Por: Paola Marín Molano
En los territorios históricamente afectados por el conflicto armado en Colombia, la ausencia del Estado ha permitido que grupos armados ilegales asuman roles tradicionalmente asociados a las instituciones gubernamentales. Estas dinámicas no solo han reforzado su presencia en las comunidades, sino que también han influido en las percepciones de legitimidad en dichos contextos. Acciones como la construcción de infraestructura, la provisión de bienes y servicios, y la organización de brigadas de salud evidencian cómo estas estructuras buscan consolidar su control territorial mientras intentan posicionarse como actores políticos en el marco de negociaciones con el Gobierno Nacional.
Este fenómeno, que no es nuevo, cobra relevancia en el contexto actual debido a la reconfiguración de grupos armados como la Segunda Marquetalia, que tras su división interna ha retomado estrategias de intervención territorial.
En octubre de este año, los Comandos de Frontera, publicitaron la entrega de un puente vehicular en Ipiales, Nariño, anunciando además la construcción de otra obra en el río Sapo, en la vereda San José. Estas intervenciones se enmarcan en el impulso a los diálogos y las llamadas transformaciones territoriales. En el anuncio se observaban integrantes de las comunidades locales resaltando la importancia de generar condiciones estructurales y realizar intervenciones concretas en territorios afectados por la ausencia del Estado.
Tras la reciente división interna en la Segunda Marquetalia, esta organización retoma las intervenciones territoriales, ahora a través de una brigada de salud llevada a cabo por la Columna Jesús Santrich. En esta ocasión, se distribuyeron insumos médicos a comunidades y realizaron actividades recreativas con niños, que, según la ubicación de la columna, podrían estar en la Serranía del Perijá, un área fronteriza entre Colombia y Venezuela en el Caribe Colombiano.
Esta región, que abarca municipios como La Paz, San Diego, Manaure y Agustín Codazzi en Colombia, fue ocupada mayoritariamente por el ELN tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Es conocida también por ser el lugar del secuestro del padre del futbolista Luis Díaz, Mane Díaz, y actualmente tiene presencia de disidencias de la Segunda Marquetalia, parte del ala FARC-EP.
Acciones como estas, que incluyen la provisión de bienes y servicios, no son exclusivas de este grupo armado ni representan algo novedoso. De hecho, en departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo, la construcción de carreteras se atribuye en gran parte a las antiguas FARC-EP. En el contexto de la firma del Acuerdo de Paz, este grupo presentó a la ONU un inventario de bienes y activos que incluía inmuebles, equipos, enseres, medios de transporte y la construcción de 3.753 kilómetros de vías, evidenciando su impacto en infraestructura.
Este tipo de acciones reabre el debate sobre las llamadas “gobernanzas armadas” y el poder que los grupos armados ejercen en territorios desatendidos por el Estado colombiano. Además, en el contexto actual de las negociaciones, algunos grupos armados han comenzado a publicitar sus intervenciones en redes sociales y otros medios, buscando posicionarse como actores políticos legítimos. Esto refuerza su imagen no solo como entidades que imponen normas y justicia mediante la violencia, sino también como suplidores de necesidades básicas en comunidades marginadas.
Es claro, que las intervenciones sociales y de infraestructura se han convertido en una herramienta estratégica para los grupos armados, no solo para ganar aceptación en las comunidades, sino también para proyectarse como actores políticos legítimos en el marco de las negociaciones de paz. La visibilización de estas acciones a través de redes sociales y otros canales de difusión demuestra un interés en posicionarse más allá del ámbito militar, buscando legitimidad en escenarios de diálogo con el Gobierno.
Así, las estructuras de la Segunda Marquetalia buscan nuevamente visibilizarse como actores relevantes en los territorios donde tienen influencia, procurando legitimidad en los procesos de negociación. Esto es particularmente importante considerando que el Gobierno Nacional deberá decidir cómo y con quién continuará las conversaciones, especialmente con actores como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.
Finalmente, las Fuerzas Militares han declarado en diversas ocasiones que estas acciones constituyen una usurpación de funciones públicas, responsabilidades que recaen principalmente en las alcaldías y gobernaciones locales. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas administraciones carecen de la capacidad para cumplir con dichas tareas. Ante esta carencia, las comunidades, ya sea por temor o por reconocimiento de los grupos armados como actores legítimos, aceptan estas intervenciones debido a su necesidad en los territorios. Así, la falta de capacidad de las alcaldías y gobernaciones locales para atender las necesidades básicas de sus comunidades ha creado un espacio que los grupos armados han aprovechado para intervenir. Esto genera una dualidad en las respuestas comunitarias, donde algunas personas aceptan estas intervenciones por necesidad, mientras que otras lo hacen por temor o reconocimiento de estos actores como proveedores efectivos de soluciones.
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