Por: Línea Democracia y Gobernabilidad Pares; Acción Ciudadana, Guatemala
Fotos tomadas de: LaSexta y La Hora
Guatemala es uno de los países en América que posee menor capacidad para combatir la corrupción por diferentes factores, como la poca independencia de la justicia respecto a los investigados. Esto ha desembocado en casos que no son juzgados de la debida manera y en sentencias que no son proporcionales a los delitos cometidos por los judicializados, muchos de estos políticos muy cuestionados.
Sobre la capacidad de Guatemala de combatir la corrupción, según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción[1] del Consejo para las Américas y Control Risks, a corte de 2023 Guatemala se encuentra en la parte inferior de la tabla de 15 países, con un puntaje de 2,86, solo superando a Bolivia (2,56) y Venezuela (1,46). Guatemala experimentó la mayor caída en su puntaje entre 2022 y 2023, con una disminución del 15% año tras año. En 2022 había obtenido 3,38 puntos. Este patrón de descenso se ha mantenido desde la primera publicación del índice.
Gráfico No. 1. Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en Guatemala
Fuente: ICC 2023
Una de las explicaciones del por qué esta continua disminución en este índice se debe a una reducción significativa en los puntajes correspondientes a la capacidad jurídica de Guatemala para luchar contra la corrupción. Esto quiere decir que hay un Estado en el que las autoridades que deben impartir justicia no lo hacen de la mejor manera y muchos casos, o quedan en la impunidad, o no hay proporcionalidad en las penas respecto a los delitos cometidos.
Esto se suma a que la Corte Suprema de Justicia, la cual, según la Constitución de Guatemala, debe elegirse cada cuatro años, no había sido elegida en el 2020 como debería haber pasado sino hasta noviembre de 2023. Los magistrados de esta alta corte duraron en su cargo el periodo 2016-2020 y gran parte del periodo 2020-2024. Quienes fueron elegidos para terminar el periodo constitucional 2020-2024 solo estarán en el cargo unos cuantos meses hasta que el nuevo Congreso elija los trece magistrados para el periodo 2024-2028.
Antecedentes de lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala: CICIG
Fenómenos de corrupción e impunidad han sido comunes en la historia moderna del país Centroamericano, por ello en 2007 se estableció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG se estableció como un organismo independiente que surgió por un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ON) La CICIG, establecida en 2007, tuvo como objetivo principal apoyar al Estado guatemalteco en la investigación y judicialización de casos de corrupción y crímenes relacionados con el narcotráfico que involucraban a funcionarios públicos y grupos poderosos.
También tenía la potestad de proponer reformas legales para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala. Este trabajo se dio de la mano, especialmente, del Ministerio Público (MP). Durante la estadía en suelo guatemalteco la CICIG trabajó fuertemente en la revelación y enjuiciamiento de varios casos de corrupción que implicaban a personas de muy alto perfil.
Uno de los casos más emblemáticos de la CICIG fue el de Otto Pérez Molina. Para abril de 2015, Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, renunciaron a sus cargos por el caso de “La Línea”, un escándalo de corrupción aduanera investigado por la CICIG que generó que el Congreso de este país le retirara la inmunidad al entonces presidente. La CICIG específicamente investigaba 40 casos de cobros ilegales y contrabando que dependían de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). A partir de la revisión de más de 80.000 grabaciones telefónicas, los investigadores encontraron referencias a “el uno” y “la dos”, que serían Pérez Molina y Baldetti. Pérez Molina fue detenido tiempo después de renunciar.
Para el 18 de octubre de 2015 el MP solicitó condenas contra los implicados en este caso. Las condenas pedidas contra Pérez Molina y Baldetti fueron de 30 años y una multa de 73,1 millones de Quetzales. Los delitos por los que se solicitaron las respectivas condenas fueron por asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
En 2015, quien ganó las elecciones presidenciales tras la renuncia de Pérez fue James Ernesto Morales Cabrera, mejor conocido como Jimmy Morales, quien en 2017 decidió declarar como persona no grata y expulsar a Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia y entonces Jefe de la CICIG. Para ese momento, el organismo adscrito a la ONU había pedido enjuiciar a Morales por delitos presuntamente cometidos durante la campaña de 2015.
La CICIG también investigó al actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. En 2010, el MP y la CICIG acusaron a Giammattei y a otros funcionarios de haber sido partícipes de lo que habrían sido ejecuciones extrajudiciales. Estas se habrían dado en una operación que pretendía recuperar el control de una cárcel. El actual presidente estuvo en prisión por 10 meses, hasta que un juzgado cerró el proceso porque en su criterio no habían suficientes pruebas para seguir con esa investigación.
En septiembre de 2018, el presidente Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG y la entidad concluyó sus operaciones en septiembre de 2019.La salida de la CICIG dejó un vacío en los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. También permitió que los actores poderosos que se vieron afectados con las investigaciones de la CICIG retomaran sus posiciones de control de las instituciones públicas. Este proceso de recaptura de las instituciones públicas se dio acompañado de una estrategia de búsqueda de impunidad con dos elementos altamente notables. Por un lado, la persecución y criminalización de jueces y fiscales que llevaron importantes casos de corrupción, así como también la criminalización contra periodistas, organizaciones de sociedad civil, activistas anticorrupción. Paralelamente al proceso de minar las instituciones de justicia se empezaron a dictar sentencias absolutorias contra algunos de los implicados en los casos que investigó la CICIG.
Esto generó preocupaciones sobre la capacidad del país para abordar efectivamente la corrupción y la lucha contra la impunidad en el futuro. Al parecer las preocupaciones y miedos se hicieron reales, pues casos contra personas de la política como Otto Pérez Molina y Alejandro Sinibaldi han visto reducciones en sus condenas.
Caso Otto Pérez Molina
Por el caso de La Línea, Pérez Molina -investigado inicialmente por la CICIG- fue condenado el 07 de diciembre de 2022 a 16 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera. La condena determinó que tanto Pérez como su vicepresidenta Baldetti estuvieron al frente de un esquema de corrupción que defraudó al Estado por aproximadamente 3,5 millones de dólares. Pues permitieron, según la condenan, que algunas empresas importadoras evadieran impuestos a cambio de sobornos.
Pese a esto, la Fiscalía pedía 30 años de prisión, pero la jueza Jeannette Valdés absolvió a Pérez del cargo de enriquecimiento ilícito pese a que la Fiscalía había presentado más de cuatro mil medios de prueba y 562 documentos aduaneros contra los señalados.
También a Pérez, el 06 de septiembre de 2023, la justicia guatemalteca lo condenó a ocho años de cárcel por enriquecimiento ilícito. Pérez aceptó cargos de cargos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude. La jueza Eva Recinos, del Tribunal de Mayor Riesgo "B", fue quien condenó a Pérez a 8 años de prisión y no los 22 que solicitaba la Fiscalía.
Antes Recinos, el 22 de agostos de 2023, había beneficiado a Otto Pérez, en el marco del caso Cooptación del Estado, con la medida de arresto domiciliario y una caución económica de 300 mil Quetzales para salir de cárcel Marisca Zavala.
Recinos, quien fue asignada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a inicios de 2023 como titular del juzgado de Mayor Riesgo “B”, en reemplazo del juez Miguel Ángel Gálvez, quien renunció porque, según él, no tenía independencia judicial. No es la primera vez que toma decisiones polémicas respecto a Pérez u otros políticos implicados en esquemas de corrupción.
Uno de estos casos, además del de Pérez, es el de Sandra Torres, excandidata presidencial, a quien el 2020 Recinos, como jueza de Mayor Riesgo “E”, le otorgó arresto domiciliario y 800 mil Quetzales de multa por el caso del financiamiento ilícito de UNE.
Otro caso manejado por Recinos fue el del viceministro de la Gobernación Remberto Ruíz, quien junto con Fermín Iván Ortiz Maquín y Marvin René Donis Orellana, fueron acusados del asesinato del sindicalista Manuel de Jesús Ramírez, el cual se dio el 01 de junio de 2012. Pese a las pruebas mostradas por la Fiscalía, la jueza argumentó el 07 de agosto de 2019 que no encontró indicios suficientes para vincular a Ruíz, a Ortiz y a Donis en la investigación del asesinato de Ramírez.
La decisión más reciente de Recinos gira en torno al caso Cooptación del Estado. Recinos, el 23 de noviembre de 2023, decidió cerrar el proceso de lavado de dinero y cohecho pasivo que se adelantaba en contra de varios ministros de la administración de Otto Pérez, entre los cuales se encontraban: Mauricio López Bonilla (Gobernación), Noé Ulises Anzueto (Defensa), Alejandro Sinibaldi (Comunicaciones), Dwight Pezzarossi (Cultura) y Carlos Batzín (Cultura). De igual manera este cierre del proceso benefició a Rudy Gallardo, exdirector del registro Nacional de las Personas (Renap), a Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y a Emilia Ayuso, exdirectora del Registro de Información Catastral (RIC).
Resulta curioso que Recinos haya tenido en sus manos casos emblemáticos que implicaban a integrantes del mundo político y que sus decisiones hayan sido cuestionadas y a veces no acordes a los solicitado por la Fiscalía respecto a los delitos cometidos por los judicializados
Caso Alejandro Sinibaldi
Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Pérez Molina fue acusado de blanqueo de dinero y cohecho pasivo por supuestamente haber recibido, de 2011 a 2013, aproximadamente 18 millones de dólares en sobornos para beneficiar con contratos a la empresa brasilera Odebrecht, empresa que en otros países también tiene escándalos y condenas sobre esquemas de sobornos.
Pese a la acusación, en julio del 2023, el juez del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Juan Jiménez ordenó el cese la investigación contra Sinibaldi. Por esto la FECI apeló la decisión de Jiménez, pues, según la Fiscalía, esta cuenta con la información suficiente para dar apertura a un juicio contra Sinibaldi por su presunta participación en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo. El 28 septiembre de 2023 una sala de apelaciones ordenó reactivar el juicio contra el exministro de Comunicaciones.
Recordemos que por hechos de presunta corrupción Sinibaldi fue prófugo de la justicia cuatro años hasta que se entregó en el 2020. De igual manera en 2019 la justicia de Guatemala condenó a tres personas que tuvieron algún tipo de cercanía con Sinibaldi.
Sobre el caso de Sinibaldi, el juez Juan Jiménez, el cual ordenó en una primera instancia el cierre de la investigación, tiene ante el MP una denuncia sobre una presunta intención de Jiménez de favorecer al exministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien tiene como juez a Jiménez, por el caso de los 122 millones Quetzales y el de Libramiento de Chimaltenango.
Panorama de cara al futuro
Jueces como Jiménez y Recinos ponen en peligro la institucionalidad guatemalteca, sea porque están permeados por estos poderes que se juzgan o porque toman a la ligera su trabajo. Cualquiera de las dos es grave, porque en un país donde hay tan altos niveles de corrupción es necesario que se investigue y se judicialicen los casos de estas personas con los castigos que la ley impone, ni más ni menos.
Hay otros muchos casos más, como los de Pérez o Sinibaldi, que han sido manejados por jueces que han dejado más dudas sobre su actuar y sus decisiones que certezas y tranquilidad sobre las mismas. Pareciera existir una estrategia de impunidad que se da en diferentes instituciones, como desde el MP o desde los mismos jueces. Otro ejemplo de esto es cómo desde el MP se han desechado testimonios importantes de dos empresarios brasileños que acusaban Alejandro Sinibaldi de recibir sobornos. La decisión habría sido tomada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien fue sancionado en 2022 por Estados Unidos, que lo acusó de “corrupción y socavamiento de la justicia”.
Curruchiche, sumado a la estrategia de impunidad, ha jugado un rol importante en la estrategia de persecución judicial. Existen graves denuncias que se han hecho sobre la utilización del aparato judicial guatemalteco para perseguir y encarcelar a jueces, exfiscales, periodistas, investigadoras y veedores. Un caso de persecución es el de José Rubén Zamora, propietario del medio de comunicación de mayor tradición en el país, ElPeriódico, quien en junio de 2023 había sido condenado por supuesto lavado de dinero a seis años de cárcel. En octubre de 2023 una sala de Apelaciones de Guatemala anuló la condena en contra Zamora y ordenó repetir el proceso judicial.
La estrategia de impunidad sumada a la de persecución parece tener un único fin, recuperar el poder total de las instituciones en Guatemala. En este contexto político, en agosto de 2023 ganó las elecciones Bernardo Arévalo quien tiene un gran reto como presidente, además de resistir los embates de esas estrategias y el pacto de corruptos que querrán que salga de su cargo, tiene que atacarla y no la tiene fácil, es necesaria una mayoría en el Congreso para llevar a cabo los cambios al sistema de justicia, el cual actualmente está permeado por estos poderes, a los cuales pareciera que está ayudado de cara al futuro, para, como se dijo, antes, recuperar la totalidad del poder en el país.
[1] Este índice evalúa y clasifica a los países en función de su eficacia en la lucha contra la corrupción, considerando 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, la fortaleza del periodismo de investigación y los recursos disponibles para combatir la delincuencia de "cuello blanco".