Por: Daniela Garzón
Investigadora de la línea de Democracia y Gobernabilidad
La austeridad se quedó en el papel
Una de las principales banderas del presidente Duque ha sido la de la austeridad. La incluye en casi todos sus discursos y desde noviembre de 2018 ha anunciado diversos planes para reducir gastos, algunos sin mayor importancia como reciclar el agua o gastar menos en papelería o café. La pandemia, por supuesto, aumentó considerablemente la presión sobre el fisco, por lo cual se han firmado decretos y directivas presidenciales para frenar el “derroche” de gasto público.
El principio de economía en las actuaciones de los órganos de poder público está consignado en la constitución y en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, por lo que no es un capricho o una buena intención, es un deber.
En abril de este año se firmó el decreto 371 de 2021 que establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación. Ese decreto incluye medidas como la imposibilidad de modificar la estructura, planta de personal y gastos de personal de las entidades que pertenecen a la Rama Ejecutiva del Poder Público, a menos de que dichas modificaciones sean para ahorrar o no cuesten. En el mismo decreto se incluyen medidas para evitar la excesiva contratación de personal para la prestación de servicios y de apoyo a la gestión, así como otras que afectan el mantenimiento de bienes inmuebles, el suministro de tiquetes, la realización de eventos, los esquemas de seguridad, etc.
Siguiendo el plan de austeridad, en junio de este año se firmó la directiva presidencial 05 para garantizarla en lo referente al arrendamiento y comodato de bienes inmuebles de las entidades públicas de la rama ejecutiva de orden nacional, donde se limita la suscripción de nuevos contratos de arrendamientos a aquellos “que sean indispensables para el funcionamiento del servicio público”. Aunque el gobierno en el papel pareciera cumplir con sus intenciones austeras, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha documentado diversos casos de derroche en entidades como la UNGRD, a cargo del Plan de Vacunación y la atención de la pandemia.
El exagerado aumento salarial de los funcionarios de la Registraduría
Adicional al gobierno nacional, la Registraduría Nacional, en cabeza de Alexander Vega Rocha, se ha convertido en la entidad más derrochadora del Estado colombiano. Esto se debe, además de los contratos de eventos innecesarios, a los aumentos salariales que tuvieron este año los funcionarios de dicha entidad. La Registraduría Nacional del Estado Civil es, según su naturaleza jurídica, un organismo autónomo, de creación constitucional, independiente de las tres ramas del poder público. Por eso, en este caso, no la afectan el decreto y directiva antes señalados.
Asimismo, los aumentos salariales son independientes de los de otros funcionarios cuyas instituciones sí pertenecen a las tres ramas del poder público. En agosto de 2021, se firmó el decreto 962 de 2021, por medio del cual “se fijan las escalas de asignaciones básicas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones”. Ese decreto después fue modificado por el decreto 1310 de 2021 y, finalmente, por el decreto 1506 de 2021.
Originalmente el decreto 962 de 2021 decía que los salarios se ajustarían en 2,61%, como se ajustaron los de funcionarios de otras entidades para el 2021, con vigencia fiscal desde el 1 de enero. Es decir, el incremento se hacía retroactivo. Eso implicaba que la tabla salarial de la Registraduría quedaba de la siguiente manera, con respecto a la de 2020.
Sin embargo, el decreto 1506 de 2021, que modificó el 962, hizo otro aumento salarial. Según el decreto, el 5 de marzo de 2021 se emitió la viabilidad presupuestal para modificar la escala salarial de la Registraduría, tomando en cuenta el estudio técnico que esta le presentó el 13 de enero de 2020 al Departamento Administrativo de la Función Pública. De acuerdo con la modificación, el artículo 1 del decreto 962 de 2021 fijó unas nuevas escalas de asignaciones básicas mensuales para los empleos de carácter permanente y de tiempo completo de la Registraduría:
Como puede observarse, hubo variaciones porcentuales de diferente tipo para cada salario entre lo contemplado en el decreto inicial y su modificación. Las variaciones porcentuales entre el decreto como inicialmente fue firmado y como quedó después de las modificaciones del 1506 de 2021 son las siguientes:
Estas variaciones están entre el 5,54% y el 36,89%. Este aumento salarial está contemplado dentro de la ejecución del Plan de Acción Estratégico de la Registraduría de enero de 2021, que tiene como objetivo “rediseñar la arquitectura organizacional de la entidad para fortalecer sus capacidades”. En ese plan se expone “modificar la escala salarial, incrementando en dos grados las asignaciones básicas para los niveles profesional, técnico y asistencial (…) [y] para los niveles directivo y asesor la propuesta (…) se sustenta en un incremento de un grado”.
La justificación del aumento salarial aprobada se presenta porque los funcionarios de la Registraduría no estarían ganando el mismo salario que sus pares en otras entidades. La pregunta es ¿por qué se decide hacer un reajuste de este tamaño en medio de una crisis y cuando muchos colombianos ni siquiera tienen empleo?
Los ajustes decretados, que también se hacen retroactivos desde el 1 de enero de 2021, y que ya se están pagando, tampoco se relacionan con la baja variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el 2020 que fue de 1,61% y que influye en el aumento salarial de todos los funcionarios.
Ahora bien, otro asunto preocupante es el aumento del presupuesto que se le asignó a la Registraduría para el próximo año. Aún considerando que es un año electoral y por lo mismo el órgano electoral tendrá que asumir más tareas. Mientras que en 2021 le fue aprobado un presupuesto de un poco más de un billón de pesos para gastos de funcionamiento (1.040.426.650.00), para el 2022 el Presupuesto General de la Nación, que deberá expedirse este mes mediante decreto, le aprobó en el mismo renglón más de dos billones de pesos (2.197.076.994.695), 111% más que el año anterior.
Si se compara, además, con el presupuesto de 2020 (547.545.521.024) el aumento es superior al 300% y con el año de elecciones nacionales anterior (2018) el aumento es de 31.6%. ¿Cuál es la contribución que está haciendo la Registraduría a la reducción del gasto que el presidente ha manifestado como necesaria múltiples veces?
Gastar más para modernizarnos ¿o para favorecer contratistas?
La principal justificación para el aumento presupuestal del que ha disfrutado la Registraduría ha sido la modernización y el paso a sistemas digitales de identificación y de escrutinio. En el mismo plan estratégico se recoge que:
“la pandemia de Covid-19 representa una oportunidad para la Registraduría (…) en el avance hacia una transformación digital de forma más efectiva para contribuir con la posibilitación de permitir a los colombianos el acceso al Registro Civil e identificación, así como explorar alternativas de sufragio, pues es imperioso buscar nuevas soluciones a las incertidumbres generadas por la imposibilidad de concurrir físicamente”
Pero tal avance en la modernización no se ha dado y está claro que con la vacunación las votaciones del siguiente año se darán presencialmente.
Sobre este punto, es diciente que la Registraduría haya declarado desierta la licitación para adquirir un nuevo software de escrutinios, el pasado 19 de noviembre. Esa licitación se hizo mediante selección abreviada de menor cuantía, que tenía por objeto como se recoge en el SECOP:
“Prestar el servicio para el desarrollo de una solución informática, incluyendo disposición de hardware tendiente a la consolidación (base de datos) de la información pertinente utilizada para el Escrutinio General que desarrolla el Consejo Nacional Electoral, garantizando funcionamiento con la implementación de un sistema de seguridad, centro de datos, canales de comunicación y soporte técnico, en las elecciones de Congreso de la República y Fórmula Presidencial a realizarse en el año 2002”
La licitación era muy importante porque era la primera vez que la entidad contrataría un software propio para contar los votos en 2022 por exigencia del Consejo de Estado, pues normalmente esta tarea ha quedado en manos de privados. En el nuevo código electoral, que fue aprobado el año pasado en el Congreso, pero que aún no pasa a examen de constitucionalidad por lo que no estará vigente para las elecciones del próximo año, se dispone sobre el software de escrutinios que:
"El software dispuesto para la consolidación nacional del escrutinio será de propiedad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y administrado por el Consejo Nacional Electoral (…)” (Art 25 – Proyecto de Ley 234 de 2020).
Ante las constantes manifestaciones de sospecha de los partidos opositores frente a las garantías electorales el 25 de octubre, se instaló una comisión exploratoria de observación electoral para las elecciones de 2022 y ese mismo día, el registrador Vega dijo que se abriría la licitación para la compra del software, al otro día, como parte de esas garantías electorales.
Pero eso ya no se cumplirá, por lo menos para el próximo año. La licitación abierta mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía por un valor de $27.161.619.750 se declaró desierta porque ninguna empresa envió su propuesta a pesar de que tres habían manifestado interés en presentarse.
Al declararse desierta, seguramente la Registraduría deberá contratar nuevamente a un privado para administrar el software que consolide los datos de los formularios que son diligenciados por los jurados de votación, los E-14. Una denuncia de Pares de mayo de 2018 había alertado sobre los problemas del software electoral, en mecanismos que permitían “fraude en las elecciones”.
Esta investigación, hecha como seguimiento a la denuncia del partido MIRA, que acabó en la devolución de tres curules a ese partido por las irregularidades en el conteo de votos en las elecciones de 2014, y que resolvió el Consejo de Estado en la sentencia No. 11001-03-28-00-2014-00117-00, mostró que en las elecciones al Congreso de 2018 se habrían modificado mediante manipulación del software entre el 10 y el 20% de la conformación del legislativo y que hubo irregularidades en la destrucción del material electoral de las dos consultas interpartidistas que se hicieron el 11 de marzo de 2018.
En ese momento, una de las empresas que administraba el software electoral era la empresa Thomas Greg & Sons (TG&S), dedicada a los sistemas de seguridad que ha encontrado una mina de oro, literalmente, en los multimillonarios contratos con la Registraduría. Según el informe de Pares de 2018 “en los años 2014 y 2015 la empresa se ganó $690.000 millones en contratos en servicios de logística, sumado a $234.000 de un consorcio con otras empresas para servicio de escrutinio y digitalización, junto con otro consorcio en el que participó y fue beneficiado por $60.000 millones por inscripciones de cédulas”.
Ahora bien, este año se abrió una nueva licitación de $1.2 billones para contratar el servicio de logística de las elecciones del próximo año, y en medio del proceso en septiembre de este año varias empresas manifestaron su inconformidad y la necesidad de que este se suspendiera ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Republica porque estaría hecho a la medida de Thomas Greg & Sons, pues es la única empresa que cuenta con el software que pide la Registraduría. Además, señalaron que el tiempo otorgado era demasiado corto para desarrollar un software similar y porque en los pliegos se exigía experiencia en las anteriores elecciones presidenciales, criterio que solo cumplía TG&S.
Sin ninguna sorpresa, la licitación finalmente fue adjudicada a la Unión Temporal Distribución de Procesos Electorales 2021, de la que hace parte TG&S, y en la que además hay un gran botín asociado a la identificación biométrica. Nuevamente se favoreció a esta compañía, que ha estado presente en la mayoría de Uniones Temporales que se han quedado con los contratos para administrar los datos electorales desde 2010. De nada han servido las advertencias sobre la posible manipulación a la libre competencia, ni los problemas que se han presentado en los escrutinios de los que ha estado a cargo.
Con esa nueva licitación, además, se confirma que Alexander Vega llegó a la Registraduría con el firme propósito de moldear el multimillonario negocio de la “modernización tecnológica” que beneficia a un puñado de contratistas y de la que, por ahora, se ha visto muy poco. Lo anterior, dado que hoy ni siquiera es sencillo acceder a los datos electorales de los años anteriores o de las elecciones atípicas que se han dado recientemente por cuenta de los alcaldes fallecidos a causa del COVID-19. La palabra austeridad no está en el diccionario de Vega, la de una verdadera modernización con garantías electorales serias, tampoco.