La JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a excomandantes de las FARC-EP en el Norte del Cauca y Sur del Valle

Por: Katerin Erazo, Periodista

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 antiguos miembros de las extintas FARC-EP. Los imputados formaban parte del Comando Conjunto de Occidente, conocido desde 2012 como el Bloque Occidental, y otros frentes y compañías móviles como el Frente 6º, la Columna Móvil Miller Perdomo, y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez.

Este proceso forma parte del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, regiones que han sido escenario de numerosos hechos violentos desde la época del conflicto armado. En total, más de 200.000 víctimas han sido acreditadas ante la JEP, y 138 organizaciones han aportado testimonios al proceso.

Las imputaciones se basan en la investigación de más de 5.000 hechos violentos ocurridos en municipios como Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Palmira, entre otros, y que incluyen crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desplazamiento forzado, persecución y otros actos inhumanos. También se atribuyen crímenes de guerra como homicidios, ejecuciones sin juicio previo, el reclutamiento de menores de edad, y el uso de minas antipersonal, así como ataques contra la población civil.

Como parte del proceso, los excombatientes han entregado documentos de aporte a la verdad y han realizado actos restaurativos frente a representantes de las víctimas, reconociendo el sufrimiento causado por sus acciones. Entre los imputados se encuentran figuras como Pablo Catatumbo, Francisco González, y otros comandantes de frentes y compañías claves en las estructuras de las FARC-EP.

Este caso marca un paso importante en la justicia transicional en Colombia, buscando esclarecer los hechos ocurridos en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, y promoviendo el reconocimiento y la reparación de las víctimas.

En el segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) amplió su investigación sobre las conductas de 7 estructuras de las FARC-EP que operaron en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Las estructuras bajo examen incluyen el Comando Conjunto de Occidente (Bloque Occidental desde 2012), el Bloque Móvil Arturo Ruiz, el Frente 6º, la Columna Móvil Miller Perdomo, y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez. Esta investigación abarcó una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, en la que las dinámicas territoriales, con la presencia de guerrillas como el ELN, estructuras paramilitares y la fuerza pública, influyeron directamente en las violaciones a los derechos humanos.

Las FARC-EP, al igual que otros grupos armados, disputaban estos territorios estratégicos, lo que les llevó a crear estructuras militares que, en su búsqueda de poder, desconocieron los derechos fundamentales de la población civil. En este contexto, se identificaron patrones de violencia sistemática, que incluyeron ataques a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como graves afectaciones a la naturaleza, la cultura y los territorios ancestrales.

Entre los principales crímenes imputados a los excomandantes de las FARC-EP, se encuentran las tomas guerrilleras a varios municipios, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, y el desplazamiento forzado de miles de personas. Las dinámicas de violencia no solo impactaron a la población civil, sino también a la estructura social, cultural y económica de las comunidades. A través de estos actos, las FARC-EP buscaron consolidar su control territorial y, en algunos casos, persiguieron una "justicia" paralela, afectando profundamente la autonomía de las comunidades.

Uno de los patrones más graves fue el uso de minas antipersonal, que no solo afectó a la fuerza pública, sino que también dejó a comunidades enteras sin acceso a recursos vitales como la educación, la atención médica y el transporte. De igual forma, el reclutamiento forzoso de menores, especialmente indígenas y afrocolombianos, fue una práctica recurrente entre las estructuras guerrilleras, lo que también causó un quiebre en las costumbres y tradiciones de estos pueblos.

La JEP ha documentado cómo la guerra en esta región fue una de las más complejas, debido a la multiplicidad de actores armados involucrados, y cómo sus efectos devastadores se sintieron especialmente en los territorios étnicos y campesinos. La imputación de estos crímenes subraya la magnitud del sufrimiento humano y las secuelas del conflicto en estas comunidades, destacando que las consecuencias siguen presentes en la vida de los sobrevivientes y en las generaciones posteriores.

El conflicto armado ha dejado huellas profundas en las comunidades étnicas de Colombia, afectando de manera particular a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos grupos han enfrentado una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, que van desde el despojo de tierras y la ocupación de lugares sagrados hasta la amenaza y asesinato de líderes comunitarios, en especial los médicos tradicionales. La violencia no solo ha implicado desplazamiento y confinamiento, sino también el uso de minas antipersona, que ha afectado tanto a los territorios como a las estructuras sociales y culturales de estas comunidades.

Este contexto de violencia no es nuevo, sino que forma parte de un continuum histórico de agresiones que se remontan a la llegada de los conquistadores europeos. Sin embargo, no culminó con la independencia, sino que se prolongó a lo largo de las guerras civiles y del conflicto armado contemporáneo. De acuerdo con las víctimas acreditadas en el Caso 05, los pueblos Nasa han relatado cómo estos patrones de violencia han causado serias desarmonías en sus territorios, afectando no solo el bienestar físico, sino también el espiritual y cultural, con impactos significativos en la vida comunitaria.

La relación sagrada con la tierra, uno de los pilares fundamentales para los pueblos indígenas, fue severamente alterada. Muchos territorios, anteriormente destinados a la agricultura y la subsistencia, quedaron abandonados y no pudieron ser cultivados. Los ciclos agrícolas esenciales fueron interrumpidos, y las tierras que deberían haber servido para el trabajo espiritual y de protección se vieron dañadas. Además, la intervención de actores armados alteró la estructura social, provocando rupturas familiares y comunidades desestructuradas.

Por otro lado, las comunidades afrodescendientes y campesinas también han enfrentado severas consecuencias, tanto a nivel individual como colectivo. La estigmatización de sus territorios como “zonas rojas” dificultó enormemente sus posibilidades de mantener sus actividades económicas legítimas. Además, enfrentaron desplazamientos masivos y una progresiva desaparición de sus ritos y prácticas culturales, afectando gravemente sus valores ancestrales y su conexión con la tierra. La situación de las mujeres y personas con orientación sexual diversa fue aún más compleja, pues la violencia exacerbó las brechas de género preexistentes y afectó sus roles dentro de las comunidades, obligándolas a abandonar sus hogares y enfrentarse a nuevas formas de maltrato en territorios ajenos.

A pesar de la magnitud de las afectaciones, las comunidades han demostrado una enorme capacidad de resistencia y resiliencia. A través de procesos restaurativos y colaboraciones interinstitucionales, se están llevando a cabo esfuerzos para reconstruir el tejido social y sanar las heridas del conflicto. La restauración de las justicias propias, el apoyo en proyectos de tierras, salud y educación, y la reconciliación con la Naturaleza son parte de las iniciativas en marcha. En octubre de 2024, se realizó un acto restaurativo en el Río Cauca, en el marco de la COP16, con el fin de sanar las heridas del territorio.

El proceso judicial continúa su curso, y los miembros de las Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y las conductas imputadas. En caso de que acepten su responsabilidad, se convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, con el objetivo de garantizar que los derechos de las víctimas sean respetados, al mismo tiempo que se define la situación jurídica de los responsables. Si los comparecientes rechazan su responsabilidad, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.