Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza
investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Este viernes se decidirá quién liderará la Defensoría del Pueblo. El presidente Petro ha ternado a tres mujeres con perfiles ligados a la defensa de los derechos humanos, pero con visiones distintas sobre el rol de la institución. Mientras dos de ellas provienen del reconocido Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y defienden un fortalecimiento de la institución desde la base y una mayor cercanía con las comunidades, la tercera, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, propone una continuidad en la línea institucional. La elección se ha convertido en una batalla política al interior del Congreso, donde el gobierno busca asegurar una votación unánime para una de las candidatas.
El próximo viernes 16 de agosto se elegirá a la próxima defensora del pueblo. Tras la renuncia del exdefensor Carlos Camargo y la interinidad de Julio Luis Balanta Mina, más de 75 hojas de vida fueron aceptadas el 21 de julio por el Departamento Administrativo de la Presidencia, en las que estuvieron, entre otras figuras, Néstor Osuna, exministro de Justicia y Jhenifer Mojica, exministra de Agricultura.
No obstante, el presidente eligió el 8 de agosto de entre estas candidaturas a sus 3 ternadas, dos de ellas con su pasado en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y una de ellas magistrada auxiliar de la Corte Institucional. Con perfiles ligados a la defensa de los Derechos Humanos, la disputa ahora es por conocer si la defensoría queda en la cancha de los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, o si sigue bajo un perfil más institucionalista.
Una magistrada auxiliar y dos figuras emergidas del Cajar: la apuesta del gobierno por una nueva Defensoría
De las ternadas por el gobierno de Gustavo Petro, dos vinieron recomendadas por organizaciones de derechos humanos y organizaciones feministas, según lo indicó en su momento La Silla Vacía. El primer nombre fue el de Iris Marín, luego vino el de Jomary Ortegón.
Iris Marín Ortiz es abogada experta en justicia transicional y magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Trabajó en su momento con entidades relacionadas a procesos de paz como la JEP, la Unidad de Víctimas, el programa de mujeres de las Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad.
En su experiencia destaca también su presencia en los comités asesores del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos, al cual llegó después de su tarea como promotora de la ley de víctimas y restitución de tierras. Si bien no se le puede endilgar una corriente política clara, sí es verdad que su paso por el gobierno de Juan Manuel Santos y su cercanía con las instituciones derivadas del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas FARC la hacen cercana al bloque santista cercano al gobierno de Gustavo Petro.
Frente a las propuestas para la Defensoría, Marín considera que el rol de la Defensoría sigue radicando en la legitimidad que tiene la institución para generar puentes entre diferentes sectores de la burocracia con la población para la defensa de los derechos humanos, antes que dotarle de funciones sancionatorias y persecutorias, por lo que se espera que Marín no genere mayores transformaciones dentro del aparato institucional de la Defensoría, ni que termine por mover cualquier proyecto que amplíe sus funciones.
Por su parte, Jomary Ortegón es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derecho constitucional, estudios de género y derecho penal y magister en estudios latinoamericanos. También es la actual vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
Ortegón ha tenido relevancia por los casos que ha asumido, entre ellos el litigio de 60 casos de violaciones de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la defensa de figuras y eventos importantes de la política nacional ante el mismo ente, como el caso de la destitución de Gustavo Petro, el caso de la Masacre de Mapiripán, el caso Palacio de Justicia, el caso Manuel Cepeda Vargas y el caso de la Masacre de la Rochela.
Del mismo modo, Ortegón también tiene relevancia por su rol en el acompañamiento a las denuncias frente a los falsos positivos durante el gobierno Uribe, lo que ha llevado a que sea cuestionada por congresistas del Centro Democrático y por el mismo expresidente, especialmente luego de que se radicara ante la justicia argentina una denuncia contra Álvaro Uribe sobre este tema en 2023, apelando al principio de jurisdicción universal.
Para Ortegón, lo fundamental de la nueva Defensoría gira sobre el fortalecimiento institucional a partir de una restructuración en la relación directa que tiene la Defensoría con entidades como la Procuraduría y la Fiscalía, con el fin de que la entidad tenga mayor relevancia y legitimidad en el territorio, así como las alertas tempranas y los llamados de esta tengan efectos en estas instituciones y consecuencias legales mucho más claras. De igual manera, propone el fomento de la participación comunitaria y la recuperación de los espacios territoriales de la institución.
La terna la cierra Dora Lucy Arias, abogada especialista en derecho constitucional y magister en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Durante sus más de 20 años de experiencia ha representado a las víctimas en diferentes casos donde se presentan casos de graves violaciones a derechos humanos, así como también, a organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas vulneradas y en proceso de reorganización y fortalecimiento organizativo.
Su propuesta está centrada en fortalecer la presencia regional de la Defensoría en los territorios, destacando la importancia del reconocimiento y de la implementación de políticas públicas y estrategias para proteger a las poblaciones civiles de los territorios más periféricos del país.
De las tres candidatas, ninguna propone una transformación profunda de la Defensoría, ni defienden abiertamente brindarle mayores poderes y facultades frente a las labores que ejercen otras instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría.
La huella del Cajar en esta elección a Defensoría
Que dos de las ternadas sean del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) deja claro que el gobierno ha querido abrir la defensoría a las organizaciones y colectivos sociales. De hecho, ya el pasado 18 de julio, organizaciones de derechos humanos y feministas recomendaron en una carta los perfiles de Jomary Ortegón e Iris Marín para el cargo, resaltando la importancia de que una mujer pudiera asumir aquel rol y del trabajo que las mujeres han ejercido en la defensa de los derechos humanos.
No es para menos. El Cajar nació en 1978 como respuesta ante el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, en la que muchos de los civiles retenidos por el Estado eran juzgados en tribunales militares, participó en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y ha tenido relevancia en la defensa de los derechos humanos, especialmente en casos de desapariciones forzadas, persecución política, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y masacres.
No por nada tiene muchísima importancia su rol en la construcción de verdad, justicia y reparación frente a la violencia sociopolítica del país durante los últimos años, junto con el acompañamiento a organizaciones de víctimas y la elaboración de informes para los organismos de justicia transicional en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz con las FARC.
Los movimientos y cálculos en el congreso
La elección de la nueva defensora se ha convertido en una verdadera campaña política al interior del Congreso de la República, lo que marca diferencias respecto de campañas anteriores, donde la elección era un saludo a la bandera desde el momento en el que se conocía al candidato respaldado por el gobierno de turno, quien en la mayoría de los casos resultaba electo sin mayor problema por la Cámara de Representantes.
No obstante, la terna presentada por el gobierno generó bastante ruido, especialmente en la oposición de derechas, donde el Cajar no es bien visto por su acompañamiento a las denuncias acerca del paramilitarismo, los falsos positivos y a otros hechos sucedidos durante el gobierno de Álvaro Uribe, como las chuzadas del DAS. Para algunos representantes como Hernán Cadavid, el nombre de Jomary Ortegón genera mucho ruido, pues consideran que ha encabezado una “persecución” contra Uribe y los miembros de su partido desde el Cajar, por lo que consideran que su nombramiento podría ponerlos en riesgo y como objetivo de, lo que consideran, sería una “Defensoría parcializada”.
Ante el temor de que el uribismo en pleno y Cambio Radical decidan votar en blanco o abstenerse de votar por cualquier candidato que les genere ruido, el gobierno se ha movido para apoyar a Iris Marín, quien se ha especulado que es apoyada por Juan Fernando Cristo y el Ministerio del Interior y que, de las ternadas, es la más moderada en su experiencia laboral y posturas frente al nuevo rol que ejercería en la Defensoría.
De hecho, en el reporte Coronell del día 14 de agosto, emitido por la W, se conoció que el gobierno (excluyendo a los partidos de oposición) se ha reunido para lograr el apoyo unánime de los partidos de la bancada de gobierno y de los partidos independientes para ir con un voto en bloque hacia alguna de las candidatas, que en este caso sería Iris Marín.
No obstante, el gobierno se ha blindado en señalar que apoya a las tres ternadas y que no tiene interés por ninguna de ellas, aunque hasta hace unas horas se cantaba que el apoyo estaba decantado por Jomary Ortegón, especialmente luego de la reunión de la bancada del Pacto Histórico con esta candidata, cuyo apoyo ha sido movilizado por Alirio Uribe, quien fuera presidente del Cajar a inicios de la década pasada.
María Fernanda Rangel, según el Reporte Coronell y según fuentes de El Tiempo, ha estado moviendo el apoyo a Marín dentro de la misma Corte Constitucional, donde Marín ha dejado buenos comentarios, al igual que Rangel ha estado buscando apoyos para Marín dentro de las bancadas de la oposición, que sienten resquemor por que llegue Ortegón o Arias a ese cargo.
El gobierno esperaría a tener un voto unánime con la mayoría de los partidos con los que se reunió para poder definir una candidatura única en la tarde del 14 de agosto. Sin contar con los votos de la oposición, el gobierno espera el apoyo de la Alianza Verde, del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U, con lo que sumaría eventualmente 143 votos de 187 posibles, aunque con la potencial posibilidad de que congresistas de estas bancadas decidan votar en blanco, la cantidad de votos que sumaría la candidata que apoye el gobierno estaría sobre los mismos 110~115 votos con los que cuenta el gobierno en la plenaria de Cámara.
Los retos para la nueva defensora del pueblo
Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la nueva defensoría tiene varios retos por cumplir, especialmente tras la gestión de Camargo que, según varios analistas, se ha considerado bastante sutil y con poca incidencia dentro de la defensa de los derechos humanos en el país.
1. El primer reto radica en la consolidación de una Defensoría eficiente, sin que esté mediada por el intercambio burocrático a congresistas a cambio de los votos necesarios para ser elegida en el cargo. Para Bonilla, el que ninguna de las tres venga del mundo de la política las hace susceptibles a operadores políticos que busquen entregar su apoyo a cambio de cargos dentro de la entidad, apetecida por tener más de 4000 puestos y que históricamente ha sido un bastión del Partido Liberal.
2. Un segundo reto tiene que ver con el aumento de la capacidad de la Defensoría, especialmente frente a la carga laboral de la mayoría de los funcionarios, que suele ser alto frente a las necesidades de la institución y que en muchos casos no suele dar abasto.
3. Según Bonilla, también es necesaria una “desclientelización” de la Defensoría, especialmente a nivel local y regional que permita recuperar la independencia y representar de manera adecuada la mayoría de los intereses de las comunidades, reconstruyendo la confianza existente previamente y reactivando las labores de la Defensoría, que a causa del clientelismo ha tenido menor incidencia a nivel territorial.
4. Es necesario resolver los cuellos de botella existentes dentro de la gestión de la Defensoría, especialmente frente a su incidencia territorial contrastada con las pocas facultades que tiene. Bonilla pone el ejemplo de las alertas tempranas, en las que considera que los funcionarios no están pendientes de generar las alertas tempranas y atenderlas, sino de que los entes de control no estén encima de ellos, además de la incapacidad de la defensoría por brindar información de análisis a nivel territorial, puesto que se ha convertido en fuente de análisis y datos, pero carece de un sistema de información y análisis más concreto.
5. Finalmente, Bonilla señala que el reto más grande de la Defensoría radica en su relación con el Ministerio del Interior, especialmente en la consolidación de la Política Nacional de Protección y Prevención de la labor de líderes y defensores de Derechos Humanos, y a la dispersión de los instrumentos e instancias para atender estos casos. Además, porque el trabajo mancomunado debería ir frente a la capacidad de traducir lo que indica el sistema de alertas en acciones de acuerdo con la capacidad del Estado y a las capacidades de los entes regionales y locales.
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