Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Dos hechos importantes marcaron la agenda del proyecto de unidad del Pacto Histórico en estos últimos días. La semana pasada, varios congresistas y funcionarios del gobierno se reunieron en la casa de Roy Barreras, embajador del Reino Unido, en Londres, para definir la estrategia de la campaña del progresismo de cara a 2026. Según W Radio, a este encuentro no fue Alexander López, una de las cabezas del Polo Democrático, quien renunció al DNP, pero está a la espera que potenciales diálogos con el presidente.
Asimismo, el pasado 3 de marzo se reunió de nuevo el Consejo de Ministros, televisado, para tratar los principales temas de los decretos dentro del Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo. Aunque fue un encuentro más técnico, diplomático y pacífico, sí quedó claro el rumbo que el gobierno ha decidido tomar tras la crisis ministerial de hace un mes, en la que la apuesta es por un proyecto de Frente Amplio a nivel electoral, y un proyecto de Unidad Nacional moderado al interior de su gabinete.
Los carriles de candidatos del Pacto Histórico hacia las primarias de octubre de 2025 están definiéndose
Por ahora, de la reunión en la casa de Roy Barreras en Bogotá se puede inferir que, al menos, hay dos grandes candidaturas moviéndose en el seno del progresismo. Por un lado, está María José Pizarro, senadora de la facción de MAIS “Progresistas” —recién escindida de ese partido— y uno de los liderazgos visibles del Pacto Histórico en el Congreso. Por otro lado, está Gustavo Bolívar, que en este gobierno ha estado en el Senado, fue precandidato a la alcaldía de Bogotá, y ahora mismo es director de Prosperidad Social.
Ambas precandidaturas reflejan dos sectores. Uno de ellos es el de congresistas, el otro aglomera a este sector más cercano personalmente al presidente y que hacen parte de la burocracia del Estado. Aunque estos sectores no tienen fracturas en un primer momento, las diferencias ideológicas, personales y estratégicas entre Bolívar y Pizarro sí han abierto la disputa por el proyecto unitario de la izquierda, a partir de dos grandes diferencias.
Pizarro ha buscado reflejar en su discurso a un sector político del Pacto más ideológico y programático, que se ve identificado en las agendas sociales que emergieron desde 2016, 2019 y 2021, y que han planteado algunas críticas importantes al gobierno sin romper con él, bajo la idea de que el progresismo debe ir más allá de la figura del presidente en el futuro. Bajo ese cobijo es que narrativamente se mueven figuras como Gabriel Becerra, Iván Cepeda y otros de los congresistas del Pacto en el Congreso.
Mientras tanto, Bolívar tiene un talante más pragmático, centrado en la expansión del proyecto a nivel territorial y la aglomeración de diferentes grupos políticos y sociales que también emergieron del Estallido Social de 2021 y que no se sienten abiertamente identificados con proyectos partidistas (como los Escudos Azules), que consideran que el cierre del período uribista en Colombia se dio en 2022 y que tras la crisis del gabinete de hace un mes han considerado que es necesario superar los discursos de izquierda frente a la clase por un progresismo más amplio.
Aquí entre estas dos candidaturas, que debaten dos proyectos de cómo se ve el Pacto Histórico en una época post-Petro, existe una pelea por sobre el cómo se gobierna, el para qué se gobierna y con quiénes se debe gobernar.
Sin embargo, esta disputa, rastreada por la prensa desde hace al menos seis meses —y analizada desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad en su momento—, puede desencadenar una fragmentación indeseada, que el propio Pacto busca conjurar mediante la participación directa de las bases sociales —muchas de ellas desencantadas o enfrentadas al gobierno, como sucedió con la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) tras el Consejo de Ministros del 3 de marzo— a través de unas elecciones primarias internas previstas para finales de octubre de 2025. La idea es que sean esas bases quienes definan el tipo de proyecto que desean.
En ese contexto, Roy Barreras juega un doble papel. Además de perfilarse como potencial candidato (como insinuó W Radio), funge como mediador clave entre ambos sectores: el sector que insiste en mantener lazos con las bases sociales y preservar la coherencia programática, y el sector que defiende la alianza pragmática con sectores tradicionales, reflejada en figuras como Armando Benedetti, actual ministro del Interior.
Sin mayores cambios en el gabinete, el gobierno sigue encaminado hacia el Frente Amplio como un proyecto de “Unidad Nacional” más modesto
Aun con los rumores de la posible salida del ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes y de la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, quedan dos escenarios en el gabinete que, según este artículo de El Tiempo, podrían ser eventualmente entregados a cuotas liberales disidentes del Gavirismo, tanto a figuras cercanas a Julián Bedoya (a través de María Eugenia Lopera, que se estaría moviendo para poner a una ficha allí), como a Alejandro Carlos Chacón con José Luis Correa, quien en su momento sonó para la cartera de defensa y cuya hoja de vida sigue rondando por los pasillos del Palacio de Nariño.
Por otro lado, con la sonada salida de Gustavo Bolívar del Departamento de Prosperidad Social (DPS) —retrasada por el presidente, quien le pidió a Bolívar que se quedara un tiempo más— y la de Alexander López del Departamento Nacional de Planeación (DNP), también queda claro que estos cargos, mucho más cercanos al presidente, quedarán en manos de sectores del progresismo. Aún no está claro si Muhamad decida entrar al DNP, luego de que W Radio en un primer momento señalara que sería nombrada en ese cargo, pero luego, según El Tiempo, parece haber sido descartada.
Con ello, el gobierno busca varias cosas. Por un lado, renovar cuotas a partidos independientes y de la bancada misma que se han mantenido fieles al gobierno en el Congreso para mover las reformas en lo que queda de legislatura, mientras que por otro quiere contener a varios sectores de izquierda que pueden despegarse del proyecto político del Pacto Histórico, especialmente con la desbandada de que figuras como Francia Márquez ya han iniciado al no asistir a los diferentes actos de presidencia, ni al Consejo de Ministros.
Además, el gobierno espera recuperar cierta autonomía funcional frente a los partidos políticos que mueven su agenda legislativa en el Congreso y a su propio círculo más cercano.
Todo ello, con la finalidad —como lo sugerimos en este artículo— de consolidar un proyecto de Frente Amplio como reencauche más moderado y menos ambicioso de un proyecto de Unidad Nacional. Idea que, según La Silla Vacía, ha venido moviendo Benedetti y que Cristo impulsó hasta sus últimos días en MinInterior.
El problema es que la estrategia puede no ser suficiente, especialmente porque la apertura de estos nuevos cargos no ha impedido que sectores sociales terminen alejándose del gobierno (como la renuncia de Viviana Vargas al MinInterior tras la llegada de Armando Benedetti o el descarte —hasta ahora— de Muhamad en el DNP), ni tampoco ha contenido las tensiones internas en los partidos tradicionales por las cuotas de representación en el gabinete, como sucedió con el nombramiento de Julián Molina, quien fue asesor de Lizcano y fue recomendado por el mismo para mantenerse en el MinTIC, luego de que José David Name intentara atravesar el nombre de José Alejandro Linares, cuestionado por tener varias investigaciones por presunta concusión en 2012 y presunto homicidio culposo. Asimismo, Julio Elías Vida, senador de esa colectividad, intentó atravesar el nombre de Said Lamk Beltrán, cuestionado por su relación con el condenado Bernardo “Ñoño” Elías.
Las tensiones dentro del Partido de la U se han mantenido entre un sector que se ve a sí mismo como “leal” al proyecto del gobierno y otro que sigue en una posición ambigua frente al mismo, votando en algunos casos negativo y en otros positivo a las reformas.
El viraje no es solo en puestos, sino también en el discurso
El gobierno planteó el pasado 3 de marzo en su segundo Consejo de Ministros televisado una doble estrategia para la crisis de violencia en el Catatumbo, a partir de una ofensiva social y militar que girará alrededor de un programa de sustitución de cultivos incentivado por el pago del 90% de un salario mínimo, pero que en el fondo encubre procesos de erradicación forzada y la posibilidad de una respuesta militar mucho más fuerte en el territorio.
Este cambio no es casual, sino que estaría respondiendo a un reacomodo más amplio dentro del gobierno, que busca adaptarse a las presiones de sectores tradicionales y asegurar gobernabilidad, sacrificando parte de la coherencia programática que le permitió construir la alianza con el movimiento social y campesino. Al estar optando por un discurso que reviven enfoques propios del gobierno Santos, como el uso de pagos condicionados para la sustitución de cultivos, el gobierno no solo estaría admitiendo el fracaso parcial de la política de Paz Total, sino que también buscaría tender puentes con sectores políticos que quieren ver en una respuesta mucho más confrontativa por parte del gobierno.
El giro discursivo también ha afectado a varios colectivos campesinos del Catatumbo, que se sintieron victimizados tras los señalamientos del presidente, quien indicó que varios de estos grupos están permeados por actores armados. Tanto la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) como el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) no solo han rechazado los señalamientos del presidente sobre la presunta infiltración armada en sus estructuras, sino que han advertido que esta narrativa criminalizante puede traducirse en una mayor persecución judicial y estigmatización del movimiento social en el territorio.
