Por: Katerin Erazo, Periodista
La Minga Indígena del Cauca ha llegado a Bogotá, trayendo consigo no solo una marcha masiva sino un mensaje contundente al Gobierno Nacional. Desde la noche del 19 de agosto, cuando los primeros miembros de la Minga arribaron a la capital, se ha puesto en marcha un proceso de movilización y diálogo que busca hacer frente a la situación de violencia que azota los territorios indígenas en el suroccidente del país. hoy, la minga indígena toma las calles de Bogotá en defensa de la vida, la paz y la dignidad de sus comunidades.
Los pueblos Nasa, Yanakuna, Kokonuko, Misak, Ambaló, Kisgo, Polindaras, Totoróez, Eperâara Siapidâara e Inga, representados por 139 autoridades indígenas, han decidido emprender esta movilización como una respuesta a la creciente violencia en el departamento del Cauca. Desde marzo de 2024, esta región ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las disidencias del Estado Mayor Central, comandadas por alias Iván Mordisco. La disputa territorial por parte de actores armados ilegales ha puesto en riesgo no solo la vida de los habitantes, sino también la gobernabilidad y el control social ejercido por las comunidades indígenas.
Uno de los numerosos actos de violencia en estos territorios ocurrió el pasado domingo 18 de agosto, cuando un guardia indígena fue asesinado por hombres armados en el municipio de Toribío. Según un comunicado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en este municipio se han registrado al menos 15 homicidios en las últimas tres semanas.
Según Yesid Conda, Consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la situación es insostenible: "Hay violencia en nuestros territorios. Actores armados ilegales se disputan nuestros territorios, poniendo en riesgo la vida de nuestros pueblos indígenas y nuestra gobernabilidad interna". Ante este panorama, la Minga exige una atención inmediata y una ruta de acción por parte de las instituciones del Estado, que permita frenar la escalada de violencia y proteger a las comunidades.
El Parque El Renacimiento, ubicado en el centro de Bogotá, se ha convertido en el epicentro de la Minga. En este espacio, las comunidades recibirán asistencia humanitaria por parte de la Alcaldía Distrital y el Ministerio del Interior, mientras se llevan a cabo mesas de diálogo con diferentes delegados del Gobierno Nacional. Aunque se espera una conversación directa con el presidente Gustavo Petro, aún no se ha confirmado si este accederá a reunirse personalmente con los líderes indígenas.
Más allá de la seguridad en sus territorios, la Minga ha planteado otras demandas claves. Las comunidades indígenas exigen mayor participación en los procesos de paz y en los diálogos que el gobierno ha promovido con distintos actores armados. Para ellos, es crucial que las poblaciones afectadas tengan voz en la construcción de consensos sobre las estrategias que buscan transformar su realidad territorial, social y económica.
Una de las preocupaciones centrales de la Minga es la amenaza que representan algunas multinacionales para los territorios indígenas. Las comunidades denuncian que las operaciones productivas de estas empresas están afectando gravemente sus ecosistemas y modos de vida. Además, han manifestado su descontento con recientes decisiones judiciales que han otorgado títulos de tierra a terceros en áreas que, históricamente, han pertenecido a los pueblos indígenas. En este contexto, los líderes han reiterado la importancia de respetar la Ley de Origen y el Derecho Propio, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.
Los y las indígenas también han hecho un llamado urgente para que el Estado reconozca el agua como un sujeto de derechos, con el fin de garantizar su protección y la supervivencia de las comunidades. Asimismo, han solicitado que se fortalezcan los mecanismos de salud intercultural, respetando las prácticas médicas tradicionales que cada una de las agrupaciones ha implementado para sus afiliados.
Esta no es la primera vez que los pueblos indígenas del Cauca se desplazan hasta Bogotá para exigir cambios en las políticas del gobierno. En septiembre y diciembre de 2023, realizaron movilizaciones similares para protestar contra decisiones que consideraban perjudiciales para sus territorios y su autonomía. Sin embargo, en esta ocasión, el contexto de violencia y las crecientes tensiones han hecho que sus exigencias sean aún más urgentes.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha hecho un llamado al Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) para que no recurran a bloqueos de vías, especialmente la Panamericana, como medida de presión. Según el ministro, “el Gobierno nacional mantiene un canal de conversaciones con todas las comunidades y está dispuesto a continuar con oídos abiertos, pero sin que tengan que recurrir a las vías de hecho para recibir atención". Sin embargo, los líderes indígenas insisten en la necesidad de hacerse escuchar y han reiterado que la movilización en Bogotá es parte de su estrategia para visibilizar las problemáticas que enfrentan.
Durante los próximos días, se espera que la Minga adelante una agenda de reuniones con distintos actores gubernamentales, donde se abordarán temas relacionados con la seguridad en los territorios, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la participación en los procesos de paz. Aunque aún no se ha confirmado la participación directa del presidente Petro en estas mesas de diálogo, la expectativa de las comunidades es que el mandatario escuche sus propuestas y actúe con prontitud para responder a sus demandas.
El Ministerio del Interior se ha comprometido a coordinar la logística para la Minga, incluyendo la instalación de unidades sanitarias, carpas y otros servicios necesarios para garantizar la estancia digna de los indígenas en Bogotá. Por su parte, la administración distrital, a través del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, ha asegurado que se cumplirán todos los requisitos para una movilización pacífica y ordenada.
Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la situación en el Cauca se enmarca dentro de diversas acciones implementadas por el Gobierno Nacional. Por un lado, se ha intensificado la respuesta militar frente a la presencia y fuerza del Estado Mayor Central en el territorio. Esta estrategia está acompañada por planes de intervención territorial que buscan un trabajo conjunto entre diversas entidades.
La presencia militar en la región responde, en parte, a los hechos de violencia protagonizados por el Estado Mayor Central. De acuerdo con un reporte reciente, en los últimos meses se han registrado 109 combates entre las Fuerzas Militares y este grupo, 133 ataques a la fuerza pública y 60 hostigamientos. Además, las Fuerzas Militares han logrado recuperar a 76 menores de edad que estaban siendo reclutados por el Estado Mayor Central.
Este contexto de movilización y conflicto también se agrava con la reciente muerte de Víctor Alfonso Yule, integrante de la Guardia Indígena, quien falleció en Toribío, Cauca. A este hecho se suma el asesinato de líderes sociales, especialmente indígenas, que han denunciado la disputa territorial y los enfrentamientos provocados por el Estado Mayor Central.
La llegada de la Minga Indígena a Bogotá resalta la necesidad de un enfoque integral para abordar los desafíos de seguridad y desarrollo en las regiones más afectadas por la violencia en Colombia. La movilización no solo busca soluciones inmediatas, sino también una transformación estructural que permita construir una paz duradera en los territorios indígenas. Los líderes han insistido en que esta lucha no es solo por ellos, sino por el bienestar de todo el país, pues consideran que la protección de la vida y el territorio es un deber colectivo.
En los próximos días, la atención estará puesta en el desarrollo de las conversaciones entre la Minga y el Gobierno Nacional, así como en las acciones que se tomen para responder a las demandas de las comunidades indígenas. Mientras tanto, la movilización continúa, recordándole al país que la paz, la justicia y la dignidad son principios que deben ser defendidos, incluso a través de la resistencia pacífica y la lucha organizada.