Por: Sergio Saavedra. Periodista Pares.
En Colombia el inicio del 2021 ha significado que asesinen a tres (3) líderes y lideresas sociales por semana. Janeth Zapata es el nombre de la lideresa social del municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, que fue asesinada el pasado jueves 21 de enero. Paralelamente, el Gobierno Nacional —a falta de 18 meses para que Iván Duque abandone la Casa de Nariño— continúa infructuoso para atender la grave crisis de Derechos Humanos que ha sido protagonista desde el retorno del uribismo al poder.
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De acuerdo con la comunidad, la lideresa durante años dedicó su empeño al trabajo comunitario en el barrio conocido como ‘Bombay’ de la comuna 13 en el municipio de Dosquebradas. Según lo dicho por Jaime Gutiérrez, defensor de Derechos Humanos en Risaralda y asesor de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, Janeth —además de su trabajo como lideresa— era madre de un menor con discapacidades diferentes. Hombres armados arribaron al lugar en donde se encontraba la lideresa y abrieron fuego.
La situación de Dosquebradas y Risaralda
Resulta importante señalar que en menos de cuatro meses ya se han registrado dos asesinatos en el municipio de Dosquebradas. Antes del asesinato de Janeth, el pasado 28 de septiembre de 2020, fue asesinado Jorge Luis Quintero Villada; un líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Sabanitas y trabajaba como guardabosques. Dos sicarios en motocicleta lo asesinaron.
Con Janeth son nueve (9) los líderes y lideresas que han sido asesinados en el departamento de Risaralda, según las cifras de Pares. Ninguno de los agentes perpetradores ha sido identificado por las autoridades. Asimismo, Dosquebradas es uno de los municipios que más ha sido victimizado junto con Pueblo Rico y Santuario.
Sin respuesta ante la violencia a líderes y lideresas sociales
Siguiendo con las investigaciones de Pares, más de la mitad de los asesinatos a líderes y lideresas sociales —desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016— han ocurrido durante los dos (2) años y cinco (5) meses del gobierno de Iván Duque. Uno de los hechos que más preocupa es que la inmensa mayoría de los presuntos perpetradores no han sido identificados por los órganos investigativos.
Por otra parte, según Pares, la sistematicidad que no hay podido establecer el Gobierno Nacional desde el perpetrador de los asesinatos; si lo dan —trágicamente— el perfil de líderes y lideresas que ejercen su liderazgo bajo fuego. Es el caso de los liderazgos de presidentes o miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC), liderazgos indígenas, campesinos, afrodescendientes. Además de Colombia ubicarse como el país más peligroso para líderes y lideresas ambientales, según la organización Global Witness. Situación que para 2021 continúa igual, pues el pasado 11 de enero, por ejemplo, fue asesinado Gonzalo Cardona Molina quien era líder ambiental y ejercía como guardián del Loro Orejiamarillo.
Recomendaciones del informe de Verificación de la ONU
En el más reciente informe trimestral de expedido por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia —periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre de 2020—; se señala que se debe fortalecer la labor de la Unidad Especial de Investigaciones (UIE) de la Fiscalía. De hecho, una de las acciones llamadas a priorizar debe ser el apoyo a la UEI por parte de la Fuerza Pública para contribuir en la ejecución de órdenes de captura y acceso a escenas en dónde se perpetran asesinatos a líderes, lideresas y firmantes de la paz.
Asimismo, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, instó a los actores “a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en particular a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).” Debido a que, en el periodo comprendido por el informe, “la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 42 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos”.
De igual forma, Guterres hizo un llamado a a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para que haga cumplimiento de su mandato consagrado en el Acuerdo de paz. De esta forma, contribuir al “desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que son los principales responsables de esta violencia. Señala además la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil en este sentido.”
El informe de la Misión de Verificación resalta que, entre otras tantas cosas, los ataques a lideresas y defensoras de DDHH dificultan la participación integral de éstas en la implementación del Acuerdo de Paz.
Según el informe el 78 % de los asesinatos de líderes sociales y defensores y defensores de los derechos humanos tuvieron lugar en zonas rurales, el 98 % en municipios con economías ilícitas, en especial producción de drogas y minería ilegal, y el 45 % en municipios PDET. En municipios con características similares, actores humanitarios reportaron que la violencia de los grupos armados ilegales está afectando a las comunidades, como atestigua el aumento de los indicadores de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado y violencia sexual.
Geográficamente, según el informe, la violencia letal en contra de líderes y lideresas sociales se ha recrudecido especialmente en las siguientes zonas: Cauca (12), Norte de Santander (9), el Putumayo (8), el Valle del Cauca (5) y el Chocó (4).
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