Por: Redacción Pares
Uno de los sueños que tiene un joven que entra a estudiar derecho es llegar a ser juez o magistrado. Se supone que en la justicia colombiana, a la hora de escoger estos rangos, la meritocracia es lo que debe primar. Jueces y magistrados son la base de la ley, de la justicia en Colombia. Escándalos como el Cartel de la Toga se hubieran prevenido si se hace una depuración de sus miembros. Llevar una toga en este país debe ser una garantía de justicia y no una puerta abierta a la sospecha, a la trampa.
Desde el 2018 el Consejo Superior de la Judicatura abrió una convocatoria -la número 27- para nombrar 2744 jueces y magistrados en el país. 43 mil abogados se inscribieron con la ilusión latente de acceder a uno de estos cargos. Después de cinco años el concurso y de dos fases de evaluación de conocimientos se fue depurando candidatos hasta tener apenas a 3.800. En el 2023 empezó un curso de formación judicial que les evaluaría el 20% restante. El CSJ por medio de la escuela judicial Lara Bonilla contrató una Unión Temporal para hacer el curso y la posterior evaluación que no tenía mucha experiencia en el tema evaluador en el tema judicial.
Empezó entonces para los 3.800 candidatos una verdadera tortura. El curso no tenía guía, los textos eran desactualizados y fueron sometidos a la tortura de leer textos mamotétricos para enfrentarse a evaluaciones sorpresivas, que tenían que preparar en apenas unos cuantos días. Las instrucciones eran pocas claras y en las evaluaciones, para colmo, las preguntas estaban mal formuladas. El 21 de abril del 2024 estaba estipulado un simulacro para los 3.800 candidatos y todo salió mal. La plataforma se cayó en varias oportunidades y los abogados aspirantes tuvieron que desinstalar su sistema antivirus exponiendo a sus equipos a hackeos.
Se deberían haber tenido 24 evaluaciones en los seis años que lleva el concurso y apenas les hicieron dos. Ante los problemas que se han venido presentando sólo el 49% de los alumnos pasó el exámen. Eso quiere decir que quedaron 1500 aspirantes para 2744 vacantes lo que permitirá que el clientelismo le meta la mano a este concurso y en las altas cortes los jueces terminen nombrando a dedo.
Las quejas en redes sociales sobre este concurso abundan. Se cambió las reglas del juego. Al principio se afirmó que este examen iba a ser presencial y terminó siendo virtual sin un respaldo tecnológico adecuado. Uno de los aspirantes al cargo de magistrado, Deison Javier Santos, interpuso una tutela para frenar esta convocatoria, la número 27, y un juez en Arauca se la aceptó. El súbito cambio de reglas de juego crispó los nervios de los aspirantes de jueces y magistrados quienes terminaron, seis años después de haberse presentado al concurso, en un lodazal. El tema central de la demanda es que no podían ser eliminados, en apenas dos días y en una prueba concentrada -en donde además habían preguntas cuyas respuestas se daban de memoria y no por interpretación- gente que venía de un procesos desde el año 2018.
La Escuela Lara Bonilla es la misma que llevó a cabo el proceso de selección para la elección del registrador nacional y, por ello, recibió fuertes críticas ya que fueron constantes las denuncias sobre fallas técnicas con la plataforma de evaluación llamada Klarway.
César Camargo, quien aspira a ser juez, le contó a Sigue la W los problemas que sigue teniendo la evaluación:
“Hay problemas en el diseño de toda la perspectiva pedagógica. La cantidad de información que nos están haciendo leer, además desarticulada y la evaluación de las mismas. Tenemos una total incertidumbre en este momento en cómo se llevará la fase de evaluación. No sabemos a qué tipo de ítem nos vamos a enfrentar”.
El sentir general de los que presentaron la prueba evaluadora es que, pareciera, que todo estuviera hecho para sabotear un proceso evaluador en donde se elija a los jueces y magistrados del país por sus méritos y no a dedo como se ha venido presentando.
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