Por. David Castro-Ortega- Pasante línea de Paz, Seguridad y DDHH
A la crisis humanitaria en el Catatumbo, generada por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, se suma la crisis humanitaria en el Chocó producto de los enfrentamientos entre el ya mencionado ELN y el Clan del Golfo (AGC/EGC). Con epicentro en el corregimiento de Puerto Murillo “El Tubo”, municipio de Quibdó, estos enfrentamientos se dan en un intento de ampliar el control territorial en la zona por parte de ambos grupos armados, un conflicto que se viene presentando desde hace más de tres años[1].
En horas de la tarde del pasado 8 de enero la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, alertó a través de su cuenta en X sobre los desplazamientos forzados y el confinamiento generado por la situación de seguridad en la cuenca media del río San Juan. Como consecuencia de esta situación se ha realizado un despliegue humanitario en los municipios afectados y convocado, desde la gobernación del Chocó, a un consejo de seguridad con participación del Ejército Nacional, la Policía y la Armada en el municipio de Istmina.
Ante estos hechos el Consejo Comunitario General de San Juan (ACADESAN), en un comunicado emitido el pasado 7 de febrero (un día después del inicio de los enfrentamientos), destacó la importancia de que las instituciones del Estado adopten medidas urgentes de prevención y protección que eviten situaciones de vulneración a los Derechos Humanos, como las que se han presentado con anterioridad en la zona. Este comunicado hace también un llamado a todos los actores del conflicto armado, legales e ilegales, a que prime el respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a fin de prevenir afectaciones a la población civil, destacando también el anhelo de paz de las comunidades presentes en el territorio y en esta línea señalando la importancia de adelantar diálogos y negociaciones de paz que permitan superar el conflicto y la violencia.
Retos para la Paz Total
El aumento en las afectaciones generadas a la población civil por los enfrentamientos entre grupos armados, legales e ilegales supone retos para la apuesta por la Paz Total del gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro. El que estos hechos de violencia ocurran en el Chocó, una de las regiones priorizadas en la implementación de la política de Paz Total[2], implica exponer las debilidades de esta iniciativa del gobierno nacional, que ha estado obstaculizada por la falta de un marco normativo, limitaciones de infraestructura y una visión con poco aterrizaje práctico sobre el tratamiento de las causas de la violencia.
A esto se suma el hecho de que, tras la crisis humanitaria en el Catatumbo, generada por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), se puso de manifiesto la falta de voluntad de paz que tiene el Ejército de Liberación Nacional, lo que llevó a la suspensión de las mesas de negociación con esta guerrilla por parte del presidente Gustavo Petro. La situación presentada actualmente en el Chocó, se suma a una serie de afectaciones a la población civil de la zona generadas por el ELN, como el paro armado del segundo semestre del 2024, en el que se mantuvieron confinadas más de 45.000 personas, la instalación de explosivos en espacio público, entre otras acciones de esta guerrilla. Estos hechos solo exponen aún más la falta de voluntad de paz y hace cada vez más lejano un horizonte en el que se pueda llegar a un acuerdo de paz con este grupo armado.
Por otro lado, la participación del Clan del Golfo en estos enfrentamientos se da días después de anunciar el establecimiento de mesas de diálogos exploratorios con el gobierno nacional para una posible negociación. Los diálogos con uno de los grupos armados con mayor presencia y poder en el país en la actualidad implican una apuesta ambiciosa en la que se tiene mucha expectativa, pues de conseguir acuerdos de paz o sometimiento con el Clan del Golfo, se podría avanzar más fácilmente en la garantía de derechos para poblaciones históricamente afectadas por el conflicto. Aun así, los enfrentamientos en “El Tubo”, plantean un escenario de incertidumbre y un factor más a considerar por parte del gobierno nacional a la hora de establecer líneas rojas y condiciones para continuar con los diálogos y una posible negociación con este grupo armado, pues es necesario que dentro estas se priorice la necesidad de brindar protección a las comunidades afectadas por las acciones del Clan del Golfo.
Así pues, continuar con la apuesta por la Paz Total implica mantener presente el accionar de los grupos armados y la forma en que esto pueda llegar a ser o no una muestra de voluntad de paz por parte de estos. El reto radica en mantener la vista en dos aspectos principales: la atención a la población civil afectada por los enfrentamientos entre los actores del conflicto, tanto legales como ilegales; y conseguir adelantar procesos de diálogo y negociación que permitan congelar el conflicto en lo que se avanza en una vía pacífica que ponga fin al mismo.