Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El 11 de julio de 2024 cumplen tres décadas las importantes leyes 142 y 143 de 1994, con las que se reglamentó en Colombia la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y de manera particular, el servicio de energía eléctrica y gas. Con ellas, también cumplirá la misma edad, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien funge como organismo regulador y controlador de todos estos servicios.
La CREG fue creada como una organización estatal, de carácter técnico e integrada por un cuerpo colegiados de nueve miembros: seis expertos comisionados —elegidos todos por el presidente de la República— y cuatro miembros del Ejecutivo —tres de ellos con voz y voto: los ministros de Minas y Energía, Andrés Camacho, y el de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, además el Director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya; y el cuarto solo tiene voz, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos—.
La tarea de estos nueve agentes, según la Ley 142 de 1994 son múltiples —26 generales y 11 específicas—, sin embargo se puede resumir en que en el país se logre prestar los servicios de energía eléctrica y gas natural, además desde 2011, de gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos, de manera apropiada por empresas públicas o privadas en calidad, cantidad y cobertura al mayor número posible de usuarios en el país.
Hay que decir que durante estos 30 años de vida, la CREG se ha esforzado por cumplir a cabalidad este importante papel regulatorio, lo que ha posibilitado que el funcionamiento del mercado de los servicios públicos domiciliarios sea adecuado. Ha logrado dirigir la industria para que esta se mantenga alejada del fantasma del racionamiento. Además, ha incentivado la expansión de la oferta de los servicios públicos, configurando un sistema que hoy se considera, a pesar de las dificultades, como sólido y confiable.
Sin embargo, también esta organización estatal ha pasado por momentos de grandes tensiones y fuertes dificultades. Una de ellas es la que atraviesa en la actualidad, donde se cuestiona a la CREG por no estar conformada de manera como la norma lo exige. Al cumplir sus 30 años el ente regulador no cuenta con el quórum suficiente —al menos tres expertos comisionados y los tres miembros del Ejecutivo— para tomar las importantes decisiones regulatorias que permitan el buen funcionamiento del sistema.
En la primera semana de julio de 2024 sólo se tiene a Baisser Antonio Jiménez Rivera, quien es el único experto comisionado en firme, encargado desde abril de 2024 y fue nombrado tan solo recientemente. Los demás miembros se les vence la provisionalidad de su nombramiento antes del 11 de julio de 2024 —al experto comisionado Omar Velandia, quien es el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se le venció el encargo el 2 de julio; y a Manuel Peña se le vence el próximo 11 de julio—.
Además, su director ejecutivo, Omar Fredy Prías Caicedo, el Consejo de Estado, desde su Sección Quinta, el 5 de julio anuló su nombramiento, el cual venía ejerciendo su labor en la dirección de la CREG desde el pasado 15 de noviembre de 2023. Según el fallo del Consejo, el experto Prias no cumplía con la experiencia que se exige para su cargo. Al revisar su hoja de vida no se certificó el haber estado en algún cargo de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, lo que invalida su posesión.
Todo este asunto alrededor del nombramiento de los expertos comisionados de la CREG comenzó desde el mismo mes de agosto de 2022 de posesión del gobierno Petro. Desde aquel primer momento, se encontró con que la mayoría de los miembros de la Comisión eran fichas nombradas por el gobierno de Iván Duque, a los cuales les faltaba más de un año para su reemplazo, lo que provocó tensiones con la presidenta del organismo, la ministra Irene Vélez, y el rechazo de muchas propuestas reguladoras que hacía el Gobierno.
La reacción del presidente Petro, ante la tan difícil situación por la que pasa el país en materia de servicios públicos, ha sido la de tomar decisiones vía decreto. También, aplazar el nombramiento de los expertos comisionados, hasta el punto que solo en noviembre de 2024, un año y tres meses después de posesionado, nombró al primer experto comisionado, a quien, como vemos, lo ha destituido recientemente el Consejo de Estado.
Sin embargo está es una situación que el Gobierno no puede mantener. La ley es clara en que es necesario que la CREG cumpla con las funciones constitucionales para las que fue creada. Las altas cortes están exigiendo al Ejecutivo que las labores de regulación de los servicios públicos domiciliarios sean de las comisiones. Y que no puede escudarse en la falta de quórum —tal como lo exige el reglamento interno de la Comisión— para suplantarlo en estas labores.
Incluso la Procuraduría General de la Nación, ante la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por el Consejo de Estado dentro de la Acción de Cumplimiento, está presionando al Gobierno desde enero de 2024 para el cumplimiento del quórum que exige la ley. En este sentido es urgente que el presidente de la República nombre a los seis comisionados expertos. No es conveniente para la estabilidad del sistema que se irrespete las normas, aunque sean por una justa causa.
Hay decisiones regulatorias urgentes que tomar. El país está enfrentando un período muy difícil en materia de servicios públicos. Primero, debe atender las consecuencias de la difícil situación climática, la que llevó el sistema al límite de un racionamiento, y que exige la ejecución de proyectos de generación y nuevas redes de transporte de energía, en especial en regiones de la Costa Atlántica.
Segundo, plantear un esquema alternativo tarifario para aliviar los elevados precios de los servicios públicos domiciliarios que hoy tienen los hogares en todo el país. Y tercero, trabajar en la reglamentación para los nuevos mecanismos de prestación del servicio de energía eléctrica, en especial, la renegociación de contratos bilaterales de energía entre generadores y comercializadores destinados al mercado regulado.
En conclusión, a los 30 años de las leyes que estructuran el sector de los servicios públicos domiciliarios en Colombia y de la creación de la CREG se está pasando por un momento crítico del sistema. Esta situación hace que se piense en la urgencia de construir propuestas para transformar nuevamente la normatividad y el sector energético; sin embargo, está no es razón suficiente para que el Gobierno se escude y busque suplantar la institucionalidad vigente.
Además, el presidente no puede seguir retrasando el nombramiento de los expertos comisionados de la CREG. Debe aprovechar la posibilidad que tiene de poner al frente del importante organismo personas idóneas, de su confianza y comprometidas con las transformaciones que requiere el país, para que de forma autónoma lo acompañen, en el corto y mediano plazo, en la toma de las mejores decisiones para el país. Se requiere de un organismo que, además de regular y promover la oferta, logre defender de manera apropiada el interés de todos los consumidores-usuarios.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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