Por: Katerin Erazo, Periodista
La corrupción es un problema que afecta a todos los países del mundo, y Colombia no es una excepción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, el país obtuvo 39 puntos sobre 100, evidenciando la persistencia de serias problemáticas estructurales que afectan a toda la población.
Por esta razón, es crucial que el Gobierno tome medidas con mayor contundencia y actúe para combatir el delito que desde diferentes sectores, ha generado profundas brechas de desigualdad y pobreza en el país. Sin embargo, parece que algunos políticos aún no han entendido la importancia y su papel para implementar soluciones.
Vale la pena resaltar la postura del presidente Gustavo Petro, quien no asistió a las altas cortes en la Casa de Nariño, en noviembre del año pasado. Este hecho generó una gran indignación entre los magistrados, que expresaron desaires y un sentido de humillación a causa de la falta por parte del mandatario.
Si bien el problema de la corrupción es complejo y difícil de abordar, es necesario asumir una postura desde el Gobierno que contemple el fortalecimiento de la justicia, los procesos de investigación, las recomendaciones sobre transparencia para detectar a tiempo el delito y así mismo, medidas efectivas para prevenirlo.
En la misma línea, el Senador Iván Cepeda respaldó a León Valencia, director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), y sus propuestas para abordar la problemática histórica en Colombia.
Cabe resaltar que durante los últimos años, se han reportado varios casos de corrupción que han sacudido el país. A continuación, se presentan algunos de los casos de corrupción más sonados en Colombia:
Odebrecht: Este caso de corrupción es uno de los más conocidos a nivel mundial, y Colombia no fue la excepción. Se trata de una empresa brasileña de construcción que admitió haber pagado sobornos a funcionarios públicos de varios países para obtener contratos de obra pública. En Colombia, se han visto implicados varios políticos y empresarios, y las investigaciones siguen en curso.
Reficar: La Refinería de Cartagena (Reficar) fue un proyecto de modernización de la refinería más grande de Colombia, con una inversión de más de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, el proyecto se convirtió en un caso de corrupción que implicó a varios funcionarios públicos y empresarios, quienes habrían recibido sobornos y generando sobrecostos.
AIS: El Agro Ingreso Seguro (AIS) fue un programa del gobierno colombiano para impulsar el sector agropecuario del país. Sin embargo, el programa se convirtió en un escándalo de corrupción, ya que se descubrió que algunos de los beneficiarios eran empresas fantasma o políticos que no tenían relación con el sector agropecuario.
Corte Suprema de Justicia: En 2017, se destapó un escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, en el que varios magistrados habrían recibido sobornos para manipular procesos judiciales. El caso generó gran indignación en el país y llevó a la destitución de varios magistrados implicados.
Carrusel de la contratación: Este caso de corrupción se refiere a una red de políticos, empresarios y funcionarios públicos que manipularon procesos de contratación en Bogotá para beneficiarse económicamente. El escándalo llevó a la destitución del alcalde de la ciudad en ese momento, Samuel Moreno, y a la condena de varios implicados en el caso.
Estos son solo algunos de los casos de corrupción que han generado un gran impacto en Colombia en los últimos años. Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea Gobernabilidad y Democracia de Pares, enfatizó en la importancia de que el Gobierno de Gustavo Petro aborde el problema de la corrupción, ya que esto fue parte de su agenda de campaña. Además, esta problemática desvía una gran cantidad de recursos salariales que podrían destinarse a la solución de múltiples problemas en el país. (Ver: ¿Quiénes son los políticos conservadores presuntamente involucrados en el escándalo de los OCAD-Paz?)
Garzón también enfatizó que es sumamente difícil abordar los graves problemas de Colombia, como la pobreza, la criminalidad y las economías ilegales, sin abordar primero la corrupción, ya que esta se alimenta de cada uno de ellos. La investigadora citó el caso reciente (2022) del senador liberal Mario Castaño, quien lideró una estructura criminal en complicidad con alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, y se apropió de recursos multimillonarios de la administración pública que provenían del patrimonio del Estado. (Ver: Mario Castaño aceptó delitos por corrupción ante la Corte Suprema de Justicia)
Según Garzón “el Gobierno tiene un margen de maniobra limitado en cuanto a la agenda anticorrupción, ya que "actualmente, ir en contra de los políticos podría perjudicar la aprobación de las reformas en el Congreso. Se encuentra en una encrucijada, ya que si el gobierno persigue a los políticos corruptos, es posible que pierda su apoyo en el Congreso para la aprobación de las reformas”.
Cabe recalcar que según Transparencia por Colombia, el país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100 y ocupa el puesto 91 entre 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022. Aunque la calificación obtenida no varió respecto al año pasado, Colombia cayó cuatro puestos en el ranking global debido a que cinco países que compartían posición y puntaje con Colombia en 2021, lograron mejorar su desempeño.
A nivel mundial, la calificación promedio se mantuvo sin cambios en 43 sobre 100 y más de dos tercios de los países tienen un grave problema de corrupción. Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda tuvieron el mejor desempeño en el IPC 2022, mientras que Yemen, Venezuela, Sudán del Sur, Siria y Somalia siguen siendo los países peores calificados.
En las Américas, el promedio obtenido fue de 43 puntos sobre 100 por cuarto año consecutivo; Canadá, Uruguay y Estados Unidos tuvieron la mejor calificación, mientras que Venezuela, Haití y Nicaragua fueron los peores calificados.
Ante esta situación, Transparencia por Colombia señaló que la corrupción aún no ha sido contrarrestada de manera suficiente y se requieren medidas para abordar la corrupción que aumenta los niveles de conflictividad en el país, fortalecer la identificación de riesgos de corrupción relacionados con la consolidación de la paz y contrarrestar los efectos de la misma en la calidad de vida, los derechos humanos y el ambiente. Además, menciona que se necesita una visión clara del Gobierno para combatir la corrupción, incluyendo un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo.