Por: Luis Eduardo Celis Analista de conflictos armados y de sus perspectivas de superación – Asesor de Pares
Al momento de escribir este texto, hay en curso una caravana humanitaria por el río San Juan liderada por la Diócesis de Istmina: sacerdotes, monjas y agentes de pastoral social que, junto a personas líderes sociales y agentes humanitarios, están recorriendo las comunidades indígenas y afro para visibilizar y denunciar la difícil situación que viven estas poblaciones en lo que se refiere a la precariedad de las garantías para la defensa de sus derechos humanos. En esta Caravana, además, participan organizaciones como el Consejo Comunitario General del San Juan, la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, el Proceso de Comunidades Negras, la Asociación para la Investigación y Acción Social, la Coordinación Regional del Pacífico, además de otras organizaciones regionales, nacionales e internacionales.
Hace más de dos décadas que las comunidades del San Juan han debido convivir con guerrillas y paramilitares, y bien saben que el Estado colombiano no las protege. De hecho, no pocas veces han visto la connivencia entre agentes estatales y paramilitares en todas sus expresiones (antes AUC, hoy ‘Clan del Golfo’) trabajando de manera mancomunada para controlar el territorio y perseguir a las antiguas FARC-EP y al ELN: una acción completamente irregular. En el trasfondo de todo esto se encuentra el narcotráfico que campea y se mantiene, con todas las dinámicas violentas que conlleva, de manera abusiva e impune, frente a unas comunidades que han sufrido demasiado.
Son múltiples los hechos de violencia que se vienen presentando en el San Juan, al igual que en la región del Atrato y en todo el pacífico, no solamente en el departamento del Chocó. Igualmente difícil es la situación de las comunidades en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Sin duda, el pacifico en su conjunto vive los estragos de una violencia persistente que el Estado colombiano no puede o no quiere controlar. Entre ineficacia y complicidad se mueve esta dinámica de violencia.
Hay que volver a discutir por qué razones el Estado no protege a estas comunidades humilladas y atropelladas en medio de una confrontación violenta que no han buscado ni apoyan; sufren y conviven, por fuerza mayor, con estos actores, pero no son partícipes de estos proyectos de fuerza y sus intereses de control sobre su territorio.
Ante tanto atropello y sufrimiento, hay que agradecer la labor de las organizaciones sociales, de las iglesias y, en general, de los trabajadores humanitarios, que siempre han estado del lado de las comunidades y con esta caravana humanitaria en curso lo ratifican.
Hay propuestas de mínimos humanitarios que el ELN, el ‘Clan del Golfo’ y los agentes estatales deben respetar. Y, en medio de esta ola de violencia, es necesario volver a levantar la voz para reiterar que el Estado colombiano no puede controlar al ELN y mucho menos derrotarlo, lo cual deja como única opción viable un proceso de diálogos y negociaciones para construir un acuerdo de paz.
Ante las mafias dedicadas al narcotráfico, en medio de esta política fracasada de lucha contra las drogas, volver a pensar y trabajar por procesos de sometimiento a la justicia representa enormes desafíos para este precario Estado que sigue ausente e ineficaz en regiones como el San Juan, pero solo hay un camino en el marco del Estado de derecho que nos hemos propuesto vivir: construir una institucionalidad con legitimidad y capacidad de actuación.