Por: Redacción Pares
Más de cien años estuvieron en Colombia. Primero se llamaron la United fruit company. Se establecieron en el Magdalena, rodeando un pueblo llamado Aracataca donde nació un premio Nobel, Gabriel García Márquez, en su relato más afamado, narró la masacre de los sindicalistas que pedían salir de los salarios de hambre, jornadas justas, quitarse los grillos del esclavo. José Arcadio Segundo se salvó de milagro, escondido en un vagón lleno de muertos, haciéndose pasar por uno de ellos.
La violencia siempre acompañó a Chiquita Brands, no sólo cuando estuvieron en lo que después sería conocido universalmente como Macondo, sino cuando se extendieron al Urabá. En realidad su perniciosa influencia se vio no sólo en el país sino en el continente entero. Así quedó estipulado con el fallo del pasado 10 de junio cuando un tribunal norteamericano determinó la responsabilidad de la empresa norteamericana en ocho asesinatos perpetrados por paramilitares. Ya, en el 2007, Chiquita Brands pagó una multa de 25 millones de dólares por reconocer haber financiado grupos de autodefensa en Colombia. En ese momento argumentaron que les había tocado pagarle a las AUC una suma cercana a los dos millones de dólares después de recibir amenazas por parte del líder máximo de esa organización, Carlos Castaño. Recientemente Ever Veloza, mejor conocido como HH, comandante de los paras en Urabá, afirmó que eran los propios empresarios de Chiquita quienes buscaban a los paras para contar con su ayuda.
La noticia pintaba muy buena para las víctimas en Colombia. 16 demandantes habían obligado a pagar a la multinacional bananera 38 millones de dólares. Eso abría una puerta para que cientos de colombianos que habían sido víctima de despojo, desplazamiento y asesinato pudieran cobrar una jugosa tajada de indemnización. Una inyección económica que recibiría uno de los territorios más golpeados por la guerra en Colombia. El cálculo que se hizo en el Reporte Coronell del pasado 26 de junio era claro: si las víctimas de Chiquita en Colombia recibieran una indemnización parecida a la que recibieron los 16 demandantes del fallo de West Palm Beach llevarían a la empresa a la bancarrota. Tendrían que pagar 16 mil millones de dólares.
Es acá donde aparece la figura del abogado Paul Wolf. Hace unos años este norteamericano logró ser el apoderado de 2.000 demandantes contra Chiquita Brands y les prometió hacerles justicia. Al parecer jugaba doble y se convirtió, según el Reporte Coronell en “el as bajo la manga” de la multinacional bananera. El pasado viernes 21 de junio apareció con un plan para resolver el problema de 2.500 demandas contra Chiquita. Según el abogado Pablo Rueda esto que presentó Wolf no es propiamente un acuerdo, para que sea, debe ser aceptado por las víctimas. En este plan las víctimas deberán aceptar, apenas, cinco millones y medio de pesos por persona asesinada. Esta plata debe repartirse entre todos los dolientes del fallecido. Para esto realizó una compleja maniobra jurídica.
Esto le permite a Chiquita Brands pasar de pagar una multa que sobrepasaría los 4.000 millones de dólares a poco más de tres millones. Esta es una verdadera infamia. Las víctimas podrían apelar pero el argumento que les dará el abogado Wolf es que es mejor aceptar esa plata a seguir esperando una indemnización que se tardaría años en llegar. Esta decisión sólo afectará a las 2.000 personas que le dieron el poder a Wolf para ser representadas. Las otras deberán seguir luchando por la justicia.
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