Por: Daniela Garzón, Investigadora Nacional
Línea de Democracia y Gobernabilidad
Una de las primeras reformas que ha anunciado que quedará radicada el 20 de julio la coalición del Pacto Histórico es la reforma política anticorrupción. En el programa con el que Gustavo Petro y Francia Márquez se hicieron elegir, “Colombia, potencia mundial de la vida”, hay un acápite que está relacionado con la “democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida”. Allí, se habla sobre la democratización del Estado y erradicación del régimen de corrupción.
Según el programa, dicha democratización de Estado pretende restaurar el equilibrio y la independencia de los poderes públicos “fortaleciendo su autonomía funcional y financiera”. La reforma buscará la depuración y fortalecimiento de los partidos políticos, garantizar “el financiamiento público y racional de las campañas electorales”, nuevos incentivos para la participación política y la eliminación de la Comisión de Acusaciones.
La Comisión Legal de Investigación y Acusaciones tiene dieciséis miembros y pertenece a la Cámara de Representantes. Quienes la conforman son elegidos por el sistema de cuociente electoral y les corresponde conocer e investigar sobre las denuncias penales o quejas disciplinarias de altos dignatarios del Estado, incluyendo al presidente de la República, al fiscal general, a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Como lo recoge Jaime Castro, una de las principales críticas a esta comisión es que no adelanta las investigaciones que debería, deja que estas prescriban o exonera a quienes han sido inculpados, por lo que en la práctica sus actuaciones han pasado sin pena ni gloria y los funcionarios cobijados bajo su fuero son prácticamente intocables.
En el programa de gobierno también se incluye una reforma a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, para garantizar su independencia, diversidad en la representación y la soberanía informática y tecnológica sobre el sistema electoral. Esto, sin embargo, no entraría solo en una reforma política sino en una nueva reforma al Código Electoral, dado que la anterior se cayó en el examen de constitucionalidad por vicios de trámite, lo que implica que el Código vigente es el de 1986. El Pacto Histórico también ha planteado la creación de un Tribunal Electoral que “garantice la total independencia del poder electoral de las demás ramas del poder público”.
Además, el programa también pone sobre la mesa el asunto de ampliar el nivel de participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, a través del impulso de los presupuestos participativos y el acceso a la información pública. Se habla de fortalecer la vigilancia a toda la contratación pública para “garantizar transparencia, economía y eficacia”. Un punto clave, además, es la propuesta de crear una legislación de protección al denunciante de corrupción.
La reforma política se presentará mediante un acto legislativo, que, de acuerdo con el Instituto de Ciencia Política, son iniciativas que tienen por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar la Constitución Política. Los actos legislativos pueden ser presentadas por el Gobierno Nacional, como será este caso, por diez miembros del Congreso, el 5% o más del censo electoral de ciudadanos o un 20% de los concejales o los diputados del país. El trámite debe hacerse en dos periodos ordinarios y consecutivos y debe ser aprobado en ocho debates: cuatro debates en la primera vuelta y cuatro en la segunda. Esto supone que, a pesar del afán, no se tendría una reforma política aprobada este año.
Ahora bien, dentro de los puntos de los que se ha hablado en otras reformas políticas, o en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial, se incluyen pasar de listas abiertas a listas cerradas, evaluar los diseños institucionales y la escogencia del Consejo Nacional Electoral, un avance en la paridad en la conformación de las listas a órganos colegiados, y resolver el problema de la financiación pública de las campañas políticas, porque es por la vía de la financiación por donde más se cuelan los intereses de contratistas, empresarios y en la que menos transparencia hay actualmente.
Asimismo, como recoge Esteban Salazar, es necesario que una reforma política anticorrupción plantee la necesidad de despolitizar la elección del Registrador Nacional, la creación de la carrera administrativa electoral y retomar el debate sobre el Código Electoral, la propiedad y el manejo de los softwares electorales, la inscripción de cédulas, la transmisión y declaración de elecciones, etc. Otros temas que siguen pendientes y que son urgentes son: la reglamentación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) y el carácter de los movimientos que avalaron a los nuevos representantes, si podrán o no conformar una sola bancada y de cuáles comisiones harán parte; la regulación de la curul raizal; la dispersión de personerías jurídicas que se ha dado en parte artificialmente en el último tiempo por la decisión del Consejo de Estado de revivir al Nuevo Liberalismo, a Salvación Nacional y a Verde Oxígeno; y si el papel de los partidos se reduce al de meros firmantes de avales y su responsabilidad cuando sus avalados acaban condenados por delitos contra la administración pública.
En el mismo sentido de la reforma política, aunque diferencialmente, Gustavo Bolívar, Catherine Juvinao e Iván Cepeda presentarán una reforma al Congreso, parte de la cual también estaba contemplada en el programa de gobierno para que los ciudadanos puedan “exigir cuentas a sus representantes”. La reforma que liderarán estos tres senadores pretende entre otras cosas: limitar la reelección indefinida de los congresistas a tres periodos en cada cámara; disminuir el receso legislativo, es decir, que el segundo periodo de la legislatura no arranque en marzo sino en enero; aumentar las causales de pérdida de investidura, como la inasistencia a Comisiones Constitucionales, y promover la creación de una nueva causal para esta pérdida para los congresistas que amarran su voto a la obtención de cuotas o prebendas burocráticas.
Así las cosas, hay que decir que pasar una reforma política por el Congreso no es sencillo, muchas iniciativas presentadas en el pasado, incluidas las que salieron del acuerdo con las FARC, quedaron en veremos o se han reglamentado a medias. Particularmente el acuerdo buscó facilitar la creación de nuevos partidos políticos, desligándola del umbral electoral (que hoy es del 3% en las elecciones legislativas) la creación de las 16 CITREP que se consiguieron después de una ardua pelea jurídica, pero que aún tienen vacíos serios de reglamentación, la revisión del régimen y la organización electoral, y la creación del Estatuto a la Oposición, que quedó en firme en 2018.