Por: Diego Alejandro Pedraza, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Las últimas actuaciones de la Corte: entre el acelerador y la incertidumbre
En las últimas semanas la Corte Suprema de Justicia ha comenzado a disipar las dudas que se movían sobre los procesos que recaen en contra de los congresistas mencionados por Olmedo López y Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el cual copó las primeras páginas hace un par de meses.
Los nombres son numerosos, las cifras elevadas y los responsables siguen siendo un misterio para el país y la opinión pública. Sin embargo, lo único claro hasta ahora es que el Congreso de la República, la institución más desacreditada entre los colombianos, está involucrado, a través de alguno de sus miembros.
En teoría, según Olmedo López, el dinero de los carrotanques se movió de forma opaca, entre habitaciones de hotel y maletines negros comprados por los conductores de Sneyder y Olmedo, con el fin de manipular la conciencia y el voto del entonces presidente opositor Iván Name y del presidente de la Cámara, Andrés Calle.
El escándalo se agravó cuando cinco congresistas más, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en ese momento, quedaron involucrados. Estos congresistas, presuntamente, habrían solicitado favores y beneficios en el Ministerio de Hacienda a cambio de sus votos para aprobar los cupos necesarios que permitieran al Estado colombiano acceder a nuevos préstamos.
El Congreso se ha movido siempre de esta manera: un voto se intercambia por un favor, por un puesto o, simplemente, por un acuerdo político que asegura el poder que los congresistas tanto se enorgullecen de mantener.
Por otro lado, la Corte Suprema ha tendido a perder eficacia cuando se ha tratado de aforados. Los procesos se suelen prolongar indefinidamente, con tiempos interminables y casos que quedan archivados en gavetas. Las investigaciones contra congresistas o excongresistas avanzan lentamente, dejando tras de sí una sensación de impunidad y descontento en una sociedad cada vez más cansada y desencantada de la corrupción cíclica e interminable.
Aunque parecía que este caso seguiría el mismo curso de siempre, el 5 de noviembre la sala de instrucción de la Corte decidió abrir una investigación contra Iván Name y Andrés Calle. Posteriormente, el 12 de noviembre, se llamó a indagatoria y se abrió una investigación formal contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, así como también contra el excongresista Juan Diego Muñoz.
Pero… ¿Qué dice la Corte?
Fuente: La FM
La corte hasta el momento se ha movido en una investigación a dos bandas. Por un lado, la investigación contra los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle y por el otro, contra los congresistas miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Los casos son bien disimiles entre ellos, pues en el referido a los expresidentes del legislativo, sus nombres han rondado desde el inicio de la investigación por el caso de la UNGRD. Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, a Iván Name le dieron $3 mil millones de pesos por intermedio de la antigua consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien maniobró la situación con toda la parafernalia que acompañó el caso: maletines negros, una suite en el Hotel Tequendama y transacciones oscuras y sospechosas.
De la misma manera pasó con el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, un liberal abnegado al bloque de gobierno, quien presuntamente recibió $ 1.000 millones de pesos de manos del exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad de Gestión, Sneyder Pinilla, quien se tuvo que desplazar hasta Montelíbano para llevarle el dinero a Calle y, con eso, asegurar el trámite de las reformas del gobierno en el Congreso.
En el auto de 53 páginas, la sala de instrucción determinó que esos dineros fueron enviados para que los presidentes impulsaran el trámite de las reformas en el legislativo, agendándolas con prioridad, moviendo a los congresistas e impulsando ese trámite burocrático que ha caracterizado a este y a todos los gobiernos, donde los congresistas emiten su voto mientras conversan con el ministro de turno.
Es relevante cómo se desarrolló todo, especialmente cuando se considera que el principal implicado es Iván Name, un congresista que llegó a la presidencia gracias a una contingencia organizada por los partidos independientes y de oposición, como respuesta a la candidatura de la entonces candidata del gobierno, Angélica Lozano.
Name se convirtió desde ese día en un opositor del gobierno y, con su discurso de confrontación, aprovechó las oportunidades que tuvo para cuestionar el proyecto del presidente Petro y las reformas sociales que se tramitaban en el Congreso. Sin embargo, lo que no era conocido es que, por detrás, se estaban gestando acuerdos, y el entonces director de inteligencia, Carlos Ramón González, se encargaba de manejar los hilos del poder legislativo.
La investigación durmió por meses, hasta que la sala de instrucción entregó el auto en el cual señalan no solo el objeto que tuvo el dinero, sino también el proceso que siguió este soborno, que presuntamente terminó en las campañas de María Clara Name, hija de Iván Name y concejal de Bogotá por el Partido Verde, de Gabriel Calle Demoya, alcalde de Montelíbano y padre de Andrés Calle, y la campaña de Gabriel Calle Aguas a la Gobernación de Córdoba.
Por el momento, la Corte decidió dar inicio a la recolección de pruebas relacionada a estas financiaciones y a todo el entramado de corrupción que se ciñe alrededor del escándalo de la UNGRD.
Los de la Comisión de Crédito Público
Fuente: La Silla Vacía
Pero cuando decimos que la Corte decidió impulsar el acelerador en este caso, es por la apertura formal de investigación contra los congresistas mencionados por Olmedo que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Si bien se pensaba que con Name y Calle concluía la actuación del órgano judicial, el 12 de noviembre se dio un nuevo giro cuando la misma sala de instrucción abrió el proceso contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, así como también contra el excongresista Juan Diego Muñoz.
En el auto emitido por la sala la corte argumentó que “se tuvieron en consideración más de cincuenta pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales. Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD".
Según esto, los congresistas en cuestión aceptaron emitir los conceptos que amplió la capacidad de endeudamiento del Estado y también, la ampliación del presupuesto destinado a la UNGRD. Y todo, con la presunta intervención de funcionarios cercanos al ministro, Ricardo Bonilla.
Aunque hoy no es muy clara la participación que tuvieron cada uno de los aforados. Sin embargo, es claro que la Corte ha iniciado formalmente el proceso que puede terminar con el esclarecimiento final de los hechos del mayor escándalo de corrupción que ha golpeado al gobierno del presidente Gustavo Petro.
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