Por: Walter Aldana
Político Social Alternativo
Realmente no ha bastado con la expedición de la Ley 2272 de 2022 denominada de "Paz Total", que en varios territorios de la nación, y específicamente en el Cauca, ha revivido la esperanza de un nuevo amanecer a partir del diálogo con las estructuras armadas presentes en la geografía rural y urbana.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 27 líderes y lideresas han sido asesinados durante los primeros tres meses del presente año, llegando a 1.436 las víctimas desde la firma en 2016 del "Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", momento de esperanza para las y los colombianos, que no duró más de un año.
A la salida de las FARC-EP de los territorios de influencia político militar, fue reiterativo el llamado a los gobiernos Santos y Duque a copar esos espacios, fundamentalmente rurales, con la presencia de la Fuerza Pública y la institucionalidad civil, y una significativa inversión social. Incluso propusimos la creación de una policía comunitaria más persuasiva que letal, dotada de bastones de mando y armas cortas, sin armas largas.
Lo que no supimos leer en su momento es que la guerra, o por lo menos la capacidad de generar zozobra por parte de las denominadas disidencias, era funcional a la aplicación del modelo neoliberal imperante para la segunda década de este siglo. La muestra más clara de ello es que terminada la preocupación por las FARC como ejército guerrillero, se presentó la aparición en el debate nacional de los carteles del cemento, del papel higiénico, de la hemofilia, de los pañales, del azúcar, etc.
La falta de atención de los gobiernos a las zonas más apartadas del país favoreció que las disidencias de las FARC y otras organizaciones armadas iniciaran una fuerte confrontación armada por el control territorial en nuestro Cauca. Hoy, más de 12 estructuras armadas se disputan el control en los campos, y los habitantes de veredas y corregimientos volvieron a ver las "comisiones", compuestas de cuatro o más unidades armadas, recorriendo las zonas, intimidando a la población y buscando apoyo popular a su presencia.
Y como la guerra se degrada, en el afán de posicionarse en esas zonas para ejercer presencia y control sobre la vida cotidiana del campo y sus gentes, sembrar el terror se convirtió en elemento clave para afianzar su presencia. Por ello, disparar ráfagas de fusil contra miembros de la autoridad indígena, en el marco de un enfrentamiento entre dos de esas estructuras, es visto como normal por quienes conforman tales estructuras, así el resultado de la acción haya sido el asesinato de Wilson Bomba, concejal y autoridad tradicional indígena en el municipio de Caldono, norte del Cauca.
En varias oportunidades hemos pedido de manera cordial y respetuosa a los mandos del Comando Coordinador de Occidente, que aglutina ocho de estas estructuras, así como a la denominada Segunda Marquetalia y al ELN, desarrollar diálogos humanitarios que permitan, con autorización de nuestro Gobierno Nacional, pactar puntos vitales para las comunidades rurales, como compromisos de las organizaciones armadas: respetar la vida de lideresas y líderes sociales y de derechos humanos; reconocer las tradiciones culturales y religiosas de las comunidades étnicas y del campesinado; permitir el libre desarrollo de las actividades asociadas a esas tradiciones; garantizar la actividad proselitista electoral de todas las tendencias políticas, sin vetos; y cesar de imponer a los pobladores la ley seca, toque de queda o los denominados "impuestos de guerra".
Si no podremos tener los beneficios de la Paz total, que por lo menos lleguemos a acuerdos humanitarios para tener una mínima armonía, aunque no compartamos su forma de lucha ni su modo de operar.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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