Por: Paola Marín
Línea de Paz y Seguridad ciudadana
La noche del pasado miércoles 12 de febrero, tras la finalización del tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de captura contra Giovanni Andrés Rojas, alias “La Araña”. Hasta el momento, el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, señaló que Rojas sería trasladado al búnker de la Fiscalía mientras se esclarece su situación.
La detención de “La Araña”, pone en entredicho la credibilidad y las garantías de seguridad para las personas que participen de los acuerdos y las estrategias de Paz Territorial, especialmente en departamentos como Nariño y Putumayo. Sobre este punto, el comisionado de Paz, Otty Patiño, en conversación con agentes del CTI, afirmó que este hecho “puede constituir un nuevo elemento de trampa contra el proceso de paz”. En la misma línea, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga en la crisis que podría desatar la captura de alias “La Araña”.
¿Un nuevo entrampamiento?
Tal como lo mencionó Otty Patiño, esta situación podría desencadenar un nuevo entrampamiento en los procesos de paz. Cabe recordar que la Segunda Marquetalia (SM), antes de su ruptura en 2024, se consolidó como un grupo armado conformado por exlíderes de las FARC-EP, como “Iván Márquez”, “Jesús Santrich”, “Romaña” y “El Paisa”. Este grupo regresó a las armas el 29 de agosto de 2019, argumentando el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la existencia de un “entrampamiento” contra el proceso.
Sobre este punto, Antonia Urrejola presentó un informe que analizaba los obstáculos en la implementación del Acuerdo de Paz. Dicho informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2024, confirmó el uso de un “agente provocador” en el caso de Jesús Santrich. En el documento, se señala que la Fiscalía, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, cometió diversas irregularidades, autorizando “dos técnicas especiales de investigación: un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína”, lo que derivó en el rearme de varios excomandantes guerrilleros. (Fundación Paz & Reconciliación, 2024).
En abril de 2024, como parte de las garantías para el inicio del proceso de negociación, la Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución 0-0139, en la que se suspendieron temporalmente las órdenes de captura de los voceros designados para la mesa de negociación, incluida la de Giovanni Andrés Rojas. En su artículo primero, la resolución suspendía las órdenes de captura de nueve voceros, mientras que en su artículo segundo se informaba a las autoridades judiciales correspondientes, incluyendo a INTERPOL, dicha suspensión.
A pesar de esto, en la mañana del 13 de febrero, la Fiscalía comunicó a través de su cuenta en X que Giovanni Andrés Rojas era requerido por nuevos cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. Según la información publicada, el requerimiento fue emitido por la Corte del Distrito Sur de California.
Por ahora, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Armando Novoa, estuvo presente el jueves 13 de febrero en el búnker de la Fiscalía para intentar destrabar la situación. En entrevista con BluRadio, Novoa advirtió que esta decisión podría significar la caída de la mesa de negociación al señalar que
“Esta medida, aplicada de esta manera, genera el riesgo de que la mesa de negociación se caiga, lo que pondría en suspenso los acuerdos alcanzados y afectaría gravemente a las comunidades en los territorios”.
¿Qué consecuencias podría tener la captura de Andrés “Araña”?
La captura de Giovanni Andrés Rojas, alias “La Araña”, ha desencadenado una serie de reacciones que ponen en riesgo la estabilidad de las mesas de negociación en curso. En primer lugar, la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que se encontraba en Bogotá en el tercer ciclo de diálogos, ha decidido abandonar la capital por razones de seguridad y trasladarse a Nariño y Putumayo. Por otro lado, Comuneros del Sur, agrupación que también tiene un proceso de negociación activo con el gobierno nacional señaló que, esta decisión responde a la falta de garantías jurídicas para el desarrollo del proceso de paz, lo que genera incertidumbre en las organizaciones armadas en negociación y amenaza con profundizar la crisis en el territorio.
Asimismo, situaciones similares se viven en otras mesas de diálogos. A este hecho se suma la reciente captura de Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, quien fue nombrado negociador del Frente 33 de las disidencias de las FARC Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) hace apenas nueve días. Estos hechos han llevado a que múltiples sectores de los grupos armados consideren que hay una estrategia sistemática para debilitar los procesos de paz mediante acciones que van en contra de los acuerdos previos, como la suspensión de órdenes de captura a voceros en la mesa. La falta de cumplimiento de los compromisos asumidos con los grupos que se encuentran negociando podría llevar a la fragmentación de los espacios de diálogo y al reinicio de hostilidades en varias regiones.
El escenario en Putumayo se vuelve particularmente preocupante en este contexto. Esta región, ha sido clave para la expansión de las economías ilegales y el control territorial de los grupos armados, especialmente de los llamados Comandos de la Frontera. Con la captura de los negociadores y la percepción de que el Gobierno no garantiza la seguridad de quienes participan en las mesas de diálogo, existe un alto riesgo de escalamiento de la violencia. Sobre todo, cuando ya diversas entidades como la Defensoría del Pueblo han alertado escenarios de riesgo, como el presentado a través de la Alerta Temprana N°001-2025, por conflictos entre el Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera, en los municipios del Bajo Putumayo, el eje Putumayo en el departamento de Amazonas y la cuenca del río Caquetá en los municipios de Puerto Guzmán (Putumayo), Piamonte (Cauca), Solita, Curillo, San José del Fragua (Caquetá).
Finalmente, la desconfianza entre los actores armados puede llevar al aumento de enfrentamientos entre disidencias y otros grupos, poniendo en peligro a las comunidades que dependen de los acuerdos para reducir los impactos del conflicto. Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ha manifestado que continuará en los diálogos, pero condiciona su permanencia a la resolución de la situación de alias “La Araña” y exige al presidente Gustavo Petro un pronunciamiento sobre lo que consideran una retención irregular. La falta de claridad y respuesta gubernamental frente a estos acontecimientos puede provocar una crisis de confianza irreversible y poner en jaque los intentos de consolidación de la paz en diversas regiones del país.
