La apuesta por la conectividad comunitaria

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

En Colombia estamos acostumbrados a que cada vez que se quiera dar solución a un problema público o atender una necesidad colectiva se piense tan solo en dos opciones: o bien que se recurra al mercado para que la libre iniciativa privada lo atienda, o bien que el Estado mediante sus empresas se encargue de ello.

A la gente se le olvida por completo que las comunidades también pueden atender este llamado y aportar a las soluciones. Que existen personas que pueden unir esfuerzos y brindar una alternativa colectiva a esa necesidad pública, como la de proveer el servicio de agua potable, recolectar las basuras o tener una tienda que ofrezca algún tipo de bien o de servicio.

Han normalizado la idea de que en nuestro entorno tan solo existen dos opciones para solucionar nuestras necesidades. Por eso, esta última semana, cuando el presidente de la República Gustavo Petro propuso que las comunidades podrían convertirse en oferentes de internet en varios territorios apartados del país, muchas personas se sorprendieron e, incluso, intentaron ridiculizar este importante anuncio.

La propuesta la hizo el mandatario el 24 de febrero, cuando visitó el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, en Caldoto, Cauca. Para el presidente y la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sandra Urrutia, las comunidades muy bien pueden encargarse de gestionar y administrar las redes comunitarias de internet en diversos puntos del país.

Esta es una propuesta que no surge del vacío, ni mucho menos sale del sombrero del presidente y su ministra, brota de la experiencia positiva que por décadas se ha acumulado en nuestros territorios. Son más de tres mil espacios comunitarios donde se ha evidenciado que esta propuesta por la conectividad comunitaria es una realidad; más de 15 mil acueductos comunitarios y cientos de recicladores de basuras.

En el país existen experiencias valiosas en el servicio de internet, como la Red del Viento, que actualmente tiene 54 puntos de conexión y atienden por lo menos la demanda de 600 personas en varios lugares de nuestro territorio nacional. También la Red Poliniza, que tiene 40 familias y 120 personas conectadas en La Macarena, Meta; o en Uribia, en La Guajira, donde hay 144 personas conectadas.

Esta es una idea que, además de ser muy práctica y bastante viable legal y económicamente, tiene la virtud de potenciar otros valores que ni la iniciativa privada ni el Estado pueden generar. El Gobierno está recurriendo a la opción que le ofrece la ley de que cualquier persona natural o jurídica puede prestar el servicio de telecomunicaciones en Colombia.

La dificultad se encuentra más bien en la ilusoria creencia de que es la iniciativa privada la mejor opción. Idea que ha provocado que el Estado se enrole en una lucha irrazonable contra las organizaciones comunitarias y la defensa de la gran industria. Dejando a muchos territorios y grupos poblacionales –más del 70% de los habitantes de la ruralidad– sin atender el servicio de internet.

Ahora el gobierno Petro propone colocar la mira en la tercera opción. Buscará incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 a las comunidades en la contratación pública de redes de internet como opciones válidas, viables y efectivas que es necesario resaltar y apoyar. Hace consciente la idea de que tanto el mercado como el Estado han fallado en la prestación de este importante servicio.

Tenemos a grandes operadores privados que ven poco atractivo las inversiones en los territorios rurales, debido a los altos costos y el bajo monto de las ganancias. Además, a un Estado que no tiene las manos para lograr incorporar a esta población y que lo que ha hecho es “abudinear” las telecomunicaciones.

Con la opción de la prestación del servicio por parte de las comunidades, el Gobierno está logrando, en primer lugar, hacer posible que las comunidades abandonadas –como las de la Amazonía, el Vaupés, Guainía, Guaviare, Chocó, San Andrés o el Cauca– tengan en los próximos meses la esperanza de contar con un servicio de internet para poder disfrutar de las mieles del progreso tecnológico.

No es presentable que en pleno siglo veintiuno las comunidades rurales, los afrodescendientes y los habitantes de los barrios populares no puedan acceder al derecho que tienen a estar informados y se encuentren por fuera de las redes de comunicación. Que estas poblaciones no puedan participar en convocatorias públicas, en los ofrecimientos de apoyos que entrega el Estado o en los avances científicos y tecnológicos que entrega la comunidad internacional.

Y como segundo logro está la creación de capital social o comunitario. Dejar en manos de las organizaciones de la sociedad civil este servicio permite empoderar a las comunidades para la autogestión de su derecho a estar informado. El Gobierno está fomentando la asociatividad, el apoyo mutuo y la creación de redes. Con esto se está creando un valioso activo que ayudará a proteger a las personas de la pobreza y estimulará el desarrollo.

En síntesis, la propuesta del gobierno Petro, además de presentarse como solución a un problema público que no han podido atender ni el mercado ni el Estado, se propone como una acción que busca fortalecer la democracia; defendiendo el derecho de la ciudadanía a la información y creando un activo social para la defensa de la pobreza y la exclusión.

La idea con esta propuesta no es que el Estado se limpie sus manos con la responsabilidad que tiene con la ciudadanía de prestar los servicios de utilidad pública. Lo que se pide es que amplíe su papel, apoyando a estos actores sociales para que se pueda entregar servicios de calidad, a bajo costo y donde todos puedan acceder a ellos.

Es muy conveniente para el país aprovechar las opciones que le da la ley para apoyar a las comunidades para que puedan cumplir con las exigencias técnicas y prestar el servicio de forma adecuada. Es hora de que las comunidades demuestren una vez más su potencial organizativo. Con ello se estaría avanzando en reducir el estigma que tiene frente a esta tercera opción en la economía y, al mismo tiempo, se estaría aprovechando la participación de la gente en la solución de los problemas de todos.

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*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.