Por: Guillermo Linero Montes
Escritor, pintor, escultor y abogado de la Universidad Sergio Arboleda
En el último de los debates entre los aspirantes a la Alcaldía de Bogotá –llevado a cabo el 24 de octubre por City Tv y El Tiempo–, el candidato Gustavo Bolívar se disgustó porque la periodista Darcy Quinn, en vez de preguntarle acerca de los contenidos de su programa de gobierno, lo hizo sobre el tema de La Primera Línea, sabiendo, como debía saberlo, que la justicia ha dejado claro que el candidato Bolívar no tuvo ninguna participación ilegal en ella y, por el contrario, con su aporte de cascos y escudos a los jóvenes de La Primera Línea, evitó que más de ellos perdieran sus ojos –como los perdieron muchos– e incluso la vida.
Y se disgustó, con justa razón, pues el tema de La Primera Línea ha sido un caballo de batalla de empresarios y políticos corruptos –y de los medios de comunicación que trabajan para ellos– en su afán de criminalizar a una franja social de jóvenes a quienes parecieran despreciar y, por tal desafuero, luchan políticamente para negarles el estudio y mantenerlos trabajando bajo esclavitud, con arduas labores y miserables sueldos o, en el peor de los casos, para roturarlos de maleantes y exterminarlos.
Bajo tal contexto –de nulo profesionalismo periodístico– pidió el candidato Bolívar a los moderadores del debate que se fijaran mejor en los contenidos de su programa de gobierno; pues con su aplicación busca atacar las causas de la delincuencia, antes que ver en cada joven, sin estudio y desempleado, el perfil de un delincuente peligroso. En tal sentido, la campaña de Gustavo Bolívar va contra esta premisa anti jóvenes, puesta en práctica durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez: si no están recogiendo café, es porque están delinquiendo.
Este llamado de atención del candidato Gustavo Bolívar –acerca de mirar las causas y no perseguir estrictamente a quienes estas mismas causas les impidieron consolidar principios morales y ocuparse en algún noble oficio– ilustra lo sucedido al papa Francisco y al presidente Gustavo Petro, a quienes acusan de no querer condenar el asalto de Hamás contra la población de Israel.
No obstante, lo cierto es que, si bien tanto el papa como nuestro presidente lo han hecho implícitamente –condenar el asalto de Hamás–, no lo han hecho manifiestamente; porque, aun cuando a muchos les cueste entenderlo, dichos actos terroristas –vistos inteligentemente con la coherencia del todo y no desde el caos de una parte– así como fueron causa de la muerte de muchos civiles, también fueron consecuencia de la continua violencia del Gobierno Israelí contra los palestinos. Al respecto, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que: “es importante reconocer que el ataque de Hamás no surgió de la nada. El pueblo palestino ha estado sometido a una ocupación asfixiante durante 56 años”.
Pero, bueno, la realidad es que desconocer las “causas profundas”, como denomina la iglesia católica a “la causa de la causa”, no ocurre solamente en el contexto de los hechos políticos, igualmente ocurre en la cotidianidad de las relaciones sociales y, lo cual resulta más grave, pasa de modo recurrente en el derecho penal, aun cuando el llamado “principio de causalidad eficiente” (la causa de la causa es la causa de lo causado) exige a los jueces e investigadores judiciales tener en cuenta el nexo existente entre una conducta anómala –la causa– y la responsabilidad producida –su consecuencia–, pues esta última puede estar motivada por una causa mucho más profunda –la causa de la causa–.
De corriente, los jueces se empecinan en perseguir al señalado como culpable de una conducta antijurídica (digamos apresando a quien roba un cubo de caldo de gallina), pero nunca se preguntan qué causó la ocurrencia de tal conducta –que ha podido obedecer a un estado de necesidad exento de responsabilidad penal como la falta de alimentos–, en cuyo caso la responsabilidad sería además del Estado. No en vano, en la esencia del derecho, la causa de la causa –la “causa profunda”– es suficiente razón para mover los resortes de un Estado y disponerlo para que proteja los derechos allí vulnerados.
Esta preocupación por hallar la “causa profunda”, sin demeritar la causa de lo causado, y que se desinteresa por el sujeto activo del ilícito penal, en función de compadecerse con el ser humano, es propia del sentido común y con seguridad su aplicación es más antigua que los sistemas de derecho positivo. Sin embargo, muchos teóricos le endilgan esa premisa a Tomás de Aquino –el teólogo y filósofo del siglo XIII, llamado Doctor Angélico–, pues la menciona en sus Quaestiones disputatae, y tampoco resulta descabellado endilgársela, si consideramos que Tomás de Aquino entendía la lógica como una suerte de puente entre la fe y la razón; algo así como creer en la responsabilidad de un culpable; pero investigar y comprobar los hechos motivantes para hallar “la causa primera” –como efectivamente ya la había nombrado Aristóteles– que le llevó a un mal comportamiento y a infringir las normas jurídicas.
Finalmente, y de ahí la pertinencia del tema en este espacio de Pares, es que la mentada premisa de justicia universal, debería ser un principio ético y el punto de partida para políticos y gobernantes, si el sentido común les permitiera comprender que al descontar los factores generadores y surtidores de “la causa de la causa” (“la primera causa” o ”la causa profunda”), es decir, al suplir las necesidades básicas –salud, educación y trabajo–, estarían previniendo la mayor parte de las conductas penales imputables.
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