Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Caracol Radio
En un comunicado emitido este 14 de febrero, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia enfatizó la importancia crucial de elegir pronto al próximo Fiscal General de la Nación. Destacando el papel fundamental que desempeña la Fiscalía en la garantía del acceso a la justicia, la consolidación democrática y el Estado de Derecho, la ONU instó a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección en el menor tiempo posible.
La inclusión del enfoque de género en la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro también recibió elogios por parte de la ONU, que reconoció a las candidatas Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra como idóneas para el cargo.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, se sumó al llamado, advirtiendo que la falta de designación de un Fiscal General podría debilitar el sistema de justicia colombiano. La CIDH instó tanto a la Corte Suprema como al poder Ejecutivo a garantizar un proceso transparente y libre de interferencias.
Estos pronunciamientos internacionales se dan en medio de la tensión política en Colombia, especialmente tras el final del periodo del Fiscal General Francisco Barbosa el pasado 12 de febrero. El presidente Petro, quien ha sido objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía, acogió positivamente el respaldo de la comunidad internacional a la elección del nuevo fiscal, subrayando la importancia de cumplir con la Constitución y los estándares de decencia.
Según Juan Alejandro Pérez, investigador de la Línea Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la ONU ha instado a tomar medidas similares a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos del sistema internacional, respecto a la actual situación de tensión en Colombia. Se hace énfasis en la urgencia de elegir rápidamente al nuevo fiscal, considerando que las hojas de vida y las ternas están disponibles desde hace algún tiempo.
Pérez mencionó que la Corte ya ha evaluado y aprobado esta terna, por lo que se solicita una elección expedita, dada la creciente tensión en el país. Se insta al Gobierno a llevar a cabo este proceso con calma y respeto por los procedimientos institucionales establecidos. Esta petición es común en otros países y es parte del proceder normal tras la salida del fiscal en turno.
Además, también señaló que el término del fiscal es de cuatro años, contados a partir de su posesión. El fiscal Francisco Barbosa cumplió su mandato de cuatro años el pasado lunes.
El investigador de Pares explicó que la Corte puede tomarse un tiempo considerable, incluso hasta un año y medio, para evaluar candidatos en múltiples sesiones plenarias. Esto se evidenció en el período de interinidad de 16 meses antes de la elección de Vivian Morales, durante un cambio de Gobierno de Álvaro Uribe a Juan Manuel Santos. Aunque este proceso fue prolongado, el promedio suele ser de aproximadamente 5 o 6 sesiones plenarias.
Ya se han realizado dos sesiones plenarias, y la próxima está programada para el 22 de febrero. Es de esperar que durante alguna de estas sesiones la Corte tome una decisión respecto a la elección del nuevo fiscal.
La selección del Fiscal General de la Nación en Colombia es un proceso de gran relevancia, crucial para el funcionamiento del sistema de justicia y el fortalecimiento de la democracia en el país. La figura del Fiscal General desempeña un papel fundamental en la garantía del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad.
El Fiscal General es el máximo representante del Ministerio Público en Colombia y tiene la responsabilidad de dirigir la Fiscalía General de la Nación, una institución clave en el sistema de administración de justicia del país. Entre las principales funciones del Fiscal General se encuentran las siguientes:
Investigación y persecución del delito: Una de las responsabilidades más importantes del Fiscal es dirigir las investigaciones y la persecución penal de los delitos cometidos en Colombia. Esto incluye desde delitos menores hasta crímenes graves como homicidios, corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Fiscalización de la legalidad: El Fiscal General tiene la facultad de ejercer el control de la legalidad en el sistema de justicia colombiano. Esto implica supervisar el cumplimiento de las leyes y garantizar que los procedimientos judiciales se realicen de acuerdo con los principios del debido proceso y los derechos fundamentales de las personas.
Protección de los derechos humanos: Como máximo representante del Ministerio Público, el Fiscal General tiene la responsabilidad de velar por el respeto y la protección de los derechos humanos en Colombia. Esto incluye investigar y sancionar los casos de violaciones de derechos humanos, así como promover acciones para prevenir su comisión.
Cooperación internacional: El Fiscal también juega un papel importante en la cooperación judicial internacional, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional. Esto implica colaborar con otros países en la investigación y persecución de delitos que trascienden las fronteras nacionales.
La elección del Fiscal General de la Nación es un proceso que debe llevarse a cabo con total transparencia, garantizando la independencia y la imparcialidad del candidato seleccionado. La persona designada para este cargo debe tener una sólida formación jurídica, experiencia en el campo de la justicia y un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho.
En el contexto actual de Colombia, la elección del nuevo Fiscal General cobra una importancia especial, ya que se espera que desempeñe un papel clave en la consolidación de la paz, la reconciliación y la justicia transicional en el país. Por lo tanto, es fundamental que el proceso de selección se realice de manera diligente y respetando los más altos estándares de integridad y transparencia.
Tanto la ONU como la CIDH enfatizan la necesidad urgente de elegir al próximo Fiscal General de manera transparente, garantizando la independencia y la integridad del proceso, para fortalecer así el Estado de Derecho y la democracia en Colombia.