Por: Ghina Castrillón Torres
Politóloga feminista, Investigadora Pares
El relato que se hizo viral en X, el nuevo nombre de lo que fuera la red social Twitter, que hizo María Antonia Sanín, egresada de la Universidad EAFIT, en el que cuenta cómo lleva años siendo acosada por un excompañero de semillero de la universidad, me recordó la experiencia de acoso, negligencia institucional y revictimización que viví en 2016 en la Universidad del Valle. Si bien Sanín cuenta cómo personas de la universidad se han portado “bien”, me surge la duda frente a qué están haciendo las universidades para atender las violencias basadas en género.
Recordé cuando el director de mi programa académico, ante las denuncias por acoso que hicimos contra un compañero, nos dijo: “a veces las chicas muy bonitas le sonríen a uno y uno se puede confundir”, “no puedo hacer nada” y “la chica que va en minifalda por el coliseo sabe a lo que se atiene”; un docente del programa dijo: “ya que están estudiando resolución de conflictos, por qué no se pueden sentar en una mesa con el muchacho y aclarar el malentendido”; el director del instituto del cual hace parte el programa académico y el director de bienestar universitario dijeron que investigarían. Todos ellos hombres. Al poco tiempo descubrimos que la expulsión del acosador se dio por bajo rendimiento académico y que NUNCA tramitaron nuestras denuncias.
En el caso de Univalle específicamente, en ese momento no contaba con una política de género, pero claramente tampoco contaba con una mínima idea de protección y respeto a las víctimas por parte de los docentes directivos, a pesar de que desde 2015 varios centros de investigación venían trabajando en el primer diagnóstico de la problemática de violencias de género en el contexto universitario. Posteriormente, en 2018 empezaron el proceso de formulación de la Política de Género. En el año 2019 se formuló una propuesta de protocolo y ruta de atención a las violencias y discriminaciones basadas en género, y, finalmente, la “Política Institucional de igualdad y equidad de género, identidades y orientaciones sexuales y no discriminación de la Universidad del Valle” fue aprobada en abril de 2022.
No obstante, sabemos que no basta, no es suficiente…
No basta con tener políticas institucionales aprobadas. Frente a esto, Natalia Barberena, psicóloga, máster en salud pública y experta en intervención en violencias basadas en género, plantea que además de la necesaria capacitación a todo el personal para lograr una atención más empática, esto debe ser asumido con gran compromiso por las universidades, dado que “se encuentran con directores de programas que no creen en las víctimas y muchos tienden a lavarse las manos, y se tiran la pelota unos a otros y los programas de violencia de género terminan siendo para responderle al ministerio, y no para intervenir realmente el trasfondo”.
Justamente, en junio de 2023, la Corte Constitucional emitió una serie de recomendaciones destinadas a abordar y prevenir el acoso en las universidades del país. Las cuales surgieron en respuesta a una tutela presentada por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, alegando abuso por parte de un docente. La Corte enfatiza en cuatro pilares principales: fortalecer el enfoque de género, reconocer los factores de riesgo de género, proporcionar información clara y establecer un alcance de sanciones. Además, insta a las instituciones educativas a implementar medidas de reacción inmediata, como suspensión provisional y opciones flexibles para los y las estudiantes afectadas.
Según un informe presentado en marzo de 2022 por Dejusticia sobre acoso sexual en las universidades, se documentaron 413 denuncias de acoso en 20 universidades, de las cuales 83 se refieren a acoso sexual en 12 universidades, y sólo se han impuesto sanciones en 3 de las 12 instituciones que reportan denuncias de acoso sexual. Además, exponen cómo no existe ningún protocolo para abordar el acoso sexual en 28 de las 44 universidades que revisaron.
Uno de los casos más reconocidos en este tema es el de Mónica Godoy, profesora universitaria, que fue despedida en 2017 por respaldar a trabajadoras que sufrían acoso laboral y sexual en la Universidad de Ibagué. Su acción de tutela llevó a una sentencia favorablede la Corte Constitucional (sentencia T-239 de 2018), que ordenó su reintegro y estableció bases para la protección de docentes defensoras de derechos humanos. Este y otros casos influyeron en la emisión de lineamientos por parte del Ministerio de Educación, y a partir de julio de 2022 se estableció de manera obligatoria la implementación de protocolos de atención para la violencia de género y sexual en las Instituciones de Educación Superior.
Por cierto, en medio de esta preocupante realidad, esta semana Volcánicas publicó un relato en el que se conoce una nueva denuncia por violencia sexual contra Fabián Sanabria, exdecano de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, quien ya ha sido denunciado anteriormente también por violencia sexual. Una vez más se evidencia la persistencia de estas violencias en espacios académicos. Lo más grave es que muchas de estas denuncias se enfrentan con una alarmante complacencia por parte de las instituciones hacia los agresores, y la falta de respuestas contundentes casi que se pueden interpretar como encubrimiento, y generan aún más desconfianza en las pocas medidas implementadas hasta ahora por las universidades.
Estas experiencias, cifras y múltiples denuncias públicas en redes sociales sobre el acoso en las universidades, plantean interrogantes sobre la capacidad real de protección a las víctimas. Si bien se han presentado avances, persisten cuestionamientos sobre su efectividad.Aún se revela una brecha significativa entre las denuncias y las acciones concretas tomadas por las instituciones para abordar la violencia de género.
¿Están las universidades dispuestas a asumir seriamente este desafío?