Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Este 9 de febrero de 2024 —en un comunicado que tiene como fecha del primero de febrero— el Consejero Comisionado de Paz Otty Patiño informó a la opinión pública que a partir de esta fecha, el Gobierno Nacional retomará los diálogos y la negociación con la organización armada rebelde Segunda Marquetalia; una de las disidencia que quedó en el país luego del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-ep).
Este anuncio es una decisión esperada y coherente del gobierno Petro. Pues en su política pública de seguridad ha quedado claro que este buscará mejorar el orden público recurriendo a los acercamientos y negociaciones con los diversos actores del conflicto interno armado. Siendo la Segunda Marquetalia un grupo independiente que, aunque pequeño, opera en el país y afecta la seguridad en varios territorios, en especial, los de frontera.
La Segunda Marquetalia, como recordarán, tiene su origen en agosto de 2019, cuando el exjefe negociador de la desmovilizada guerrilla de las antiguas Farc-ep, Iván Márquez, tomó la decisión de retomar el uso de las armas junto a otros compañeros de lucha —El Paisa, Romaña y Jesús Santrich, entre otros—. Una decisión que se explica por los problemas que se tenían algunos de estos exjefes con el sistema de justicia transicional y ante el riesgo de ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico.
Dado que la Ley 2272 de 2022 de Paz Total abrió las posibilidades de negociar con todos los actores armados del conflicto interno, en febrero de 2023 el Gobierno colombiano firmó con Dirección Nacional de la Segunda Marquetalia unos acuerdos donde se comprometía a iniciar formalmente un proceso de diálogos sociopolíticos conducentes a la firma de un acuerdo de paz. Proceso en el que se avanzó poco debido a muchas razones, entre ellas el estado de salud de su principal líder alias Iván Márquez.
En la nueva declaración conjunta, compuesta por 11 puntos, las partes reafirman su intención de negociar la paz, como lo hicieron el año pasado, a desescalar el conflicto armado y a buscar los buenos oficios de otros países —como Cuba, Noruega y Venezuela— y otros actores —como la Conferencia Episcopal de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas— para desarrollar apropiada el proceso (punto 3).
La novedad en este nuevo acuerdo está, primero, en los elementos iniciales que presenta para la construcción de una agenda. Allí se ponen varios temas en discusión: como los de dignificar la vida, contribuir a resolver problemas que afectan la existencia, mitigar impactos del cambio climático y la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Lo que significa que se buscará avanzar en otros temas que no se discutieron en La Habana.
Adicionalmente, insisten en “impulsar la conformación de zonas fronterizas de paz” con las que se buscará “garantizar los derechos de la población” que habitan en las fronteras (punto 5). Es decir, se buscará fortalecer el componente étnico de la paz y además atender los problemas de frontera, como las economías ilegales, las migraciones y el abandono estatal de estos territorios.
Segundo, el énfasis que tienen de involucrar a otros actores en el proceso. En el comunicado se habla de “priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y demás gente pudiente del país” (punto 6). Lo que significa que se desea tener una mesa amplia, donde, además de representantes del Gobierno y del grupo rebelde, puedan hacer presencia otros actores, y que como se anota, hacen parte de la sociedad civil y de la comunidad internacional.
Y la tercera novedad, es que se comprometen a construir un proceso de paz “ordenado, ágil, riguroso y respetuoso”. Desean las partes firmantes que el país tenga “la tranquilidad y la seguridad” de que este será un proceso que cuente con un “compromiso genuino de la solución política y la construcción de la paz” (punto 7). Promesa que significa todo un reto para las partes, pues la desconfianza de la ciudadanía frente a esta agrupación es evidente, sobre todo por el escándalo que rodea a su líder Iván Márquez.
A pesar de las dudas que se puedan tener con este componente de la paz total, el proceso con la Segunda Marquetalia podría dar resultados positivos. Pues, por un lado, se cuenta con la experiencia de un proceso de paz exitoso —el que vivimos en el gobierno de Juan Manuel Santos y que tuvo resultado la firma de un acuerdo final en noviembre de 2016—. Sin duda en esta nueva mesa se buscará aprovechar los conocimientos acumulados para no repetir problemas y ser más eficiente.
Por el otro, al ser un grupo rebelde bastante golpeado por la guerra y donde la mayoría de sus líderes han desaparecido. Esta situación hace que se cuente con una madurez del conflicto que permitirá avanzar con rapidez en un acuerdo de paz, tal como lo advierten en el comunicado conjunto —ordenado y ágil—. Además, tienen a favor la disposición de un gobierno que quiere la salida negociada y la premura de negociar y mostrar resultados en menos de dos años, antes de agosto de 2026.
De allí que sea necesario avanzar, con prontitud, en definir una agenda clara, acotada y en la que se logre avanzar y llegar a acuerdos con celeridad. En establecer unos protocolos de negociación que le den seguridad a los negociadores, donde se les respete su integridad. Finalmente, en que se instale una Mesa de Diálogos de Paz en los territorios fronterizos para vincular a países amigos y que también protejan en proceso.
En conclusión, estamos frente a una nueva oportunidad de sacar del conflicto interno a un número importante de actores armados. Una organización rebelde con la que tenemos muchas prevenciones, pero que está dispuesta a negociar la paz y promete ser seria en esta ocasión. Un grupo que es consciente que la guerra ha madurado las condiciones para que se dé un proceso exitoso y que se está comprometiendo con reducir la confrontación armada y discutir unos temas que aportarán al desarrollo del país.
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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