La deriva caótica de Venezuela

Por: Oscar A. Chala Padilla

Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad

La situación en Venezuela ha alcanzado un nuevo punto de inflexión que deja en evidencia la fragilidad de su democracia y la consolidación de un gobierno que, cada vez más, adopta características autoritarias. Desde el inicio del calendario electoral en marzo, el país ha sido testigo de un incremento significativo en la violencia política, donde las fuerzas del Estado han jugado un papel central en la represión y persecución de quienes osan cuestionar el poder establecido. Este clima de intimidación no solo ha impactado a los actores políticos, sino que ha permeado todos los niveles de la sociedad, generando un ambiente de miedo e incertidumbre.

Con el cierre de los puestos electorales el 28 de julio y la posterior proclamación de Nicolás Maduro como ganador, el escenario de confrontación se intensificó. Las protestas que siguieron a las declaraciones oficiales, impulsadas tanto por la oposición que denuncia un fraude electoral como por los seguidores del gobierno, han derivado en una ola de represión que amenaza con desbordarse. La respuesta del Estado ha sido contundente, reflejando una estrategia que prioriza el control y la supresión de las disidencias a cualquier costo. Mientras tanto, la comunidad internacional ha hecho declaraciones, ha votado resoluciones y ha ejercido presión diplomática, pero sus esfuerzos parecen haber alcanzado un callejón sin salida, dejando a Venezuela en una deriva que se hace cada vez más caótica e impredecible.

Así está el ambiente en estos momentos en el vecino país.

La violencia política posterior a las elecciones y la represión no se detiene

A corte del 28 de julio, según las últimas cifras que recolectamos desde la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) con el apoyo de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en nuestro último informe de violencia político-electoral, en Venezuela hubo más de 129 perfiles victimizados de personas y 82 hechos victimizantes entre el 5 de marzo —cuando inició el calendario electoral— y el 28 de julio, día de las elecciones.

De esos perfiles, se registraron 49 capturas, 16 inhabilitaciones, 11 procesos de sanción fiscal, 5 atentados, 13 deportaciones de observadores internacionales y 17 amenazas. Frente a los perfiles más victimizados 37 fueron militantes de alguno de los partidos políticos en contienda, 16 fueron miembros de los comandos de campaña, 16 veedores ciudadanos, 15 alcaldes de varios municipios, 10 periodistas y 26 ciudadanos sin ningún tipo de filiación política rastreable. Así se comportó esa violencia político-electoral en el país:

Fuente: Fundación Paz y Reconciliación, con datos de la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

La mayor parte de los hechos fue perpetrado por alguna de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, con 58 acciones de los cuales en su mayoría fueron realizados por las Policía Nacional Bolivariana (29 hechos), el servicio de inteligencia SEBIN (16 hechos), y la Guardia Nacional Bolivariana (5 hechos). Así mismo, también hubo actuaciones por parte de los organismos de control, que realizaron 13 intervenciones. En total, el Estado venezolano ha sido responsable del 91,5% de toda la violencia político-electoral durante la campaña y la celebración de los comicios.

Luego vino la zozobra, y tras ella lo esperado. Nicolás Maduro se proclamó en altas horas de la madrugada del 29 de julio como ganador, luego de que el Consejo Nacional Electoral saliera a indicar que había obtenido el 51,95% de los votos, frente al 43,18% que había obtenido el candidato de la oposición, Edmundo González. De inmediato, la respuesta de la gente fue abocarse a las calles.

Tanto opositores como oficialistas salieron a manifestarse; unos, porque denunciaron que había fraude (después de que María Corina Machado y Edmundo González salieron en rueda de prensa a señalar que sus auditorías internas indicaban otro resultado). Los otros, porque salieron a respaldar al gobierno, que no demoró en acusar a la oposición de orquestar una intentona contra las instituciones y fomentar un golpe de Estado.

La respuesta del gobierno fue totalmente represiva. Según cifras del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), entre el 29 de julio siguiente y el 10 de agosto fueron apresadas más de 2400 personas. Es decir que, en promedio, en Venezuela llegó a haber más de 150 detenciones por día.

Fuente: Provea.org

Por otra parte, la ONG Foro Penal ha señalado que entre el 29 de julio y el 22 de agosto se han presentado más de 1674 detenciones, de las cuales 149 han terminado en procesos condenatorios, mientas que 1525 apresados restantes siguen sin tener un destino jurídico claro, y solo 8 personas han sido excarceladas.

Fuente: Foro Penal.

La violencia (que en la fase de campaña no había dejado víctimas mortales registradas) ha dejado 27 personas muertas a corte del 22 de agosto, según las últimas cifras que maneja la Fiscalía Nacional de Venezuela, que atribuyen a hechos cometidos o instigados por la oposición.

La mayoría de las víctimas de esta violencia han sido hombres, en un rango de edad que va desde los 15 hasta los 56 años, que hacían parte de las clases bajas y medias-bajas del país (obreros, estudiantes y pequeños comerciantes). Según Provea, la mayoría de estas víctimas murieron por disparos en el cuello, cabeza o pecho, por lo que se puede probar que la violencia ejercida ha tenido un carácter letal.

La diplomacia de los guantes de seda

Aunque a corte del 26 de agosto ninguno de los cuatro grandes gobiernos en el espectro de centroizquierda a izquierda en Latinoamérica han legitimado los resultados de Nicolás Maduro, los esfuerzos de negociación diplomática para mediar con el régimen una salida que permita el conocimiento de las actas que posee el CNE y el Tribunal Supremo de Justicia, junto con una potencial transición se han quedado cortos y no han tenido mayor efecto que la profundización del aislamiento de Venezuela, el temor a un nuevo estallido migratorio en el continente y comunicados que van y vienen, sin mayor efecto para el gobierno oficialista.

La mesa tripartita que se ha construido entre Colombia, México y Brasil ha emitido varios comunicados en el último mes que han permitido que los gobiernos se coordinen frente a la posibilidad de hallar salidas a la crisis. No obstante, posterior a la publicación de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de convalidar los resultados el 22 de agosto, queda claro que los buenos oficios de los tres países por negociar, por ahora, se han estancado en un momento existencial.

No es para menos. Los tres países comparten el mismo fenómeno migratorio de venezolanos que desde 2014 han salido en diferentes oleadas de su país (que suelen tener sus picos en los momentos de mayor represión social y política, como en 2017 y 2019) y Colombia, junto con Brasil, comparten más del 80% de la frontera terrestre del país, con los retos geopolíticos que implican el conflicto armado, el narcotráfico y la explotación de recursos naturales de manera ilegal por el lado de la frontera colombo-venezolana, y por la potencial crisis que desate cualquier tipo de intervención en la Guayana Esequibo por el lado brasileño.

Para poder tomar estas decisiones, el gobierno colombiano ha convocado varias reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuerpo consultivo de la presidencia de la República en temas relacionados con relaciones internacionales, en la que participan varios de los expresidentes que han gobernado el país durante los últimos 30 años.

De ellos, solo dos han asistido a las reuniones convocadas por el presidente Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. Por su parte, ni Iván Duque, ni Andrés Pastrana ni Álvaro Uribe lo han hecho, argumentando que la postura del gobierno ha sido “blanda” en condenar al oficialismo y demandar acciones más duras y contundentes contra Maduro y el PSUV. Lo indican por la negativa del gobierno colombiano a firmar dos resoluciones de la OEA condenando a Venezuela por el fraude cometido en las elecciones y la subsecuente represión.

Las soluciones del bloque diplomático tampoco han sido satisfactorias, y han elegido exigir que el Consejo Nacional Electoral del vecino país publique las actas como único punto para postular otras soluciones. Aun así, el 15 de agosto, el presidente Petro propuso como solución que la oposición y el oficialismo pactaran la repartición de los cargos de la burocracia y el Estado de manera rotativa durante un período de tiempo, a la manera del Frente Nacional colombiano entre 1958 y 1974.

Fuente: X (Anteriormente Twitter).

Si bien la solución generó todo tipo de reacciones en la opinión pública, su aplicabilidad dentro del escenario político actual venezolano es, cuanto menos, imposible, aun cuando a nivel regional y local en Venezuela hay sectores de la oposición que tienen cargos de elección popular, aunque viven bajo la lupa constante y la presión de que en algún momento el brazo armado del Estado o sus entes de control los sancionen e inhabiliten.

Además, sin existir un tercer poder en disputa (como lo fue la dictadura militar en 1957) los incentivos para una negociación son escasos. Nicolás Maduro no muestra voluntad ni capacidad para abrir el escenario político a otros actores, a menos que enfrentara una amenaza internacional significativa que le llevara a negociar, escenario también remoto.

Mientras Maduro sigue mirando a Oriente, la deriva autoritaria se reafirma, pero de formas distintas

Ya se ha dicho en varias ocasiones frente al tema venezolano, desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad, que este último gobierno de Nicolás Maduro busca romper con los vestigios del sistema político inaugurado por Chávez que terminen por alterar la lógica de consolidación de un partido hegemónico (el PSUV), el control de una oposición colaboracionista e intervenida por los organismos del Estado, y la profundización de un modelo político más restrictivo en términos de democracia (aunque mantenga elecciones libres y permita, de manera limitada, la participación de la oposición de la Mesa de Unidad Democrática y la Plataforma Unitaria).

Aun así, el fenómeno político que ocurre en Venezuela debe ser leído de manera totalmente distinta a las definiciones clásicas de dictadura y autoritarismo, tal como lo propone José Natanson, autor del libro “Venezuela: ensayo sobre la descomposición”. En la editorial de la revista Nueva Sociedad de agosto de 2024, Natanson formula la complejidad de entender al sistema político venezolano, en la que confluye cierto autoritarismo caótico, que el periodista y politólogo define como un régimen híbrido bastante flexible que utiliza elementos de las democracias liberales, de los regímenes autoritarios en el sistema político y totalitarios en la sociedad, que se adapta a sus condiciones internas y externas.

Es esta flexibilidad la que podría permitir a Nicolás Maduro sostenerse en el poder, en tanto tiene el control de la burocracia y de las Fuerzas Armadas, pero abre escenarios políticos limitados a la oposición y al mismo tiempo reprime pero refuerza las lealtades clienterales que sostienen a su gobierno con políticas asistencialistas y un fuerte ejercicio de propaganda.

Además, Maduro tiene un fuerte respaldo en ciertos sectores sociales y también conoce su lugar dentro de la geopolítica internacional, ahora que un tercer jugador ha entrado y le ha permitido respirar tras la presión de las sanciones, que es China. Con el apoyo chino, el comercio de Venezuela ha crecido, calculándose sus exportaciones en USD $703 millones y las importaciones en más de USD $3,01 mil millones hacia y desde Venezuela, según datos de The Observatory of Economic Complexity, a corte de 2022. De esas cifras, el 44,8% es petróleo que Venezuela envía a China, mientras que China envía aparatos tecnológicos, máquinas y electrodomésticos de primera necesidad.

Con el escenario así, la incertidumbre cubre la coyuntura política del vecino país. Ante la situación se plantean varios escenarios, todos ellos con cierto grado de inviabilidad debido al apoyo internacional que Maduro tiene de países en la región con cierta importancia geoestratégica (Nicaragua, Bolivia, Cuba, Honduras), así como de potencias mundiales o regionales que comparten cuestionamientos sobre sus sistemas y regímenes políticos internos (China, Rusia, Irán, Turquía) y con países sumidos en fuertes conflictos internos (Malí, Sudán, Siria).

El primero es una transición pacífica del poder, que ha sido invocada por Colombia, Brasil y México, que al final no ha dado frutos en las negociaciones. Maduro espera gobernar este próximo período de seis años sabiendo que tiene en sus manos cuestiones delicadas a nivel regional como la incidencia en grupos armados colombianos al otro lado de la frontera o rutas del narcotráfico, así como también la posibilidad de desatar una guerra civil si es apartado del poder.

Es este riesgo ante una situación de violencia creciente que termine convirtiéndose en un conflicto regional lo que ha impedido a los países de la región tomar decisiones mucho más radicales, especialmente frente a otra opción (poco respaldada a nivel continental) que es una intervención de carácter militar y humanitaria a nivel internacional, ya fuese a través de los cascos azules de la ONU, o de fuerzas armadas latinoamericanas. Esta medida ha sido propuesta por sectores radicales de derecha en algunos países latinoamericano, sin mayor apoyo de algún gobierno en específico.

Finalmente, parece que la vía se decantará por reforzar el mecanismo de negociación entre la oposición y el oficialismo ya existente desde el Acuerdo de Barbados, buscando que el gobierno de Maduro ceda poco a poco en algunas exigencias, de cara a las elecciones parlamentarias y regionales de 2025, que ya Maduro indicó que se realizarían con los partidos que reconozcan los resultados electorales de 2024, y que serán elecciones “masivas”, como las calificó el mismo mandatario.

Esta última solución incomoda a los opositores, especialmente a María Corina Machado, quien espera que con las movilizaciones sociales (que pretende que sean un movimiento social como La Salida, de 2014) y la presión internacional, Nicolás Maduro abandone el poder. No obstante, y a pesar de que Machado concentra la mayor parte del respaldo popular, la oposición ha tenido una fuerte historia y tendencia a fragmentarse y dividirse tras momentos coyunturales importantes, por lo que es probable que ante la tozudez y la imposibilidad de que Maduro abandone el poder en el corto plazo, se decidan por respaldar una negociación de cara a 2025.

Por ahora, la represión continúa en las calles, a casi un mes de que se cumplan las elecciones.