Por: Junior Amin - Gerente de comunicacionese incidencia
Hace unos días, mientras cerrábamos nuestra jornada de planeación 2025 en la Fundación Pares, viví una situación que resume, en gran parte, los retos que enfrentamos como sociedad. Durante esa sesión de trabajo, uno de los jóvenes líderes, quien trabaja incansablemente por la comunidad LGBTIQ+ en el Catatumbo, recibió una llamada para ser amenazado y amedrentado por uno de los grupos armados que operan en ese territorio. Afortunadamente, gracias a la pronta reacción y el respaldo de la cooperación internacional, logramos iniciar con la activación de la ruta que garantizara la protección de su vida. Fue un recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos, cuando priorizamos la vida por encima de todo. Sin embargo, esta situación me deja muchas reflexiones.
La rapidez y la sinergia entre las organizaciones sociales y la cooperación internacional fueron clave para proteger a este defensor de derechos humanos. Pero no puedo dejar de sentir una mezcla de tristeza e indignación. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué son las organizaciones sociales y la cooperación internacional las que terminan asumiendo la responsabilidad de proteger a quienes debería cuidar el Estado colombiano? Este no es un trabajo que deberíamos estar haciendo solos. Lo hacemos porque creemos en la dignidad humana, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados, pero no es nuestra responsabilidad principal. Esta tarea es y siempre será del Estado, que tiene la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Es fundamental que el Estado asuma su rol como portador de estas obligaciones, para que la protección de los defensores de derechos humanos no dependa únicamente del esfuerzo de otros, sino que sea una prioridad institucional.
En Colombia, la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos no es un fenómeno nuevo. Lo que duele es que sigue siendo una constante. Sin embargo, el aumento de estas agresiones y la persistente falta de garantías de protección muestran un vacío estatal preocupante. Cada amenaza, cada agresión, es un recordatorio de los vacíos que el Estado no ha sabido llenar, por eso quiero dejar 3 mensajes claves:
Al Estado colombiano: Es urgente que cumpla con su responsabilidad constitucional de proteger la vida y garantizar los derechos de todos los colombianos, especialmente de quienes están en primera línea defendiendo los derechos humanos. Los mecanismos de protección deben activarse de manera oportuna, eficiente y con los recursos necesarios para prevenir que más vidas se pierdan.Cada día de inacción es un día en el que se pierden vidas.
A las organizaciones sociales y la cooperación internacional: Sigamos unidos en la defensa de la vida. Nuestro trabajo, aunque agotador, es fundamental para mantener vivos los sueños de justicia, equidad y paz de quienes dedican su vida a proteger sus territorios y comunidades. La coordinación y la solidaridad que demostramos deben seguir siendo un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad.
A la sociedad colombiana: Necesitamos más empatía. Debemos entender que los líderes sociales no solo luchan por sus comunidades, sino por todos nosotros. Estas personas son quienes sostienen el tejido social y trabajan para cerrar las brechas de desigualdad que tanto nos afectan como país. La indiferencia no puede seguir siendo la respuesta.
El caso de este joven líder del Catatumbo es solo uno de muchos, pero representa el panorama de vulnerabilidad en el que viven quienes dedican su vida a construir un país mejor. Pero también es un testimonio de que cuando hay voluntad, hay esperanza. No podemos permitir que estas historias se repitan. Tenemos que actuar, y tenemos que hacerlo entre todas y todos. Es momento de que el gobierno vea a las organizaciones sociales y a la cooperación internacional como aliados, no como el reemplazo de sus obligaciones. El Catatumbo, y todo el país, necesita un Estado presente, comprometido y eficiente en la protección de la ciudadanía. La protección de la vida es un compromiso que nos debe unir como país.
Defender y proteger la vida de quienes trabajan por los derechos humanos es una tarea que nos compete a todos. Como sociedad, debemos unirnos para exigir que el Estado cumpla con garantizar el goce efectivo de los DDHH, y que los liderazgos sociales puedan seguir adelante con su labor, sin miedo, sin amenazas y con la certeza de que no están solos.
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