Por: Redacción Pares
Todavía uno va a la Guajira y se encuentra con gente que extraña a Kiko Gómez. No hay nadie como él, afirman. Incluso un ex comandante de las FARC, Joaquín Gómez, quien vive en Barrancas, el pueblo donde nació el ex gobernador, asegura que hizo mucho por la Guajira, el departamento en donde decenas de niños mueren al año por hambre, por sed. Incluso el día que se le detuvo, en plena festividad del día de la Virgen del Carmen, la gente reaccionó ante lo que consideraban un atropello. A Kiko no se toca. Gritaban.
Aunque muchos consideran una cifra completamente exagerada, Kiko Gómez está acusado de haber estado implicado en 133 asesinatos. Se le condenó por tres de ellos. El 16 de enero del 2017 el juez 8 especializado de Bogotá le impuso al ex gobernador una pena de 55 años por el asesinato de la ex alcaldesa de Barrancas, Yandra Brittos, su esposo Henry Ustáriz Guerra y su escolta Wilfredo Peñaranda. Yandra se había negado a hacer varios nombramientos que Kiko Gómez, como gobernador, la obligaba a hacer. Esto le costó la vida. Kiko Gómez, a través de uno de sus lugartenientes, Marquitos Figueroa, fueron forjando un poder a punta de amenazas y acciones.
Poco antes de las elecciones del 2017, en una entrevista dada al diario El Espectador, León Valencia alertó sobre el poder que seguía teniendo Kiko Gómez en La Guajira y recordó que las investigaciones en su contra, hechas mucho antes de que se convirtiera en gobernador de ese departamento, desataron para él y sus investigadores una verdadera pesadilla: “Con la última investigación, en la que alertamos sobre Kiko Gómez, terminamos obligados a salir del país Claudia López, Ariel Ávila y yo. Y es curioso, porque alertamos sobre Kiko Gómez antes de que llegara a la Gobernación; sin embargo le dieron el aval y ganó. De los 130 aspirantes cuestionados en 2011, seis gobernadores y 30 alcaldes fueron destituidos o judicializados. Pero, en general, cuando hacemos una investigación recibimos una presión muy grande”.
Sobre Kiko Gómez pesa además otro crimen, el del concejal de Barrancas Luis López Zuleta. En 1997 Gómez era el alcalde de ese municipio. El concejal lo tenía en el radar de sus investigaciones. Incluso quería ser alcalde. Era un comerciante próspero, tenía el mejor hotel de la ciudad y quería ser alcalde. Pero Kiko Gómez, que se decía ser su amigo, lo mandó a asesinar en su propio hotel. Contrató dos sicarios que entraron a su oficina y le dispararon. Al otro día fue al velorio, abrazó a la viuda, saludó a las hijas y todos sabían que era el asesino. Una de sus hijas, Diana López Zuleta, veinticinco años después, cuenta toda la tragedia en su libro Lo que no borró el desierto.
Acostumbrado a no perder jamás Kiko Gómez ahora estaría planeando una estrategia para salir de la cárcel. Según contó la W Radio una de las nuevas magistradas que tiene este caso -que además está cerrado- querría cambiar el sentido del fallo. La magistrada se llama Jenny García y según la información de W Radio esto fue lo que sucedió: “El argumento de García es que no estaba de acuerdo con el fallo, por lo que se cambió el sentido del fallo. Es decir, si el sentido de la sentencia era condenatorio, para ella había que absolverlo. Por lo tanto, hizo un nuevo fallo y lo presentó”. Lo que resulta inexplicable es que el tribunal habría aprobado este fallo. ¿Quién estará detrás de esta decisión que podría afectar una de las condenas más ejemplarizantes contra un gobernador en Colombia?
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