Por: Katerin Erazo, Periodista
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66 militares que habían sido secuestrados desde el 9 de agosto en una zona rural de San José del Guaviare, finalmente recuperaron su libertad. Este suceso, que ha generado un intenso debate a nivel nacional, pone de relieve las tensiones persistentes en las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia y las fracturas dentro del gobierno en la interpretación de los hechos.
Todo comenzó cuando un grupo de 98 militares, pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, fue interceptado por personas que se identificaron como miembros de guardias campesinas de las veredas Chuapal y Bocas de Caño Cafra, en San José del Guaviare. Estas personas, alegando la defensa de sus territorios, impidieron que los soldados continuaran con sus operaciones en la zona, reteniéndolos contra su voluntad.
Las Fuerzas Militares informaron que los soldados estaban desplegados en la región en respuesta a amenazas y extorsiones atribuidas a Alexis Guerra, alias Cancharino, un conocido integrante de la estructura Jorge Suárez Briceño. Este grupo armado había emitido panfletos en los que obligaba a los comerciantes del sur del Meta y San José del Guaviare a cerrar sus negocios durante varios días en julio. La presencia militar, por tanto, tenía como objetivo contener la expansión de las actividades criminales y proteger a la población civil de posibles represalias.
Sin embargo, la retención de los soldados se extendió por más de 72 horas. Fue solo el 10 de agosto cuando un primer grupo de aproximadamente 40 militares fue liberado, quedando aún 66 soldados en cautiverio. La liberación completa se logró el 12 de agosto, cuando estos últimos soldados fueron dejados en libertad, según informaron las Fuerzas Militares en un comunicado oficial.
El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta oficial de Twitter, confirmó la liberación de los uniformados y atribuyó el secuestro a comunidades "instrumentalizadas" por el bloque "Jorge Suárez Briceño". La reacción oficial fue contundente, subrayando que las tropas permanecerían desplegadas en la zona para garantizar la seguridad y combatir todos los fenómenos de criminalidad.
El general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3, también se pronunció sobre la situación, alertando a las comunidades locales sobre los riesgos de permitir la retirada de las fuerzas militares. Según Vargas, esto dejaría a la población a merced de grupos armados ilegales que podrían actuar con total impunidad. El general enfatizó que, por ley, no existe ningún territorio en Colombia donde las instituciones del Estado no puedan actuar, rechazando cualquier intento de limitar la presencia estatal en las regiones más conflictivas.
El incidente también expuso profundas divisiones dentro del gobierno. Mientras los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Juan Fernando Cristo, atribuyeron las retenciones a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) bajo el mando de alias Calarcá, otras voces dentro del Ejecutivo negaron esta versión. Camilo González Posso, jefe negociador del gobierno en los diálogos con el EMC, desmintió cualquier vinculación de las disidencias con el secuestro, respaldando la versión del alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, quien aseguró que fueron las guardias campesinas, y no la guerrilla, las responsables de la retención de los soldados.
Diomedes Torres, un destacado líder campesino de Guaviare, también cuestionó la narrativa oficial. En una entrevista con W Radio, Torres rechazó la idea de que lo ocurrido fuera un secuestro, argumentando que se trató de una retención, la cual describió como "el único medio de manifestación pacífica" que tenían las comunidades en ese contexto. Según Torres, los soldados no estaban privados de su libertad en el sentido tradicional y podían moverse dentro del área. "No podemos llamarlo secuestro porque en ninguna parte del mundo ningún civil ha secuestrado a ningún armado, una cosa es un sometimiento, distinto a un secuestro y una retención", afirmó.
El líder campesino también criticó lo que describió como "atropellos del Ejército" en la región, mencionando que la presencia militar había generado un creciente descontento entre los campesinos, quienes acusan a las tropas de quemar casas y de actuar con un exceso de fuerza.
Este episodio refleja la complejidad de la situación en las regiones donde el conflicto armado sigue siendo una realidad laten. La controversia generada por este incidente pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y concertado en la relación entre el Estado y las comunidades afectadas por el conflicto. Mientras algunos sectores insisten en la necesidad de una presencia militar robusta para combatir a los grupos ilegales, otros abogan por soluciones más dialogadas y respetuosas de los derechos de las comunidades rurales.