Por: Sebastian Solano - Coordinador de la línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil
La Universidad de Pamplona, una de las Instituciones de Educación Superior más importantes del Norte de Santander, se encuentra en medio de un escándalo que amenaza con la autonomía universitaria y la gobernanza institucional. Lo que debería ser un proceso transparente y democrático para elegir a su próximo rector se ha convertido en un entramado de irregularidades administrativas, conflictos de interés y violaciones a las normativas internas de la institución. Se espera que hoy miércoles 4 de diciembre, Sea elegido el nuevo rector de la institución, en medio de un escenario poco transparente e ilegitimo para la comunidad educativa.
Con más de 60 años de historia y alrededor de 20.000 estudiantes, la Universidad de Pamplona tiene un impacto significativo en la región, no solo como centro educativo, sino como motor de desarrollo económico y social. Su estructura organizativa se rige por la Ley 30 de 1992, que garantiza la autonomía universitaria, permitiéndole autogobernarse dentro del marco de la ley. Sin embargo, la autonomía no puede estar desligada del respeto a los principios de democracia, transparencia y justicia, valores que ahora parecen estar en riesgo.
Ivaldo Torres, rector desde 2017, fue reelegido en 2020 tras cumplir con una evaluación satisfactoria del Consejo Superior Universitario (CSU), que certificó el cumplimiento del 80% de los objetivos de su plan de gestión, tal como lo exige el Artículo 26 del Estatuto General de la Universidad. Sin embargo, este mismo artículo establece claramente que un rector solo puede ser reelegido una vez. A pesar de esta restricción, Torres busca un tercer mandato, una maniobra que ha generado una ola de denuncias por parte de estudiantes, docentes y otros sectores de la comunidad universitaria.
El historial de Ivaldo Torres
La gestión de Torres ha estado marcada por diversos cuestionamientos. Durante sus dos mandatos, su administración ha sido objeto de serias acusaciones legales y éticas. Según documentos oficiales, Torres enfrenta 11 investigaciones en la Contraloría General por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Estas investigaciones incluyen contratos con sobrecostos y adquisiciones que carecen de justificación transparente. Uno de los casos más recientes es el contrato interadministrativo N.º 1840 de 2022, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Universidad de Pamplona por un valor de $151.136 millones, destinado a beneficiar a comunidades indígenas. La Contraloría emitió una advertencia especial debido a los continuos atrasos en su ejecución, señalando un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos y posible afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.
Por otro lado, se ha denunciado el uso de los recursos públicos de la universidad destinados a la contratación de medios regionales y nacionales para promover su imagen. Estas acciones, que se justificaron como estrategias de comunicación institucional justo en medio del calendario electoral. Entre los contratos más controversiales está el firmado con La Opinión S.A.S., por $14.760.000, destinado a la suscripción de ejemplares impresos y digitales, pero que en la práctica reforzó la proyección pública del rector. A este se suma un acuerdo con Publicaciones Semana S.A., por $67.830.000, que incluyó la producción de artículos y videos que exaltaron los logros de la administración, coincidiendo estratégicamente con el cronograma electoral.
La lista continúa con contratos con COMUNICAN S.A. y la Fundación Las Dos Orillas, por montos de $35.700.000 y $14.280.000 respectivamente, enfocados en publicaciones que resaltaron los avances institucionales bajo la dirección de Torres. Si bien formalmente justificados como promoción institucional, estos contratos revelan una preocupante instrumentalización de los medios para fortalecer la candidatura del rector. El gasto de más de $130 millones en publicidad no solo la igualdad de condiciones con las demás candidaturas a la rectoría de la universidad, sino que también representa un abuso de poder que desvía recursos esenciales el bienestar universitario.
Irregularidades en el proceso de elección
El proceso de elección del rector para el periodo 2025-2028 en la Universidad de Pamplona ha sido objeto de múltiples denuncias, evidenciando graves irregularidades que han puesto en riesgo los principios de transparencia, equidad y democracia institucional. Una de las irregularidades más significativas es la inclusión del actual rector, Ivaldo Torres, en la lista de candidatos habilitados, a pesar de que el Artículo 26 del Estatuto General establece claramente que el rector solo puede ser reelegido por un único periodo tras cumplir con una evaluación satisfactoria.
Esta habilitación, realizada por la Comisión Verificadora de Requisitos, ha sido ampliamente cuestionada debido a los vínculos administrativos entre sus integrantes y el rector. Según los documentos judiciales y administrativos, dicha comisión estaba compuesta por el secretario general, el director de la Oficina Jurídica y el director de Gestión de Talento Humano, todos ellos subordinados directos de Torres. Esto generó un conflicto de interés evidente, ya que el rector era simultáneamente juez y parte en el proceso.
Otro aspecto controversial es la implementación de una consulta no vinculante, incluida de manera irregular en el cronograma electoral. Esta consulta, dirigida a estudiantes, docentes y egresados, no está contemplada en los estatutos de la universidad y ha sido criticada por la falta de garantías de transparencia en la plataforma utilizada. Según las denuncias, la herramienta tecnológica carecía de auditorías externas y presentaba vulnerabilidades que podrían haber facilitado la manipulación de los resultados.
Ante las irregularidades, varios candidatos afectados presentaron acciones de tutela argumentando la violación de sus derechos fundamentales, como el debido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos. Estas acciones buscaban, entre otras cosas, excluir a Torres de la lista de candidatos habilitados y anular la consulta no vinculante. Uno de los casos más destacados fue el presentado por Óscar Fabián Cristancho Fuentes y César Augusto Parra Méndez, quienes también señalaron que la composición de la Comisión Verificadora y el Consejo Superior Universitario estaba comprometida por conflictos de interés.
El Juzgado Segundo Civil Municipal de Pamplona, encargado de resolver estas tutelas, falló en contra de los accionantes, declarando las solicitudes improcedentes. Este fallo generó controversia, ya que la jueza que tomó la decisión tenía una relación laboral previa con la universidad, lo que planteó serias dudas sobre su imparcialidad. La percepción de falta de independencia judicial ha incrementado la frustración de la comunidad universitaria, que considera que el sistema está favoreciendo la continuidad de Torres a pesar de las claras violaciones normativas.
Adicionalmente, se han presentado recusaciones contra todos los miembros del Consejo Superior Universitario, máximo órgano encargado de tomar la decisión final en la elección. Estas recusaciones, sustentadas en el principio de imparcialidad, alegan que los consejeros no podían votar por Torres debido a su calidad de subordinados administrativos del rector-candidato. Sin embargo, estas recusaciones fueron rechazadas sin un análisis exhaustivo, lo que incrementó la percepción de parcialidad en el proceso.
El problema se agrava por la actuación de los consejeros, quienes, según las evidencias, se abstuvieron de adoptar posturas claras frente a las recusaciones y las denuncias de irregularidades. En particular, la falta de liderazgo del gobernador de Norte de Santander como representante del Consejo Superior, y de otros integrantes, ha generado un vacío institucional que ha dificultado una resolución objetiva de los conflictos. Esto contrasta con el mandato legal que les exige actuar con imparcialidad y garantizar el cumplimiento estricto de los estatutos universitarios.
La crisis ha movilizado a estudiantes, docentes y egresados, quienes han hecho un llamado urgente para que se restauren los principios democráticos en la universidad. Entre sus principales demandas están la realización de una auditoría independiente que revise todas las etapas del proceso electoral, la eliminación de la consulta no vinculante del cronograma y la exclusión de Torres de la lista de candidatos. Una de las acciones más significativas ha sido la recolección masiva de firmas por parte de estudiantes y docentes. Esta campaña, que comenzó a mediados de 2024, ha logrado reunir 5.000 firmas de la comunidad universitaria y de ciudadanos de Pamplona y sus alrededores con el objetivo de solicitar la exclusión de Ivaldo Torres de la lista de candidatos habilitados. El comité organizador de esta recolección presentó las firmas ante el Consejo Superior Universitario, argumentando que la participación de Torres en el proceso electoral no solo contraviene los estatutos, sino que también mina la confianza en la institución. Además, los promotores señalaron que este tipo de campañas son una forma de ejercer control social y hacer visibles las demandas de una comunidad que exige respeto por las normas y los valores democráticos.
Otra acción clave ha sido la conformación de veedurías ciudadanas, integradas por estudiantes, egresados y líderes sociales. Estas veedurías han tenido como propósito monitorear cada etapa del proceso electoral, desde la publicación de las listas de candidatos habilitados hasta la realización de la consulta no vinculante y las sesiones del Consejo Superior Universitario. Estas observaciones han sido incluidas en informes presentados a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Educación Nacional, buscando que las autoridades tomen medidas correctivas.
Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional, como ente encargado de supervisar las universidades públicas, ha permanecido en silencio frente a las denuncias y las pruebas presentadas. La ausencia de un pronunciamiento oficial ha dejado a la comunidad universitaria en un estado de incertidumbre, sin un árbitro externo que garantice la transparencia y la justicia en el proceso.
La comunidad universitaria no solo se encuentra a la espera de soluciones inmediatas, sino también reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de control interno y aseguren que los futuros procesos electorales estén libres de irregularidades. Este caso es un reflejo de los desafíos que enfrentan las instituciones públicas en Colombia para mantener la transparencia y la legitimidad en sus procesos internos. Las irregularidades documentadas en este proceso electoral no solo afectan a la universidad, sino que también ponen en riesgo la confianza en el sistema de educación pública en el país. La respuesta a esta crisis será un punto de inflexión para la defensa de la autonomía universitaria y los principios democráticos. La comunidad universitaria y la sociedad en general esperan que se tomen medidas decisivas para garantizar que la educación pública se rija por los valores de justicia, transparencia y participación democrática.