Por: Línea Migración, Región y Frontera
La vereda El 25, ubicada en el corregimiento de Banco de Arena de Cúcuta, es el primer territorio no PDET donde se implementa la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
El proyecto, implementado por la Alcaldía de San José de Cúcuta, en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), tiene una inversión de cuatro mil millones de pesos e inició ejecución en enero de 2021, logrando que las 27 familias que habitan en esa zona rural se comprometieran a cambiar coca por plátano, cacao y maderables.
La apuesta pretende convertir a El 25 en un modelo exitoso de sustitución de cultivos ilícitos. Elisa Montoya, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de la Alcaldía de Cúcuta, señaló la pertinencia del proyecto en la vereda: “en primer lugar, es la que tiene un número de familias más controlable y, segundo, porque no tiene una gran área de coca cultivada, como sí pasa con Vigilancia, que puede tener un poco más de 150 hectáreas de coca”.
Mapa No. 1. Densidad de cultivos de uso ilícito en Cúcuta
Fuente: UNODC, 2021
De acuerdo al convenio, la primera fase del proyecto culmina en 2022, pero posteriormente se realizarán dos años de asistencia técnica, para hacerle seguimiento.
Experiencias previas desarrolladas en la zona rural, como el programa Entornos Protectores para un Territorio en Paz, que busca garantizar el acceso a la oferta institucional; o el programa 1,2, 3 por la Paz Fronteriza, desarrollado para prevenir el riesgo de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, fortalecieron la confianza en la Alcaldía, posibilitando la participación de las familias en la erradicación voluntaria.
Los espacios de diálogo gestados en los proyectos en mención resultaron fundamentales para la iniciativa, pues fueron las comunidades quienes destacaron la necesidad de un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos. Durante nueve meses, los habitantes de El 25 y la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz concertaron los modelos productivos, teniendo en cuenta un estudio de suelo, el enfoque veredal y las condiciones del mercado.
Las conversaciones permitieron que, a inicios de 2021, las comunidades lograran la suscripción del acuerdo individual. Es decir, el proyecto se estaba implementando, pese a que la violencia del área metropolitana de Cúcuta no es coyuntural sino sistemática, como han señalado La Opinión, Border Lab, El Espectador y Pares, en el espacio Diálogos de Frontera. La vulneración de derechos humanos se agudizó cuando, en septiembre de 2021, 150 campesinos de Banco de Arena se desplazaron por amenazas de grupos armados.
Actualmente, estructuras armadas ilegales como El Clan del Golfo, el ELN y el GAPF Frente 33 hacen presencia en la zona rural de Cúcuta. Sin embargo, las comunidades le siguen apostando a la construcción de paz, con el lema “la sustitución, el único camino”.
Adicional a la iniciativa de erradicación voluntaria, con recursos de cooperación internacional, se construyó un salón comunal y se proyecta, para 2023, una inversión de más de cinco mil millones para la placa huella de la vía terciaria que comprende desde Banco de Arena hasta la vereda El 25.
Un trabajo ajustado a las condiciones del territorio, que beneficie a la totalidad de las familias, que no desborde capacidades, que demuestre resultados y que responda a las necesidades de las personas, así como al análisis del suelo y a las demandas del mercado, fueron los pilares que se tuvieron en cuenta.
A partir de los avances, Elisa Montoya, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de la Alcaldía de Cúcuta, recomienda al Gobierno Nacional: “inversiones focalizadas por territorios o veredas, ya que el establecimiento de proyectos productivos tarda tiempo; cuando empieza a salir la cosecha es otro tiempo, para que la gente se organice de forma colectiva también requiere tiempo y por eso quisiéramos que desde lo nacional se repliquen modelos pequeños para ver resultados en el corto plazo”
En medio de la violencia que no cesa, las familias de la zona rural de la ciudad siguen anhelando la paz. Motivadas por la experiencia de El 25, actualmente le demandan apoyo a la institucionalidad para erradicar los cultivos ilícitos de manera voluntaria.
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