La Transición Energética Justa también es un asunto laboral.

Por: Daniela Bernier Pacheco

“Lo que pretendemos es que desde la asociatividad y el poder comunitario se pueda reconvertir la mano de obra en el norte de Colombia.

- Robinson Moreno, miembro de Coomustier.

La Transición Energética en el país no se puede entender como un cambio tecnológico o ambiental: es una transformación con profundas implicaciones laborales; cuando se habla de Transición Energética, debemos hablar de transiciones, porque migrar hacia otras fuentes requiere cambios y cambios estructurales que garanticen los derechos de las comunidades. Los cierres progresivos de minas en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena han generado afectaciones directas a miles de trabajadores y trabajadoras que han sostenido durante décadas la economía extractiva del país.

Por esta razón, las organizaciones sindicales que conforman el Colectivo de Trabajadores por la Transición Energética Justa se preparan para radicar el día 01 de mayo de 2025, Día Internacional de los Trabajadores, un pliego de peticiones sectorial dirigido a las empresas del sector y al Gobierno Nacional que plantea un modelo de Transición Energética Justa, en la que nadie se quede atrás.

El pliego tiene un enfoque tripartito y busca generar un diálogo entre empresas, Gobierno y trabajadores, de manera conjunta, horizontal y transparente. Si bien esta negociación sectorial que se busca no se encuentra reglamentada en el país, la misma sí se encuentra en el Convenio 98, Convenio 154 y en la recomendación 163 de la OIT[1].

propone una hoja de ruta clara basada en los siguientes ejes:

La reconversión laboral con enfoque de derechos: se proponen programas de formación, desarrollo de habilidad y reinserción laboral, construidos en diálogo con los trabajadores. Además, se contempla la creación de un Fondo de Diversificación Económica que impulse proyectos productivos para extrabajadores y comunidades, favoreciendo actividades sostenibles.
Protección social y equidad de género: con este eje se proponen indemnizaciones proporcionales por despido, continuidad en el sistema de seguridad social, apoyo educativo para los hijos de los trabajadores y medidas diferenciadas para mujeres y personas LGBTIQ+.
Justicia ambiental y territorial: Se plantea la restauración de ecosistemas, la recuperación de cuencas hidrográficas y la asignación de tierras mineras a comunidades y a asociaciones de extrabajadores para usos agrícolas, turísticos o culturales.
Responsabilidad estatal y articulación institucional: Se propone la creación de observatorios laborales y comités tripartitos para el seguimiento de los acuerdos, así como funciones claras para el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la ANM. También se sugieren incentivos fiscales para las empresas que implementen planes de reconversión y proyectos comunitarios, promoviendo la participación empresarial activa en la Transición.

El trabajo digno debe estar en el centro.

Igor Díaz, Fiscal de Sintracarbón Nacional y miembro de la Comisión redactora del pliego de peticiones, expresó: “la industria minera extractivista, por lo menos en regiones como La Guajira, Cesar y Magdalena, no tiene sectores productivos que puedan aceptar la migración de todos los trabajadores de la industria del carbón”. Por ello, la Transición Energética también debe ser una transición laboral que garantice un trabajo decente y digno y oportunidades reales de reconversión.

Además, añadió: “(...) necesariamente los territorios deben comenzar a diversificar productivamente y a reconvertir productivamente a los trabajadores para poder que las otras industrias acepten a los trabajadores que la industria minera va a dejar cesantes (…)”es decir, que debe darse una reconversión real de los trabajadores. Este tema es coyuntural en tanto que muchas familias directa o indirectamente tenían su sustento económico en la actividad extractiva y no garantizar un cierre equitativo e inclusivo podría generar una problemática en la región Caribe sin precedentes.

Por su parte, Robinson Moreno, miembro de Coomustier, una cooperativa multiactiva que promueve la Transición Energética y promueve la reconversión laboral sostenible en el Caribe colombiano, expresó que el pliego “consigna muchas de las necesidades y peticiones de los trabajadores del sector minero energético". Están priorizando temas sobre la estabilidad de los trabajadores, la salud en el trabajo de los trabajadores minero-energéticos. Estamos priorizando la Transición Energética Justa, estamos priorizando la reconversión laboral, estamos solicitando que haya una reparación integral que se tenga en cuenta a los trabajadores, a las comunidades y al medio ambiente en los cierres minero-energéticos; esto va alineado a la consulta popular por la reforma laboral y también va alineado con la reforma pensional del Gobierno Nacional, es nuestro apoyo a las reformas”.

Es claro entonces que con el pliego de peticiones que se va a presentar, las organizaciones sindicales buscan que existan garantías laborales en los procesos de cierres mineros. En palabras de Robinson, lo que se pretende es que “(..) desde la asociatividad y el poder comunitario se pueda reconvertir la mano de obra en el norte de Colombia, pero también que existan políticas públicas que apoyen este proceso de reconversión laboral, de recualificación y de educación y formación técnica profesional para el trabajo”.

La apuesta de estas organizaciones sindicales es clara, va mucho más allá de una asistencia económica; están buscando condiciones estructurales que permitan la reconversión laboral, la asociatividad comunitaria y la diversificación productiva territorial. Para ello, se requiere que se reconozcan las trayectorias laborales de las y de los trabajadores.

Una oportunidad para redefinir el futuro del trabajo en Colombia.

El pliego es un precedente clave en el país y en América Latina, pues es un intento que busca democratizar la Transición Energética y hacer de ella un proceso participativo, justo y con sentido territorial. Esta iniciativa se alinea con las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional y reafirma que la justicia climática no será posible sin justicia social y laboral.

La Transición Energética es más que una meta ambiental: es una lucha por el trabajo digno, la equidad territorial y el respeto por todos aquellos que con su fuerza laboral han sostenido el desarrollo económico del país. Es hora de que reconozcamos que no habrá transiciones para la vida sin los trabajadores.

[1] Comunicado de Prensa Pliego del Sector Carbón CNV Internacional