Por: Juan Manuel Rueda Castaño, Editor
Fundación Paz & Reconciliación
Durante las últimas semanas, la cuestión de la explotación de hidrocarburos en Colombia se ha reducido a un debate fuertemente técnico e ideológico. Una conversación que, desafortunadamente, se ha visto atropellada por la falta de claridad alrededor de las reservas de gas y petróleo que tiene el país para hacer la transición energética. Lo que ha hecho de un tema que de por sí es complicado por sus múltiples aristas e implicaciones, terreno fértil para que los tecnócratas cosechen buena parte de la opinión pública a través de informaciones técnicas, difíciles de comprender.
Frente a este discurso tecnocrático, el Gobierno Nacional, consciente de la importancia de aportar a la ralentización del cambio climático, quiere mantener una postura política fuerte contra la economía extractiva. Sin embargo, en diferentes momentos ha tenido que mostrarse flexible, no solo en cuanto a la falta de claridad alrededor de la hoja de ruta para la transición energética del país, sino por la crisis económica mundial generada por la reciente pandemia y la guerra en Ucrania, la cual, además de traer grandes dificultades, ofrece oportunidades de crecimiento para los países exportadores de hidrocarburos.
Es cierto que la industria del petróleo representa para la economía colombiana, aproximadamente, el 5% de la producción (PIB), un poco más del 40% de las exportaciones y más del 80% de las regalías regionales. También es cierto que los científicos advierten, desde hace décadas, sobre la urgencia de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2025 para evitar una catástrofe climática planetaria. Pero hay que tener en cuenta que, en un país como el nuestro, con una economía extractiva que ha atropellado los derechos de miles de personas y que ha usado sistemáticamente la violencia para llevarse a cabo, la explotación de hidrocarburos es, sobre todo, un tema ético y político.
Así nos lo hicieron ver Alexander Riaño y León Valencia en el libro La minería en el posconflicto, un asunto de quilates (2017), publicado por Ediciones B Colombia con el apoyo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en el que se hace un recuento sobre los conflictos sociales alrededor de las industrias extractivas desde el 2000 hasta 2016. En el texto se logran identificar, por lo menos, 179 conflictos mineros, de los cuales 59 están asociados a la industria petrolera (2017, p. 112).
En el texto, Riaño y Valencia identifican y analizan problemas sociales derivados de la explotación minera, como los que hay por el acceso y uso del agua, entorno a las prácticas laborales indignas, sobre el uso de la tierra y la violación de derechos humanos, entre otros. Todos estos son fenómenos que se repiten, durante el período analizado, en departamentos como Arauca, Casanare, Meta o Norte de Santander. Regiones muchas veces precarizadas por el Estado, a pesar de las ricas regalías que la industria deja, que son acabadas a mordiscos por las élites corruptas nacionales y departamentales. Élites que solo miran a estos territorios cuando hay problemas de seguridad que impiden el flujo continuo del recurso para su exportación, acudiendo entonces a la fuerza pública, en el mejor de los casos, para mantener el orden, pasando, incluso, por encima de los reclamos y derechos de las comunidades que viven y trabajan para el petróleo, el gas, el carbón, el oro, etc.
En síntesis, Valencia y Riaño nos muestran un sector minero con grandes problemas de gobernanza, tanto por los vacíos legislativos como por la debilidad institucional. Un sector económico que afecta fuertemente al país en lo social y lo político, pues afecta negativamente el tejido comunitario, ha generado desplazamientos forzados de comunidades, persecuciones al movimiento sindical (desapariciones, amenazas y asesinatos) y daños ambientales gravísimos.
No se trata entonces de un tema meramente técnico, cargado de cifras, porcentajes y rentabilidades, ni del cambio climático y las conferencias de respaldo ante la ONU; se trata de comprender los múltiples intereses involucrados y contradictorios que se encuentran en la extracción de hidrocarburos en el país. Es decir, la extracción de los recursos, además de ser un tema económico importante a nivel nacional, es un asunto muy diverso y complejo socioculturalmente en los territorios involucrados en este proceso.
En este sentido, el país debería volcarse a un diálogo nacional alrededor de este tema, teniendo en cuenta tanto los elementos técnicos, económicos y ecológicos, como el problema ético y político de fondo. De esta forma se estaría atendiendo la complejidad de intereses encontrados, sin primar unos sobre otros. Es necesario reconocer la importancia de la minería en el desarrollo económico y la lucha contra el cambio climático, pero también las formas de vida de las comunidades involucradas en las industrias extractivas. Estos temas sociales también deben de entrar en la discusión, más allá de tecnicismos.