Por:Luis Eduardo Celis
Esta semana volvimos a ver las dolorosas y dramáticas imágenes de las violencias en sus múltiples expresiones, con los hechos protagonizados por indígenas Emberas en el centro de Bogotá. Rabia y dolores profundos llevaron a personas de esta comunidad a irse con furia contra miembros de la Policía Nacional. Ya sabemos el resultado: vidas humanas lesionadas de todos los lados, con sus secuelas para siempre, huellas que van a perdurar en cuerpos, mentes y corazones, solo desolación y tristeza.
¿Como empezó todo este desastre?, no fue en el momento en que la mano se levantó y empujada por furia y sinsentido se fue contra la humanidad de la mujer policía atropellada, ni cuando la policía intento dispersar con sus motocicletas a la multitud, en la que había mujeres con sus hijos a sus espaldas. Todo esto empezó hace muchos años, sin exagerar, siglos de desencuentros entre culturas que nos tienen en esta situación de un pueblo expulsado de su territorio, que huyendo de mil violencias en varias oleadas han llegado no solo a Bogotá, igual se han ido a Medellín, Cali o Montería, buscando vida al ser perseguidos y atropellados en su propio hábitat.
Este conflicto con el pueblo Embera en Bogotá tiene que enseñarnos. Si nos disponemos con atención a aprender de lo vivido, debemos insistir en construir Estado de derecho en todo el territorio nacional, superar todas las violencias organizadas, restituir derechos a quienes han sido vulnerados. Son tareas enormes, pero son las tareas pendientes en una sociedad como la colombiana atravesada por múltiples conflictos no tratados, postergados o abiertamente negados, en la que se instaló una forma de ejercer la política desde la violencia y las exclusiones. Y allí está el pueblo Embera que ha sufrido por décadas de poderosos intereses por apropiarse de sus territorios, como lo han sufrido cientos de comunidades indígenas, afros y campesinas. Es una historia en común, en la que se inscribe este despojo y atropello sistemático.
La furia y el enorme dolor que presenciamos esta semana debe llevar al Gobierno de Bogotá a reconocer que quizás no todo se ha hecho bien, que es un tema que por supuesto no solo está en sus manos resolver y que el anterior Gobierno Nacional igualmente tiene responsabilidades en este desastre. También la comunidad Embera debe revisar sus comportamientos y responsabilidades, en cabeza de líderes que quizás no han actuado con el debido comportamiento propositivo y flexibilidad para encontrar un camino compartido con las instituciones de gobierno a todas las escalas. No se trata de diluir las responsabilidades en todos los involucrados, pero sí de reconocer que en esta situación tan difícil hay que ver el conjunto de las actuaciones y circunstancias.
El presidente Gustavo Petro dio nuevamente un mensaje de apersonamiento y apertura ante la crisis vivida: acompañó a los policías heridos, condenando la violencia ejercida por integrantes de la comunidad Embera, señaló que la violencia no es el camino para resolver ningún conflicto y se sentó con la comunidad afectada a buscar un camino de solución. El mensaje del presidente va en dirección a reconocer el problema y los múltiples afectados y asumir que es dialogando y concertando entre quienes tienen responsabilidades que se puede buscar un camino de soluciones.
La comunidad Embera que ha salido por violencias de su territorio debe volver a él, cuando existan las condiciones para ello. Así como los Emberas en Bogotá, hay cientos de comunidades en toda la geografía de Colombia y fuera de ella que tienen la expectativa de retornar a sus raíces. Existe un universo de deseos y aspiraciones por volver de donde la violencia los sacó y esas aspiraciones y derechos deben ser atendidos por las instituciones responsables.
La situación de la comunidad Embera debe ser resuelta entre un diálogo y concertación con ellos y ellas, y el liderazgo del Gobierno Nacional y el Gobierno de Bogotá. No puede ser un tema que se mantenga en esta condición de indignidad como lo han vivido por años.
Este conflicto, en toda su complejidad, debería ser estudiado por Universidades e instituciones interesadas en aprender y compartir lo que debe ser el tratamiento de conflictos con tantas dimensiones y complejidades. Hay mucho por aprender de esta situación que debe quedar como valiosa experiencia de lo que implica no resolver legítimas demandas y atención de derechos de una comunidad violentada.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
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