Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de investigación – Línea de Democracia y Gobernabilidad
El anuncio de Venezuela de la apertura de la frontera con Colombia, a través del Puente Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, es un logro diplomático de ambos países, tras la inestabilidad de las relaciones desde el 2015. Así mismo, es una primera condición para mejorar la situación humanitaria de los migrantes con una vocación de flujo permanente y pendular en el territorio. Sin embargo, no es una condición inmediata que permita mejorar la economía en Norte de Santander y Táchira, teniendo en cuenta factores como los pocos incentivos para comerciar legalmente, el control de los colectivos venezolanos sobre las economías ilícitas y el sistema paralelo de recaudo en Venezuela.
Las investigaciones adelantadas por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con el apoyo de NED, han permitido evidenciar que, tras la ausencia y el deterioro de las relaciones políticas, económicas y diplomáticas entre ambos Estados, los colectivos venezolanos y los ‘trocheros’ crearon un imperio económico a través del mercado ilegal, el cual puede mantenerse incluso ante la apertura de la frontera por varios motivos. El primero es que no toda la mercancía que transita por los cruces ilegales es susceptible de tributación, esta puede variar considerablemente a los montos establecidos legalmente. Así mismo, los pagos por su tránsito son directamente negociados con el jefe del colectivo que allí tenga presencia. En este sentido, para los comerciantes es aún más rentable comercializar por las trochas que por los pasos fronterizos autorizados, puesto que muchos de ellos no tienen la solidez financiera que requiere la apertura comercial.
En segundo lugar, es de conocimiento de Pares que la misma Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se ha visto directamente beneficiada del tráfico de personas y del cruce irregular de las mercancías. De acuerdo con fuentes territoriales, este cuerpo, tras las pésimas condiciones de vida en Venezuela, habría optado por cobrar una parte de las ganancias que obtienen los colectivos a cambio de permitirles la presencia y continuidad de su accionar en el área fronteriza. De está manera, la apertura se da en un escenario de desconfianza y enriquecimiento ilícito por parte de este cuerpo militar, en la que se ha advertido que “Maduro manda en Caracas y la GNB aquí”.
Ahora bien, estas mismas fuentes señalaron que el Gobierno venezolano habría “formalizado” un sistema de recaudo paralelo desde San Antonio y Pedro María Ureña, municipios de Táchira. Aparentemente, el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de sus protectorados, había cobrado aduanas por medio del SENIAT y presuntamente, además, habría dispuesto camiones con sus respectivos permisos en áreas de cruces irregulares para recibir y comercializar el contrabando en todo el país.
De está manera, la apertura comercial de la frontera se da en el marco de una dinámica en la que el contrabando no se entiende como una práctica ilegal, la cual aparentemente el Gobierno de Nicolás Maduro habría estado legalizando irregularmente. En este contexto, aun así, es un método que puede ser incluso aún más rentable para los pequeños y medianos comerciantes, quienes son los que se han visto más afectados tras la crisis económica y sanitaria en ambos países.
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