logró generar algunos avances con sectores económicos importantes del país en la construcción de este acuerdo, como la reunión realizada con los “cacaos” el 21 de noviembre de 2023, en la que Gustavo Petro logró construir una agenda con los empresarios alrededor de las necesidades de un posible diálogo nacional, alrededor de la promoción de proyectos productivos y una agenda de desarrollo económica ligada a la defensa del medio ambiente y la educación.
La idea de un nuevo Acuerdo ha vuelto a tomar fuerza desde que fuera aprobada la reforma pensional en Senado, a finales de mayo de 2024. Aunque el presidente Petro señaló que la aprobación de la pensional demostraba que existía un ambiente propicio para generar este Acuerdo, la caída del proyecto de ley de educación como derecho fundamental mostró que muchos sectores del bloque progresista no están dispuestos a negociar los puntos fundamentales del paquete de reformas a cambio de su aprobación.
La apuesta de Cristo: el Acuerdo Nacional para mover las reformas sin llegar a un escenario constituyente
El ministro Juan Fernando Cristo ya no está hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, sino de la búsqueda y la consolidación de un Acuerdo Nacional cuyo pacto pueda, eventualmente, proponer la idea de Constituyente como una posibilidad —entre otras que ese pacto decida— para implementar los acuerdos alcanzados. Así lo dejó claro en una entrevista que le brindó a Patricia Lara Salive, para la Revista Cambio.
Cristo pretende aterrizar la idea del “poder constituyente” de Petro sin apelar a un cambio constitucional radical que transforme la institucionalidad existente en el país. La tesis del Santismo, expresada por el mismo expresidente Santos y ratificada por gran parte de la institucionalidad colombiana, es que la Constitución de 1991 tiene todas las herramientas posibles para generar las reformas sociales que necesita en este momento el país.
Lo que puede significar que Cristo puede buscar un punto medio dentro de la construcción de un nuevo Acuerdo Nacional a través de reformar, en algunos casos, elementos puntuales de la Constitución, sin que aquello implique derogarla. Los riesgos, en cualquier caso, radican en los resquicios que dejan estos procesos, por donde se pueden colar propuestas regresivas.
Además, Cristo deberá enfrentar el desafío de conciliar las expectativas de los sectores más progresistas frente a las reformas, con la necesidad de lograr acuerdos políticos viables con otros sectores políticos distantes del gobierno y evite un distanciamiento de las bases sociales del gobierno.
El reciente proceso de negociación del proyecto de ley de educación como derecho fundamental en la Comisión Primera del Senado generó resquemores entre los miembros del Pacto Histórico, quienes consideraron que las concesiones hechas a la oposición debilitaron el carácter reformista del proyecto original, lo que ha despertado temores sobre el futuro "diálogo nacional" propuesto por el gobierno, más si se tiene que cruzar las “líneas rojas” que el gobierno ha establecido para cada proyecto de ley.
Existe inquietud de que, para lograr consensos con partidos independientes y de oposición, se tengan que hacer concesiones en proyectos de ley clave. En este contexto, Cristo podría necesitar implementar una estrategia de negociación diferente a la utilizada hasta ahora por el gobierno en sus interacciones con el Congreso.
Es importante recordar que la reciente negociación entre sectores independientes, la oposición y el bloque gubernamental para aprobar el proyecto de educación como derecho fundamental provocó un paro por parte de FECODE, que pudo haberse extendido al movimiento estudiantil universitario.
Esta situación presenta una ambivalencia: por un lado, refleja la idea del "poder constituyente" que promueve el gobierno, fomentando la movilización política y la defensa integral de las reformas por parte de estos sectores. Sin embargo, también genera el riesgo de que estas mismas bases sociales puedan volverse críticas con el gobierno que las ha impulsado, especialmente en un escenario donde el gobierno necesita de la movilización de las mismas.
El Gobierno Nacional es nombre propio.